El Partido Popular no tira la toalla con su propuesta de crear una Agencia Nacional de Recuperación que gestione los fondos europeos para salir de la crisis económica provocada por el coronavirus y que esté dirigida por alguien "sin adscripción política". Todo ello, pese a la frialdad con la que fue acogida la iniciativa por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Vozpópuli ha tenido acceso al documento de base elaborado por Génova sobre esta iniciativa, en el que se reclama que esta entidad independiente controle todas las fases en el reparto de proyectos entre las diferentes administraciones. Además, se pide a Sánchez que la negociación para crear esta nueva agencia sea "por completo independiente" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
"El Partido Popular se ofrece a negociar los términos de la Ley de creación, junto con el resto de instrumentos normativos, de tal forma que los mismos estén plenamente operativos y funcionales en los plazos requeridos", se subraya al final del documento de tres páginas que, en opinión de Génova, sirve como punto de partida para eventuales discusiones con La Moncloa. Por el momento, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, tildó la propuesta de "instrumental y absolutamente accesoria y anecdótica".
Desde el equipo de Pablo Casado se considera que los fondos europeos para la recuperación -en la terminología europea se llaman NGEU, por Next Generation European Union- tienen una "finalidad concreta y determinada", por la que deben destinarse "fundamentalmente a gastos de inversión".
Por ello, el PP esgrime que deben ser objeto "de una administración y rendición de cuentas separadas" que sería "sin duda bien considerado" por las instituciones de la UE. Además, estima que la creación de esta agencia estatal permitiría a España recibir y gestionar los fondos "con independencia de los avatares presupuestarios e incluso del calendario político y electoral".
Caruana, primera opción
En este sentido, el PP propone (leer abajo) que la agencia la presida "un profesional independiente sin adscripción partidista y de reconocido prestigio nacional e internacional". Cita, en primer lugar, a "un ex Gobernador del Banco de España y del Banco Internacional de Pagos de Basilea". Sólo puede ser Jaime Caruana pues no hay otro exgobernador español que haya tenido ambos cargos.
En segundo lugar, se habla de un "ex Comisario de la Unión Europea" que El Mundo indicó este viernes que se refería a Pedro Solbes, si bien fuentes populares indicaron a Vozpópuli que ese nombre no salió en la reunión de Sánchez y Casado en la Moncloa. La gestión del NGEU se encomienda a la Comisión Europea, bajo la supervisión del Consejo Europeo.
Propuesta del PP para la Ag... by Vozpopuli
Las ventajas de una agencia estatal son "múltiples", a juicio del PP, ya que están "generalmente ligadas a su peculiar régimen jurídico" por la ley de agencias estatales de 2006. Así, constaría de un Consejo Rector como máximo órgano de la agencia junto con el presidente y podrían participar otras administraciones públicas como las CCAA y las corporaciones locales.
Además, permitiría igualmente la incorporación de representantes de la Comisión Europea "en la forma que estos prefiriesen, que sería probablemente la figura de observador". En cuanto al personal directivo de esta agencia, "debe ser preferentemente funcionario", pero también se permitiría la contratación de otro tipo de personal, lo cual "puede ser útil" para atraer "gestores competentes" del sector privado. "No se establece limitación alguna respecto al Presidente", deja claro el PP.
En manos de Calviño
En lo referente a la adscripción de esta agencia, los populares consideran que "lo más adecuado" es que quede dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige Nadia Calviño, puesto que este es el departamento "que tendrá que dar cuenta ante las instituciones de la UE" tanto de los planes asumidos como de los "destinos finales" de los fondos.
En materia presupuestaria, Casado ya avisó en rueda de prensa que las agencias estatales tienen mecanismos que favorecen una mejor gestión de los fondos europeos ya que, "en el momento presente", no se sabe con exactitud "en qué momento de cada uno de los ejercicios presupuestarios estarán disponibles dichos fondos".
Como no se sabe cuándo se producirán los procedimientos internos de evaluación de la UE, el PP ve "difícil" coordinar la anualidad de los PGE con la "efectiva disposición" de los fondos, de ahí que defienda la utilidad de una agencia estatal para este caso en vez de crear una oficina adscrita a Presidencia del Gobierno.
En materia de control, el PP hace hincapié en que dicha agencia estaría sujeta a "control externo" por parte del Tribunal de Cuentas, así como a un "control interno" por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Además, introduce la modalidad de un "control financiero permanente y auditoría pública" en vez del régimen de fiscalización previa. "Eso permite una mayor agilidad en la gestión de los fondos públicos, sin merma de su necesaria fiscalización", se indica en el documento.
Casado ofrece al final siete posibles tareas para que esta Agencia Nacional para la Recuperación eche a andar. En primer lugar, que pueda proponer o determinar tanto las prioridades de inversión como los criterios de reparto entre las diferentes administraciones.
También reclama que pueda dirigir la "convocatoria, gestión y resolución" de aquellos proyectos que sean competencia del Estado. De esta forma, este ente independiente controlaría las licitaciones de principio a fin. Asimismo, se le otorgaría la "adecuada documentación de todos los programas de gasto" y el control de los proyectos ejecutados por otras administraciones.
Por último, dicha agencia se encargaría de crear los "vehículos societarios necesarios" para mejorar la gestión de los proyectos. El PP estima, por el contrario, que no se debería encomendar a esta agencia la tarea de decidir de dónde salen las contribuciones de España al propio mecanismo NGEU.
Antes del 1 de enero
En cuanto al calendario para la implantación de dicha agencia, desde Génova se subraya la necesidad de aprobar un proyecto de ley, en el que se incorporaría la memoria y proyecto de estatuto. Esto último requeriría de un real decreto. Además, habría que aprobar un preceptivo contrato de gestión.
"Todos estos instrumentos deberían estar aprobados y operativos a la mayor brevedad posible, y deseablemente antes de la entrada en vigor del nuevo marco financiero plurianual" de la UE para el período 2021-2027. Es decir, antes del 1 de enero.
