El gobierno de Cristina Cifuentes ya está personado en el 'caso Púnica'... pero no en las condiciones que esperaba. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha dictado recientemente un auto en el que acepta la pretensión del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid de ejercer la acusación en la causa contra la trama de corrupción en la que están imputados tres de sus exconsejeros, pero le obliga a hacerlo bajo la dirección letrada de una asociación que fue admitida antes. Se trata, en concreto, de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), célebre por haber sido el azote del PP en los dos grandes sumarios instruidos en la Audiencia Nacional que salpican el partido: Gürtel y los 'papeles de Bárcenas'. El equipo jurídico de Cifuentes ya ha presentado un recurso de reforma en el que se opone a esta decisión ya que, como han confirmado a Vozpópuli fuentes del gobierno madrileño, su aspiración sigue siendo actuar de modo independiente.
El Gobierno madrileño ha recurrido la decisión del magistrado al considerar que los intereses de ADADE en la causa "no son convergentes" con los suyos
La pretensión de personarse en la causa fue anunciada por la propia Cifuentes el pasado 28 de julio. Entonces, la presidenta regional aprovechó su comparecencia en un foro organizado por el diario ABC para anunciar su decisión y justificarla "por razones de transparencia y para defender los intereses de los propios madrileños y de la Administración regional". La dirigente 'popular' recalcó entonces que el Ejecutivo había adoptado esta medida a la vista de los datos que se iban conociendo tras haberse levantado el secreto del sumario y considerar que "de los presuntos delitos que se han cometido podría derivarse un perjuicio patrimonial para la Comunidad de Madrid". En aquel acto público Cifuentes acudió acompañada de su consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, implicado por David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama, en las actividades de la red.
Dos días después de aquel anuncio, los equipos jurídicos presentaban en la Audiencia Nacional el escrito para ejercer la acusación particular. El juez dio traslado del mismo a la Fiscalía Anticorrupción, que no se opuso a la presencia del Ejecutivo autónomo en el sumario, por lo que el magistrado dictó el pasado 20 de octubre el auto con el que la admitía como parte en el procedimiento. Eso sí, con la condición de que actuara bajo "la dirección letrada del actor que lidera la participación de las acusaciones particulares", ADADE. En opinión del magistrado, en el escrito que presentó la Comunidad de Madrid no se advertía "que los argumentos y peticiones sean divergentes a los ya representados por otras acusaciones y acciones populares" ya admitidas en la causa por lo que no estaba justificada que pudiera actuar "bajo su personal y particular representación". No era la primera vez que Eloy Velasco lo hacía. El 19 de junio había tomado una decisión idéntica con el sindicato Manos Limpias, al que también ha puesto bajo la dirección letrada de la asociación de abogados. Tanto el PP como el colectivo de funcionarios públicos han presentado sendos recursos.
"No coincidencia de intereses"
La respuesta de la Comunidad de Madrid no se hizo esperar y tres días después presentó en la Audiencia Nacional un recurso contra esta decisión. En dicho escrito, de ocho folios de extensión, el equipo de Cifuentes alegaba que la administración autonómica necesariamente debe estar representada y defendida antes los tribunales "única y exclusivamente" por letrados de la propia Comunidad. Por ello, consideraba que obligarle a actuar "bajo una única dirección letrada, desempeñada por un abogado y un procurador distinto" era "un quebranto directo y manifiesto del ordenamiento jurídico". Además, recalcaba que, en contra de lo que aseguraba el magistrado en su auto, no era cierto que "existen intereses convergentes" ni con ADADE "ni con otras posibles acusaciones". En este sentido destacaba que la motivación de su personación estaba en que "las actuaciones objeto de investigación afectan a sus bienes jurídicos protegidos, esencialmente a su patrimonio".
En junio, el juez Velasco ya obligó a otra acusación, la de Manos Limpias, a actuar en la causa bajo el "liderazgo" de la asociación de abogados
El juez Velasco ya ha dado traslado de este escrito a Anticorrupción para que se pronuncie y ha puesto a disposición de las partes que lo deseen una copia del mismo en la secretaría del Juzgado hasta el próximo 5 de noviembre para que puedan alegar a favor o en contra de lo planteado por el equipo de Cifuentes, según una providencia del pasado 27 de octubre a la que ha tenido acceso este diario. Tras ello, el magistrado tomará una decisión que aún podrá ser recurrida ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Un recorrido jurídico que según los portavoces oficiales del Gobierno regional, éste está dispuesto a recorrer para intentar ejercer la acusación sin depender de ADADE.
Exconsejeros, altos cargos, alcaldes...
En el sumario del 'caso Púnica' están imputados hasta el momento tres antiguos consejeros de los gobiernos 'populares' de la Comunidad de Madrid. Uno de ellos es Francisco Granados, antiguo responsable de Presidencia y Justicia, además de antiguo secretario general del PP regional y exsenador, quien lleva más de un año encarcelado acusado de ser uno de los presuntos cabecillas de la trama junto a su amigo, el constructor David Marjaliza. Los otros dos son Salvador Victoria, número 2 del Ejecutivo que encabezó Ignacio González hasta las elecciones del pasado mes de mayo, y la responsable de Educación, Lucía Figar. Ambos están acusados de supuestas irregularidades en la contratación de trabajos de reputación 'online' que supuestamente pagaban empresas privadas a los que luego adjudicaba contratos públicos.
En el 'caso Púnica' están imputados tres exconsejeros madrileños, además de dos altos cargos regionales y varios concejales y alcaldes 'del PP'
También hay altos cargos regionales encausados. Son Isabel Gallego, quien fuera directora general de Medios de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre, y José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones, desde la que se controla el sistema informático del Gobierno regional. Fue precisamente la declaración de este último la que ha puesto contras las cuerdas a Salvador Victoria. A todos ellos se suman en la relación de imputados varios concejales y alcaldes 'populares' en la región y en otras tres comunidades autónomas.
EL ANTECEDENTE DE 'GÜRTEL' Y 'bÁRCENAS'
El sumario del 'caso Púnica' no es el primero en el que se investigan delitos de corrupción que salpican al PP en el que los 'populares' o una administración gobernada por ellos se personan como acusación. De hecho, Génova 13 lo hizo en las dos causas en las que la asociación con la que ahora debe ir de la mano, ADADE, ha tenido un papel muy activo en contra de sus intereses: 'Gürtel' y los 'Papeles de Bárcenas'. En aquellos casos, el PP esgrimió que su única intención era "colaborar activamente" en ambas investigaciones judiciales al sentirse parte perjudicada. Sin embargo, en ambos casos quedó fuera de la instrucción y, al final, en el caso de la trama liderada por Francisco Correa deberá responder como beneficiario a título lucrativo de algunos de los delitos y en el de los apuntes contables de su extesorero como responsable civil subsidiario.
En el caso que investigaba los apuntes contables los 'populares' fueron excluidos el 4 de abril de 2013. Ese día, el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dictó un auto en el que rechazaba que el PP fuese acusación dada su posible responsabilidad civil por defraudar a Hacienda. En aquel escrito, el magistrado afirmaba que la pretensión de los 'populares' era "incompatible con el propio objeto de la misma, dirigido entre otros extremos a la investigación de determinados hechos de los que podría derivarse responsabilidad civil" del partido, como así fue finalmente. Sólo 22 días después, el magistrado hacía público otro escrito que sacaba al PP del caso Gürtel como acusación popular al considerar que durante el procedimiento había defendido la inocencia de Luis Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias; y el exdiputado Jesús Merino, algo que el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 destacaba que no era "congruente" con las funciones de la acusación popular que la formación decía ejercer.
