Alberto Ruiz-Gallardón se ha quedado sólo en su pretensión de dar la vuelta a la Justicia. Jueces y fiscales de todas los sectores ideológicos ya han anunciado su rechazo a sus últimos planes legislativos. Y hasta un cargo nombrado por el Gobierno del que forma parte el propio Gallardón, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha criticado sus reformas en público. Lo hizo ayer por partida doble, en el solemne acto de apertura del año judicial y en el texto de la Memoria de la Fiscalía que presentó, y no fue el único en hacerlo. En el mismo ceremonia, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, también se despachó con una andanada en voz alta. Críticas sin sordina que tuvieron eco y respaldo en los corrillos del cóctel posterior al acto, donde era difícil, casi imposible, escucharse en ellos unas palabras de apoyo a las propuestas de Gallardón.
El viernes, los jueces debatirán en juntas extraordinarias convocadas en toda España qué medidas de protesta ponen en marcha ya
De hecho, muchos de los presentes se mostraban abiertamente favorables a las iniciativas de protesta lanzadas el día anterior por las siete asociaciones de jueces y fiscales en un comunicado unitario sin precedentes. En é, éstas hablaban abiertamente de "cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijadas por la ley", concentraciones e, incluso, "paros parciales y huelga". Gallardón, que evitó departir con la prensa durante el cóctel, se enfrenta, por tanto, al otoño más caliente que haya tenido que vivir un ministro de Justicia sabiendo, además, que no cuenta ni siquiera con el apoyo de las togas más afines al PP.
Fuentes de las asociaciones que promueven las protestas confirmaron ayer a este diario la disposición de jueces y fiscales de llegar "hasta donde haga falta" para obligar al ministro a sentarse a negociar sus reformas. ¿También a una huelga? "Donde haga falta", insistieron antes de mostrar su desencanto por la actitud del departamento de Gallardón en los últimos meses ante sus peticiones. "Hasta ahora se han mostrado muy poco dialogante. El ministro y su equipo nos han despachado con un 'ya os llamaremos' que no augura nada bueno", destacaba a este diario Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, una de las asociaciones que promueve las protestas.
"El trabajo que marca la ley"
Por ello, el primer paso de las mismas tiene ya fecha y hora: el próximo viernes a las 11 de la mañana. Para esa día están convocadas juntas extraordinarias de jueces en toda España para que puedan expresar su malestar y debatir las medidas de protesta a tomar en las próximas semanas. Sobre la mesa tendrán el texto elaborado por las siete asociaciones de jueces y fiscales en la que apuntan la necesidad de fijar, en primer lugar, "la carga de trabajo que [cada juzgado] debe desarrollar conforme a criterios de calidad y a las normas de salud e higiene" para que los jueces hagan este sentido lo que marca la ley y no más. "Que no nos llevemos el trabajo a casa por la noche y los fines de semana, como estamos haciendo muchos ahora", detalla un magistrado consultado por Vozpópuli. Una 'huelga de celo' (término que, sin embargo, rechazan desde las asociaciones de jueces) que retrasaría de manera considerable la resolución de los casos actualmente en tramitación. "En algunos, se puede doblar e, incluso, triplicar el tiempo para resolverlos", reconocen estas fuentes.
Las asociaciones critican los recortes en un momento en el que la crisis ha incrementado el trabajo en los juzgados
Como tercer paso, jueces y fiscales plantean realizar concentraciones, tal vez vistiendo las togas, ante la sede del propio Ministerio de Justicia o de los órganos judiciales centrales de cada comunidad. "Eso está aún por decidir", apuntan las fuentes consultadas. Y, por último, convocar paros parciales y, tal vez, una huelga, como ocurrió en 2009. Consciente de las posibles sanciones que pudieran caer a los miembros de la judicatura que se sumen a las protestas, las siete asociaciones ya han previsto prestar "cobertura y asistencia a todos aquellos jueces y fiscales que secunden estas medidas".
Y es que la lista de reclamaciones de la judicatura es amplia. En primer lugar, piden que se vuelva a invertir en Justicia pese a los recortes porque consideran que ha sido precisamente la crisis la que ha incrementado considerablemente el volumen de trabajo de los juzgados. "No hay inversión más social que la que se efectúa en Justicia", recalcan. En este sentido, critican que por primera vez se haya congelado la convocatoria de plazas judiciales, fiscales y oposiciones, y los recortes salariales a los funcionarios que también les han afectado a ellos.
No al control político del CGPJ
Otro punto de fricción con Justicia es el supuesto intento de control político del CGPJ que plantea una de las reformas puesta sobre la mesa por Gallardón. Una medida que, precisamente, centró ayer las críticas del presidente del órgano de gobierno de los jueces, quien en su discurso ante el rey y el propio Gallardón aseguró que va a plantar cara a la misma y a “hacer todos los esfuerzos necesarios (…) para que se mantengan en la futura reforma legislativa de la ley orgánica las líneas básicas de un estatuto judicial acorde con las exigencias constitucionales”. Moliner también hizo una explícita crítica a las grave carencias de medios con la que actualmente deben hacer frente su trabajo jueces y fiscales.
Parte de la judicatura considera que la 'prisión permanente revisable' que pretende instaurar Gallardón es "inconstitucional"
La del CGPJ no es, sin embargo, la única reforma que ha provocado los recelos y protestas de la judicatura. La próxima reforma del Código Penal impulsada por Gallardón, que incluye la polémica 'prisión permanente revisable', es tachada por los jueces de "oportunista, innecesaria y, posiblemente, inconstitucional". De hecho, a ella se refirió en la apertura del año judicial el fiscal general del Estado, que recalcó que "no siempre el agravamiento punitivo es la respuesta adecuada”. Una crítica al endurecimiento previsto en la reforma que aparecía recogida en términos mucho más duros, incluso, en la propia Memoria de la Fiscalía que se presentó también ayer y en la que se califica de “errónea percepción” creer que la única forma de hacer frente a los delitos es la “exacerbación indefinida de los recursos represivos del Estado”.
Tampoco gustan los cambios que Gallardón pretende incluir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la de Demarcación y Planta. De hecho, un juez se quejaba ayer a un representante de un partido político presente en el cóctel posterior al acto que con la segunda de ellas "se va a terminar de cargar la justicia". El diputado le aseguraba que su partido, aunque minoritario, plantaría cara a la misma "cuando la conozcamos con detalle. Hasta ahora sólo nos llegan generalidades desde el Gobierno".
Una queja que compartía otro político presente en el acto, el exministro del Interior y fiscal de profesión Antonio Camacho, quien aseguraba a este diario que el PSOE esperaba que el Gobierno informase a su grupo de algo más que las líneas maestras de las reformas que ya ha hecho pública. "Entonces fijaremos la posición de los socialistas", señalaba con evidente malestar por la nula actitud negociadora que hasta ahora ha mostrado el Ejecutivo en este sentido. El otoño caliente que espera a Gallardón puede entonces trasladarse también a la Carrera de San Jerónimo.
