Después de que TV3 emitiese un documental principios de mes sobre las infiltraciones policiales en el independentismo, tanto los políticos como los medios secesionistas han dado alas a teorías conspirativas, denunciando que se hicieron al margen de la legalidad para perjudicar al 'procés'. En esta línea, Esquerra y la CUP han reprochado al 'president' Illa durante la sesión del control al Govern su pasividad ante este supuesto escándalo, al que han acusado de "mirar hacia otro lado" ante el espionaje y haya llegado a "justificar" este tipo de actuaciones. En su respuesta, Illa no ha dudado en afirmar que "si se han hecho las cosas mal" —esto es, al margen del Estado de Derecho—, no tiene "ningún inconveniente" en que "se aclare y se llegue hasta el final".
"Yo haré todo lo que esté en mis manos para que todo el mundo pueda defender su proyecto político", ha justificado Illa. Pese a ello, el líder del Ejecutivo catalán se ha presentado como un "defensor convencido" del Estado de Derecho. Si bien, ha añadido: "¿Hay cosas a mejorar?, seguro". Pero su respuesta no ha bastado republicanos y anticapitalistas. "¿Hasta cuando lo van a justificar? ¿Hasta que les pase a ustedes? ¿Qué van a hacer para que nadie sea espiado con finalidades políticas?", ha criticado el neocovergente Josep Maria Jové. Mientras, Pilar Castillejo, de la CUP, le ha exigido que no ponga trabas a la comisión de investigación en el Parlament.
Estas reclamaciones han obtenido gran repercusión, sobre todo, por casos como el del policía que, entre 2020 y 2022, se infiltró en movimientos antisistema en Barcelona y mantuvo relaciones sexuales con varias radicales bajo una identidad falsa. Conviene recordar que, después de que Interior no admitiese la querella presentada por las activistas damnificadas, el colectivo que las representa, Irídia, ha elevado el caso al Tribunal Constitucional.
