El juicio al que fue sometido el exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana, condenado a casi diez años de prisión en el marco del llamado 'caso Erial' por cobrar mordidas en las adjudicaciones de las ITV valencianas, devino en un cúmulo de evidencias sobre la responsabilidad de Zaplana y, sobre todo, puso de relieve su falta de argumentos para explicar el origen de su fortuna en el exranjero.
Sin duda, la condena a Eduardo Zaplana se explica, entre otras circunstancias, por los testimonios de personas que él consideraba de confianza y sin embargo dieron ante el tribunal una versión nada edulcorada de los hechos así como profuso detalle de la implicación en ellos del exministro.
El origen de la trama se sitúa en el cobro de comisiones a cambio de las adjudicaciones realizadas por empresas de las ITV y otras al amparo del Plan Eólica, cifradas en un monto superior a los veinte millones de euros. Aparte de Zaplana, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia decidió abrir juicio oral contra Zaplana y otras catorce personas, entre ellas otro expresidente autonómico valenciano, José Luis Olivas.
La ocultación del dinero en el extranjero fue considerada una agravante por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito de calificación pidió un total de 19 años de prisión para el expresidente valenciano más allá de incluir en él la constatación de que había obtenido el dinero evadido mediante el cobro de comisiones a cambio de pactar adjudicaciones desde la Administración autonómica. También le pedía una multa de 40 millones de euros.
El caso Erial se centra en el presunto desvío del dinero cobrado en las comisiones a cuentas en el extranjero (Luxemburgo, Panamá y Andorra) a través de un entramado de sociedades interpuestas para blanquearlo antes de poder retornarlo a España.
Este extremo de la investigación siempre fue negado por Zaplana en sus comparecencias ante la magistrada.
Un amigo de la infancia como testaferro
Pero la sucesión de testimonios desarboló su alegato de inocencia: su amigo de la infancia, Joaquín Barceló, pactó con la Fiscalía y no solo reconoció los hechos, sino que confesó ser el testaferro de Zaplana. "Me pidió que me encargase de su dinero porque él estaba en política y lo hice. Me lo pidió como favor y al principio lo vi lícito".
Otro empresario valenciano, Vicente Cotino, sobrino del que fuera director general de la Policía y presidente de las Cortes Valencianas, el ya fallecido Juan Cotino, siguió el camino de la conformidad con el Ministerio Público y admitió que su tío acordó con Zaplana el pago de mordidas por el amaño de la privatización de las ITV en favor de Sedesa, una firma familiar.
También el que fue jefe de gabinete del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco García, reconoció los hechos durante el juicio.
Una trama de película
También la UCO de la Guardia Civil apuntó a la culpabilidad del exministro mediante la acreditación de las prácticas de blanqueamiento del dinero procedente de las presuntas mordidas que se enviaba al extranjero y luego se repatriaba a través de varias empresas y cuentas bancarias.
El empresario sirio Imad al Naddaf fue el que 'descubrió' los papeles que dieron origen a la investigación. Dijo encontrarlos "en un hueco al lado de una caja fuerte". Los papeles eran una guía
Estos papeles que fueron algo parecido a una guía de las actividades delictivas que se están juzgando se los entregó posteriormente a Marcos Benavent, el 'yonqui del dinero', a quien conocía de actos institucionales a los que acudía como representante de la comunidad musulmana de la ciudad. La historia, en cualquier caso, presentaba algunas lagunas, por ejemplo que en esos papeles no se detectara ninguna huella dactilar de Zaplana y sí de otras 18 personas, como acreditó la propia Guardia Civil. Pero esto suele pasar en cualquier historia con aristas.
