A falta de una semana para que la Audiencia Nacional acoja declaraciones clave en la investigación al BBVA-Villarejo, dos protagonistas de esta causa mueven ficha para adherir material determinante. El que fuera jefe de seguridad Julio Corrochano y el exdirectivo de Riesgos Antonio Béjar han reclamado al magistrado Manuel García Castellón que pida al banco facturas y den acceso de los correos electrónicos para tratar de desmontar la acusación que ejerce sobre ellos la entidad, la cual les responsabilizó de haber contratado con las empresas del comisario jubilado.
En dos escritos remitidos al Juzgado Central de Instrucción número 6 y a los que ha tenido acceso Vozpópuli reclaman diferentes diligencias para que se practiquen en la recta final de esta investigación que se sigue en la pieza novena del caso Tándem. En lo que respecta a Corrochano -que declarará a petición propia el próximo 21 de diciembre- quiere que se informe del número total de facturas que se emitieron los años que se contrató a Villarejo (de 2004 a 2017) y que se indique el porcentaje concreto que de las mismas corresponde al departamento que dirigió hasta su jubilación en 2018.
Además, solicita que se aporte el listado de cuentas contables con su denominación y los epígrafes relacionados con el mismo. Corrochano trata de contrarrestar la versión defendida por la entidad -imputada como persona jurídica- acerca de que él fue el nexo de unión con el entramado empresarial de Villarejo y de que su departamento firmó el grueso de facturas por los encargos de espionaje que costaron un total de 10,23 millones de euros.
Además, también propone que declaren como testigos al bufete Simmons&Simmons para que corroboren su versión acerca de que uno de los contratos firmados a principios de 2010 se encargó a través de este despacho. Según explicó en un reciente escrito remitido a la causa que ha dado pie a su declaración, Béjar le dijo que este trabajo lo tenía que realizar Simmons&Simmons si bien, como estaban tardando mucho en el encargo, el entonces presidente Francisco González ordenó que hicieran ellos mismos el contrato con el proveedor.
Movimiento de cuentas
Corrochano dijo también que desde el departamento de Riesgos se le pidió que firmara el contrato de este trabajo (relativo al espionaje a Luis Portillo y Fernando Martín) porque Cenyt ya había sido proveedor de su departamento y eso agilizaría el trámite. Además, explicó que antes de recurrir al policía se propuso contactar con In Situ Grupo Consultor, aunque la empresa declinó el pedido por falta de medios. Por eso, entre la batería de pruebas que pide incluye también la declaración como testigo de esta firma y de otros cargos del banco como Clara Codesa (Contabilidad), Beatriz Aguiriano (Financiero), Itziar Ibáñez, José Maria Lazarrabal e Isabel López.
Se trata de pruebas que ya propuso hace meses y que ahora de nuevo vuelve a solicitar tras entregar documental al procedimiento. El policía ha aportado un informe pericial contable que justifica los movimientos de entrada y salida de dinero de sus cuentas entre septiembre de 2002 y febrero de 2019. Según explica, el análisis de estos fondos determinan que "tienen un origen lícito y están debidamente justificados". Pese a ello, Anticorrupción le acusa de haber recibido dádivas y regalos a título personal a cambio de este trabajo.
Los correos de Béjar
Por su parte, Béjar -otro de los señalados por el banco en esta causa de corrupción- reclama al juzgado que le dé traslado de los correos corporativos a los que se le autorizó su acceso debido a que en la actualidad solo puede cotejarlos yendo en persona a la Audiencia Nacional. "Examinar más de 110.00 archivos en sede judicial es prácticamente imposible", explica su abogado Javier Gómez Bermúdez. El que fuera presidente de Distrito Castellana Norte ganó la batalla a la entidad que preside Carlos Torres por acceder a sus comunicaciones.
Béjar, que fue despedido del banco tras saltar el escándalo de las contrataciones con Villarejo, también ha apuntado, como Corrochano, que la responsable de los encargos a Villarejo es la antigua cúpula. Además, arremetió duramente contra el forensic encargado por BBVA para depurar responsabilidades al considerar que incluía datos erróneos de pagos e información incorrecta de las comunicaciones internas. Ahora, tras haber obtenido luz verde para estudiar estos mensajes, denuncia que se vulneran sus derechos si para acceder a ellos tiene que acudir a la sede del órgano judicial.
Mientras tanto, la causa se prepara para las declaraciones la próxima semana de Corrochano y del exCEO Ángel Cano. Sus testimonios cobran especial importancia porque ambos se acogieron a su derecho a no declarar cuando fueron imputados en 2019. El instructor también tendrá que poner fecha a otras dos declaraciones más solicitadas en los últimos días: la del exjefe jurídico de BBVA Eduardo Arbizu y la del exresponsable del departamento de riesgos del banco Manuel Castro.
