La decisión de la Fiscalía de Madrid de no dar su opinión sobre la imputación del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, hasta después de que se reactiven los plazos procesales el 4 de junio, hará más difícil que la Audiencia Provincial de Madrid pueda tomar una decisión antes del 10 de junio, fecha en la que está fijada la comparecencia, según relatan fuentes jurídicas a Vozpópuli.
Fuentes del ministerio público han confirmado a este diario su determinación de mantener paralizada su actividad en el caso del 8-M hasta que el 4 de junio se reactive la actividad judicial. Y esta decisión hará que la fecha límite para que la Fiscalía presente su informe sobre la apertura de la causa contra José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa, sea el 14 de junio, cuatro días después de que esté señalada la declaración del delegado del Gobierno.
Pero, aunque el ministerio público no apure el plazo máximo y entregue a la juez el escrito el mismo 4 de junio, para que esta lo eleve un día después a la Audiencia Provincial de Madrid, los magistrados solo tendrían un máximo de cinco días para tomar una decisión antes de la declaración del imputado del 10 de junio, siendo dos de ellos en fin de semana.
Este lapsus de tiempo se amplió después de que la juez Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la celebración del Día de la Mujer el 8 de marzo días antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara la existencia de la pandemia en todo el mundo por la extensión del coronavirus, acordara aplazar cinco días la comparecencia de Franco prevista a petición de la Abogacía del Estado.
Petición "sorprendente"
Y la instructora tomó esta decisión no sin antes criticar en una providencia a la Abogacía del Estado, al considerar "sorprendente" que necesite más tiempo para organizar la defensa de José Manuel Franco, ya que la representante jurídico del Gobierno Rosa María Seoane fue informada el 21 de abril de que podía realizar una copia de la documentación aportada.
La representación de José Manuel Franco también reclamó en otro escrito que su declaración no tuviera lugar porque los plazos procesales, que fueron suspendidos por la declaración del estado de alarma, seguirán paralizados hasta el 4 de junio. Así, al igual que hizo en el recurso contra el auto por el que la juez acordó investigar al delegado del Gobierno, alega la "indefensión" ocasionada.
La queja de la magistrada no es más que un nuevo episodio del intercambio de reproches entre las partes, que tienen como principal protagonista a la Abogacía del Estado, que ejerce la representación y defensa de José Manuel Franco.
La abogada del Estado Rosa María Seone cree que la juez, ante la falta de indicios delictivos, vulneró la presunción de inocencia al iniciar "el proceso penal sin que existan indicios de la tipicidad penal de los hechos denunciados, sino meras sospechas e hipótesis, deficiencia que se trata de suplir con las diligencias acordadas, que no buscan el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos".
Delito de lesiones
Seoane también reprochó a la juez que pidiera una ampliación del informe al médico forense con el "afán" de volver a imputar a Franco el delito de lesiones imprudentes, que la instructora rechazó al rechazar el perito la "relación de causalidad" entre acudir a una concentración multitudinaria como la del 8-M y los contagios por coronavirus, "porque los asistentes podrían haberse contagiado en otro lugar, transporte público, establecimiento público, etc", especifica el informe.
No obstante, según informa Europa Press, el perito añadió un último párrafo en su informe que decía que era "cierto y seguro es que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad".
Ante esto último, la juez de Madrid acordó en una providencia de 25 de mayo remitir de nuevo la causa al médico forense adscrito al juzgado por si considerara preciso "ampliar" su informe, una vez recibido el encargado a la Guardia Civil como policía judicial, en el que se apuntaban presuntas actuaciones irregulares.
"Ningún sustento científico"
Sin embargo, Seoane señaló que la afirmación que hace el forense sobre que las manifestaciones pudieron causar "una amplia difusión de la enfermedad" no tiene "ningún sustento científico ni técnico", ni tampoco es razonado ni se apoya en algún "dato objetivo".
La Abogacía del Estado también criticó el informe elaborado por la Guardia Civil y lo rechazó por tener un "claro sesgo acusatorio". Para los servicios jurídicos del Estado, en este documento no hay "ningún análisis de evidencias científicas, sólo referencias mutiladas y parciales a documentos técnicos o noticias de prensa, que en modo alguno pueden caracterizarse como una base científica para revisar el informe del forense".
