ERC da a Sánchez tres alternativas de referéndum y quiere asumir funciones del Estado para organizarlo

Primer hito atado: la amnistía. El angosto camino que llevan recorriendo ERC y el PSOE desde la constitución de la mesa de negociación hace cuatro años tuvo su broche final este jueves, con la aprobación de la ley que deja sin cargos a los procesados por el 1-O. Cuatro años de reuniones para "desbloquear el conflicto" con el Estado que sin embargo ha puesto en la diana la credibilidad del Estado de Derecho por el beneplácito que ha dado Pedro Sánchez a Junts y a ERC a sus exigencias tras las elecciones generales del pasado julio. Queda, sin embargo, un tortuoso camino en los tribunales para la aplicación de la amnistía, y tanto la judicatura como los partidos ya cierran filas para la "batalla" final, que esperan luchar en Bruselas. En este contexto, en el que además se negocia 'in extremis' la constitución del Parlament, la Mesa y la investidura del próximo presidente de la Generalitat, Junts y ERC ya apuntan al siguiente paso: el referéndum.

No es algo nuevo, nunca lo ha sido y está recogido en los pactos de investidura. Cumplirlos es la condición que pone Junts para apoyar a Sánchez en el Congreso y, por tanto, garantizar su legislatura. El punto de acuerdo entre Puigdemont y Sánchez era claro: "En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya".

Es decir, la consulta pactada ya estaba recogida en los acuerdos por los que ahora presionan los postconvergentes a Sánchez, si bien aún está por desarrollar la modalidad. Puigdemont siempre ha defendido el marco del artículo 92 de la Constitución para 'culminar' la autodeterminación y que Cataluña sea independisnte. Es la misma fórmula que lanzó en abril el por entonces presidente del Govern (que ha dimitido tras el 12-M), Pere Aragonés, a raíz del informe de autogobierno que sacó el Instituto de Autogobierno de la Generalitat en el que está Joan Ridao, artífice en la sombra de la ley de amnistía.

En este documento, se expresa que la celebración del referéndum que pregunte a la ciudadanía de Cataluña sobre la independencia no podría vehicularse mediante las leyes aprobadas por el Parlament que permiten la celebración de consultas referendarias y no referendarias y es necesario "acudir al ordenamiento jurídico estatal" en el que llegar a un acuerdo con las instituciones para llevar a cabo una consulta. Considera a partir de aquí tres escenarios.

El prioritario y con el que coincide con Junts es a través del artículo 92 de la Constitución española que recoge decisiones políticas de especial trascendencia y que podrán ser sometidas al referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Este deberá ser convocado por el presidente del Gobierno y autorizada previamente por el Congreso de los Diputados. Corresponde exclusivamente al Estado la autorización de esta convocatoria popular para el referéndum. Es la opción más consensuada en el bloque nacionalista pero no la única.

La segunda opción, es la reforma de la Ley orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las diferentes modalidades de referéndum para regular expresamente los referéndums de ámbito autonómico —o territorializados— e introducir aquellos aspectos que, específicamente, configuraran un "marco normativo explícito aplicable a su autorización y celebración. La nueva regulación podría realizarse con un alcance general o configurarse de manera más particularizada para dar respuesta a la celebración de la consulta en Cataluña", explicita el informe.

Por último, ERC también propone que el Estado delegue las funciones ejecutivas a la Generalitat para celebrar el referéndum a través de la correspondiente ley orgánica de transferencia por el que se haría uso del artículo 150.2 de la Constitución para delegar las facultades correspondiente. En este marco aseguran que sería posible que el Parlamento español delegara algunas facultades relativas para la consulta en el Gobierno. De esta forma se le daría plenos poderes a la Generalitat para "intervenir en el despliegue" de la futura consulta pactada con el Estado.