A la cuarta fue la vencida. La Operación Emperador-Cheqian que ha permitido a la Policía desmantelar en los últimos días la mayor trama china de blanqueo de dinero que operaba desde España vivió durante meses un auténtico viacrucis judicial que le hizo saltar de tribunal en tribunal en busca de alguien que quisiera dirigir la compleja investigación. Tres jueces tuvieron sobre sus mesas las pesquisas pero ninguno, por diferentes motivos, se hizo cargo de la causa. Finalmente, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, asumió las diligencias. Así lo han confirmado Vozpópuli varias fuentes policiales y jurídicas que detallan que la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado comenzó su andadura en 2010 en la propia Audiencia Nacional, para saltar después a un juzgado de Plaza de Castilla y, finalmente, a otro de la localidad madrileña de Fuenlabrada, epicentro de la red desarticulada ahora. Al final, el caso volvió a la Audiencia Nacional, que finalmente la ha culminado y donde ayer comenzaron a prestar declaración las 83 personas detenidas hasta ahora.
La decisión del juez Moreno de no instruir la causa fue respaldada en junio de 2010 por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
El primer alto de este peregrinar judicial comenzó en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Ismael Moreno. Hasta allí acudió la Fiscalía Anticorrupción a comienzos de 2010 con una querella en la que denunciaba la supuesta existencia de una trama de blanqueo de dinero integrada por al menos 40 personas, en su mayoría ciudadanos de origen chino. Según detallaba el Ministerio Público en el escrito, el dinero que los sospechosos obtenían de “las actividades delictivas ejecutadas en España” era posteriormente llevado físicamente o transferido por diversos canales financieros a China, “donde se invierte en fábricas e inmuebles”. La Fiscalía consideraba, por tanto, que el delito de blanqueo se iniciaba en nuestro país “con el ingreso en entidades bancarias” de los beneficios fraudulentos y se culminaba en el gigante asiático, por lo que era cometido en dos países distintos y, por tanto, competencia de la Audiencia Nacional.
Sin embargo, el juez Moreno dictó un auto el 11 de marzo de 2010 en el que rechazaba admitir a trámite la querella “por falta de competencia” de ese órgano judicial. El magistrado alegaba que el delito de blanqueo se producía prácticamente en su totalidad en España, donde la Fiscalía reconocía que la trama también compraba inmuebles y obras de arte para lavar el dinero negro, y que las inversiones en China no eran más que la “fase de agotamiento del delito”. Por tanto, consideraba que la competencia era de un juzgado de instrucción ordinario. La decisión del Ministerio Público de recurrir esta decisión no varió la situación. El 8 de junio, los diecisiete magistrados del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictaron un auto en el que daban la razón a su compañero Ismael Moreno: “Las operaciones de salida de capitales desde España con destino al extranjero no son competencia de la Audiencia Nacional”.
De Plaza Castilla a Fuenlabrada
Las diligencias iniciadas contra los primeros 40 sospechosos de integrar la trama de blanqueo saltaron entonces a los juzgados de Plaza de Castilla. Allí, el caso recayó por reparto en el Juzgado de Instrucción número 16, al frente del cual se encontraba el magistrado José Emilio Coronado, donde la querella de la Fiscalía tampoco tuvo demasiado éxito. El juez terminó archivando el caso. Policía y Ministerio Público decidieron entonces trasladar una parte de los indicios recogidos sobre la trama, los referidos a las actividades de la red en Fuenlabrada, a un juzgado de esta localidad del sur de Madrid donde se localizaba el epicentro de la supuesta red dirigida por clanes familiares chinos. En este caso, el juez sí comenzó a instruir la causa, pero poco después tuvo que inhibirse. El juez Fernando Andreu reclamó a su compañero de la localidad madrileña que le transfiriese el caso ya que por la información que obraba en su poder los hechos que se investigaban desbordaban, en su opinión, el ámbito de competencia de este juzgado y, por lo tanto, correspondían a la Audiencia Nacional.
Desde ese momento, este tribunal ha dirigido las pesquisas que finalmente han desembocado en la macrorredada iniciada el pasado martes en la que, además de cerca de un centenar de detenidos en España y otros países, se han intervenido 10,6 millones de euros en efectivo, así como 202 vehículos, centenares de cuentas bancarias de empresas y particulares, armas y joyas. Ayer, precisamente, se localizaron diamantes valorados en 600.000 euros en una de las viviendas que se seguían registrando. Desde que comenzó a ser investigada, en 2009, los investigadores estiman que la trama ha blanqueado entre 200 y 300 millones de euros al año, es decir, más de 1.000 millones en todo este tiempo. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, llegó a afirmar ayer que por el volumen de dinero que movía la trama desmantelada, ésta distorsionaba "el funcionamiento de nuestra economía".
Un robo en el inicio de la investigación
Fuentes de la investigación revelaron ayer a este diario que las pesquisas se iniciaron hace tres años y medio por un suceso en aparencia menor. Un ciudadano chino denunció entonces que un camión en el que transportaba dinero en metálico hacia Barcelona había sido robado y que sospechaba que un grupo integrado por compatriotas suyos habían sido los autores. Aunque la víctima declaró en un primer momento que la cantidad sustraída era pequeña, finalmente reconoció que se trataba de cinco millones de euros. El hecho de que se estuvieran desplazando por carretera tal cantidad de dinero sin utilizar los servicios de empresas de seguridad despertó las sospechas de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que comenzaron a investigar el verdadero trasfondo de este sorprendente transporte de billetes.
De aquel hilo surgieron varias líneas de investigación. Una, seguida por la Guardia Civil, desembocó en una serie de detenciones en el puerto de Valencia meses después. Sin embargo, el otro cabo de la madeja, el que llevaba hasta el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, fue seguido por agentes de la UDEF, que abrieron la Operación Cheqian (camión de dinero, en chino). Es esta pieza la que finalmente ha desembocado en la macrorredada de los últimos días después de años de pesquisas en los que se fueron sumando otras investigaciones policiales que confluían en los mismos sospechosos, entre ellas la Operación Emperador que había iniciado otro grupo policial, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO). Ambas acabaron confluyendo en la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, que es la que desde el inicio ha coordinado los esfuerzos policiales y la que fue de juzgado en juzgado hasta conseguir que un magistrado se hiciera cargo de la instrucción de la causa.
