Las asociaciones judiciales Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, junto con la organización defensora de los derechos y libertades civiles Rights International Spain se han dirigido, por segunda vez en lo que va de legislatura, a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, denunciando que "diversas iniciativas del Gobierno están erosionando el principio de separación de poderes", lo que "tiene como consecuencia un debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho".
En esta ocasión, el escrito enviado a Naciones Unidas hace referencia al "controvertido" nombramiento del nuevo Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Tal y como adelantó Vózpopuli, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, presionó a vocales del órgano para que eligieran a su candidato- el magistrado Luis María Díez-Picazo- en vez de renovarse en el cargo al magistrado José Manuel Sieira, al que le guardaba rencor personal por haber avocado a Pleno el asunto del indulto al kamikaze que en 2003 provocó la muerte del joven José Alfredo Dolzh en la autopista AP-7. Lesmes era entonces el ponente de la sentencia que debía confirmar o revocar la medida de gracia en un contexto en el que su nombre sonaba con fuerza para presidir el Supremo y el CGPJ.
Sobre este asunto, los colectivos anteriormente citados sostienen que "para salvaguardar la imparcialidad e independencia judicial es necesario, por un lado, que el procedimiento de nombramiento sea claro, transparente y libre de presiones e influencias; y, por otro, que los criterios de nombramiento sean objetivos y basados en la integridad y capacidad profesional".
"Un hito" en el Supremo
Las organizaciones explican que la no renovación de José Manuel Sieira "marca un hito", al tratarse de la primera vez en la historia del Alto Tribunal que un presidente de Sala no es renovado para un segundo mandato, y todo ello, pese a llevar 22 años siendo magistrado del Supremo, de los cuales los últimos cinco ejerciendo como presidente de esta Sala.
"Y todo ello, sin que desde el propio Consejo General del Poder Judicial se haya justificado esta decisión, y en un contexto de indicios de injerencias del Gobierno con el fin de evitar decisiones judiciales como la anulación del indulto concedido al conductor kamikaze", recoge el escrito enviado a la Relatoría Especial de Naciones Unidas.
Este nombramiento constituye, en palabras de las entidades que suscriben este escrito, "una manifestación más de la situación difícil que atraviesa la independencia judicial en España y, en concreto, de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, cuya consecuencia está siendo una merma en la independencia judicial".
El pasado día 22 el Pleno del órgano de gobierno de los jueces eligió, entre fuertes críticas de varios vocales y de la Carrera Judicial, al magistrado Luis María Díez-Picazo nuevo presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
La decisión era muy importante ya que la presidencia de la Sala de lo Contencioso es un cargo de gran relevancia en la Carrera Judicial. El presidente es el encargado de dirigir y coordinar la Sala que deberá revisar los decretos-ley aprobados por el Ejecutivo y también los acuerdos y nombramientos aprobados por el órgano de gobierno de los jueces.
