La evolución del caso Alquería con las testificales fundamentales ya realizadas dibuja un escenario donde todos los declarantes coinciden en que el ex presidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez dio órdenes para la contratación en la empresa pública Divalterra de siete personas afines al PSPV, entonces su partido, y a Compromís, para crear una especie de consejo de Administración paralelo al legítimamente constituído. El objetivo era controlar la empresa sin pasar por la revisión de los técnicos y favorecer a personas que trabajarían a las órdenes de las dos formaciones políticas.
El pasado lunes los técnicos de Divalterra incardinados en el área jurídica y en el área económico-financiero –que fueron el germen de la denuncia que hizo estallar este caso–, se ratificaron punto por punto en su denuncia. Ambos tuvieron presiones para dar "apariencia de legalidad" a las contrataciones y, al negarse, fueron amenazados con ser despedidos.
Informes contrarios
Una docena de informes contrarios a las contrataciones, que se concretaron entre 2015 y 2018, no fueron suficientes para que Rodríguez y la cúpula que trabajaba con él en la corporación provincial renunciaran a su propósito de contratar a personas, (dos de ellos en el paro) cuyo mérito era ser afín al PSPV (que contrató a 3 directivos) o a Compromís (que contrató a otros 4).
El quebranto para las arcas públicas fue de 1,1 millón de euros y la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 8 años de prisión para Jorge Rodríguez que, en el momento de su detención, se proyectaba como un claro sustituto de Ximo Puig en la carrera por la candidatura autonómica socialista.
Amigos de Puig y Oltra
El jefe de Recursos Humanos de Divalterra ha sido muy sólido en su declaración hoy y ha asegurado que los contratados se presentaban en la empresa alardeando de su amistad con Ximo Puig o con Mónica Oltra, según los casos. Como los dos testigos de ayer, el responsable de Recursos Humanos ha denunciado presiones y ha revelado que advirtió de la ilegalidad de realizar estas contrataciones sin que se realizara un concurso público donde primara la transparencia, el mérito y la capacidad.
Ya en la jornada vespertina, el exjefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, ha cerrado el círculo de testimonios perjudiciales para Jorge Rodríguez y sus colaboradores más directos como su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el letrado asesor de Divalterra, Jorge Cuerda; el cogerente de Divalterra, Xavier Simón y la también gerente Agustina Brines. Todos ellos han sido señalados claramente como las personas que trasladaban las órdenes de Rodríguez y, en algunos casos, presionaban si no se satisfacían los deseos del expresidente de la Diputación de Valencia.
Había que contratarlos sí o síJosé Luis Vera
Vera, quien también está en la causa de Azud (pero en este caso como acusado de una trama de corrupción urbanística), ha confirmado que Agustina Brines le confesó que pese a la posible ilegalidad de la contratación de los 'enchufados' "había que contratarlos sí o sí". Es más, ha afirmado que cuando le preguntó sobre la contratación de los altos directivos "le dije que parecía obvio que tenían que entrar por concurso".
José Luis Vera, que pasa por ser una de las personas más influyentes en el PSPV de las últimas décadas, ha apuntado directamente a Jorge Rodríguez a quien le acusa de que en un momento en el que se negó a despedir a uno de los denunciantes el expresidente de la Diputación le amenazó con cesarle.
Las próximas jornadas seguirán dedicadas a testificales pero quizás no de la enjundia para la causa de las que acaban de prestarse. Entre los que prestarán su testimonio está el actual presidente de la Diputación, Toni Gaspar, quien ya estaba en la corporación provincial cuando se produjeron y los hechos y cuyo ascenso a la Presidencia provincial llegó como consecuencia de la detención y posterior dimisión de Jorge Rodríguez.
