La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a Eduardo Zaplana a 10 años y cinco meses de prisión por cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de los contratos de las Inspecciones técnicas de vehículos (ITV), privatizadas por el Gobierno valenciano bajo su presidencia y también del Plan Eólico.
El tribuna considera al exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat Valenciana autor de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales, mientras que le absuelve de pertenecer a grupo criminal. Todo ello le comporta la imposición de una multa superior a los 25 millones de euros.
La sentencia considera que "resulta reprochable su conducta delictiva, que llevó a término cuando era Presidente de la Generalitat Valenciana y que continuó una vez abandonada la política".
El grupo de los absueltos
El otro expresidente del Gobierno valenciano que esta encausado, José Luis Olivas, ha resultado absuelto por el Tribunal del delito de cohecho al que se enfrentaba con una petición de pena de seis años de prisión.
La misma suerte al salir indemne del proceso judicial ha corrido la secretaria de Zaplana de toda la vida, Mitsouko Henríquez; así como el abogado Saturnino Suanzes y los empresarios Robert-Edgar Batauche y Carlos Gutiérrez.
20 millones de euros
Hay que recordar que la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia decidió abrir juicio oral contra Eduardo Zaplana y otras catorce personas por el cobro de comisiones a cambio de las adjudicaciones realizadas para empresas de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y otras al amparo del Plan Eólico que se cifra en 20,6 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción pedía en su escrito de calificación un total de 19 años de prisión (que luego rebajó a 17) para el expresidente Eduardo Zaplana por ocultar en el extranjero dinero procedente del cobro de comisiones a cambio de pactar adjudicaciones desde la Administración autonómica. Además le pedía una multa de 40 millones de euros.
Confía en la justicia
Zaplana siempre negó todos los hechos que se le imputaban y sus abogados recurrirán el fallo de la Audiencia Provincial de Valencia en casación ante el Tribunal Supremo para intentar lograr la absolución (difícil por la contundencia de la sentencia conocida hoy) o, al menos, una rebaja sustancial de las penas impuestas.
Esa misma versión de inocencia ha seguido ofreciendo hoy Zaplana tras conocer la sentencia quien ha mostrado su decepción "por haber sido condenado por unas pruebas basadas en pactos y acuerdos opacos y sin ninguna evidencia objetiva sobre mi participación en los hechos que se me imputaban".
"A pesar de todo, sigo confiando en la justicia y tengo la certeza de que tarde o temprano se reconocerá lo infundado de las acusaciones y, en consecuencia, recurriré a las instancias que sea necesario", ha explicado a través de un comunicado.
De igual modo, ha destacado que "en este momento, me alegro especialmente por la absolución de todas las personas cuyo único delito fue haber sido mis amigos o colaboradores y que han tenido que sufrir una acusación igualmente injusta y soportar durante largos años la amenaza de una condena penal sin ningún fundamento".
Confesiones y bajas penas
Una de las cuestiones que más dificultó a Zaplana durante el juicio la posibilidad de resultar absuelto fue el amplio grupo de acusados que alcanzaron un pacto de conformidad con la Fiscalía, algunos de ellos de la estricta confianza el ex ministro, reconociendo los hechos que se les imputaban.
Todos ellos han salido bien parados en la sentencia dada a conocer hoy por la Audiencia Provincial de Valencia. El amigo de la infancia de Eduardo Zaplana, Joaquín Barceló, que reconoció ser el testaferro del ex presidente valenciano ha sido condenado a 1 año y 3 meses de prisión por blanqueo de capitales y a una multa de cinco millones de euros.
Otra persona muy cercana a Zaplana que reconoció los hechos es su exjefe de gabinete Juan Francisco García a quien el tribunal le impone una pena de 2 años y 9 meses por los delitos de cohecho, falsedad y blanqueo. También es condenado por un delito de prevaricación a una pena de inhabilitación para cargo público durante 4 años y 5 meses.
Los Cotino, condenados
Los empresarios clave en la trama, Vicente y José Cotino también han sido condenados pero de manera menos severa que el exministro.
Vicente Cotino es condenado por los delitos de cohecho, falsedad y blanqueo de capitales a 3 años y 5 meses de prisión, además de una multa de 4 millones de euros. Mientras, José Cotino, su hermano, ha sido condenado a 2 años de prisión por un delito de cohecho y deberá pagar una multa de 320.000 euros.
Al contable de la trama, Francisco Grau, la Audiencia Provincial de Valencia le impone una pena de 5 años de prisión por un delito de blanqueo de capitales. Igualmente, la sentencia refleja que no podrá ejercer su profesión durante 3 años y deberá pagar una multa de 20 millones de euros.
Mientras, el empresario Francisco Pérez ha sido condenado a una pena de 1 año y medio de prisión por un delito de falsedad documental.
"Respeto a los procesos judiciales"
La portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, ha valorado al conocer esta sentencia que "como siempre mostramos nuestro total respecto a los procesos judiciales y más en este caso que la sentencia no es firme".
Merino ha conocido el fallo de la Audiencia Provincial de Valencia en plena rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano y su primera reacción ha sido la habitual del Ejecutivo que preside Carlos Mazón que siempre se muestra prudente en las condenas o absoluciones que afectan a políticos valencianos.
Por su parte, tanto el PSPV como Compromís han lanzado duras críticas contra el PP por "una forma de hacer política basada en la corrupción" y han unido la figura de Eduardo Zaplana a la del actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su colaboración en los inicios de la carrera política del alicantino.
