El Tribunal Supremo ha dictaminado este viernes dos resoluciones judiciales en las que impone al gobierno catalán –gobernado por CiU y apoyado por los independentistas de ERC- que imparta un 25% de las clases en las escuelas públicas catalanas en castellano si así lo solicitan los padres. Actualmente, la Generalitat viene incumpliendo reiteradamente las resoluciones dictadas desde el año 2010 en este sentido bajo el pretexto de que menos de 100 familias en toda Cataluña pedían el aumento de la enseñanza en castellano.
Sin embargo, el Tribunal Supremo vuelve a insitirle al Ejecutivo que preside Artur Mas para que cumpla con la legislación vigente: si las familias lo solicitan, el 25% de las clases en los colegios catalanes deberán impartirse en castellano. Esto en ningún caso supone la equiparación de ambas lenguas cooficiales, pero desde la Generalitat y los partidos nacionalistas de Cataluña se vuelve a despertar el “fantasma” de la agresión del “Estado contra la inmersión lingüística” en la comunidad, que prioriza el catalán frente al castellano en las aulas.
CiU y ERC confían en que las resoluciones "se traduzcan en un aumento de votos nacionalistas"
Fuentes del gobierno catalán aseguran a Vozpópuli que “las sentencias judiciales no pueden cambiar la normalización lingüística en Cataluña porque apenas decenas de familias pidan un aumento de la escolarización en castellano en las escuelas públicas”. Las mismas fuentes añaden que “defenderán el actual sistema de normalización que se aplica en el sistema educativo catalán, que es propio”. Pese a que las sentencias del Tribunal Supremo llegan en plena campaña electoral, tanto CiU como ERC confían en que, dado que son "un ataque al catalán", acaben traduciéndose "en un aumento de votos nacionalistas".
La Sala de lo Contencioso Administrativo ha avalado en dos sentencias el porcentaje que fijó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en ejecución de las resoluciones del alto tribunal, que reconoce desde el 2010 que el castellano debe ser lengua vehicular en los colegios.
El Supremo reprocha incumplimientos a la Generalitat
Los magistrados de la Sección Cuarta del Tribunal Supremo no sólo no dan la razón al Govern sino que le reprochan su "incumplimiento" de las decisiones del alto tribunal que se remontan a hace cinco años. Los jueces destacan que la Generalitat ha hecho dejación de su potestad y ha venido desatendiendo los sucesivos requerimientos efectuados para que se aplicasen las sentencias. Por ello, la decisión del TSJ de fijar el porcentaje "no constituye una inaplicación de los preceptos correspondientes al Estatuto de Autonomía y la ley catalana de educación, sino que da cumplimiento a los mismos".
El Tribunal Supremo recuerda que el TSJ de Cataluña otorgó al gobierno catalán de CiU "varias y reiteradas oportunidades para que llevara a efecto lo ordenado en las sentencias para que adoptara las medidas que garanticen el establecimiento del castellano como lengua vehicular". En el último requerimiento, de auto firme de 14 de noviembre de 2013, los tribunales catalanes insistieron en la necesidad de que la Administración fijara el criterio y le anunciaron que, en caso contrario, la propia Sala efectuaría la proporción.
El porcentaje fijado para la enseñanza en castellano es "proporcionado y razonable", según el Supremo
Las nuevas resoluciones precisan que el porcentaje fijado es "proporcionado, razonable y ajustado a la consecución de la enseñanza del castellano". La condición de lengua vehicular no puede alcanzarse si se reduce su uso "a una asignatura más" por lo que debe incluirse en otra materia de carácter troncal, agrega.
Los padres pidieron aumentar las clases en castellano
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fue también recurrida por dos padres de alumnos que demandaban un incremento del porcentaje al 50%. El alto tribunal les dice que el baremo del 25% se ajusta a su decisión de reconocer el castellano como lengua vehicular y rechaza el argumento de los demandantes de que no es necesario favorecer la lengua catalana en las escuelas porque el objetivo de normalización lingüística ya se ha alcanzado plenamente.
Las resoluciones desestiman una vez más la "atención individualizada" para cada alumno que propone la Generalitat porque, en su opinión, conduce a una situación de discriminación "idéntica a la separación en grupos por razón de la lengua habitual".
