El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes los recursos de PP y Vox contra la reforma educativa de la Lomloe o ley Celaá que, en opinión de los partidos recurrentes, no garantiza que el español sea lengua vehicular en todo el país.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el pleno del tribunal de garantías ha admitido por unanimidad los recursos de PP y Vox cuyos ponentes serán los magistrados conservadores Antonio Narváez y Ricardo Enríquez, respectivamente.
El PP y Vox han celebrado la admisión a trámite de sus recursos a través de Twitter.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha destacado su posicionamiento en "la defensa de la libertad, la pluralidad y la calidad educativa" y la diputada de Vox Macarena Olona lo ha considerado una "muy buena noticia" que avanza en la "derogación" de la "sectaria" ley Celaá.
El recurso del PP contra la ley Celaá impugna 16 de sus artículos y dos disposiciones adicionales por entender que vulnera el derecho de elección de enseñanza de los padres, discrimina a la concertada, a la especial y a la educación por sexos, y "no garantiza" que el castellano sea lengua vehicular en todo el país.
Ofensiva de Casado
De hecho, el líder de los populares, Pablo Casado, se ha comprometido a derogar esta ley si llega a la Moncloa "para mantener el sistema que garantiza la libertad y la equidad".
Casado dijo que en todas las comunidades donde gobierna el PP se paliarán los efectos de esta ley, "adelantando la matriculación para garantizar la libre elección de colegio, ampliando los conciertos educativos, limitando los suspensos para pasar de curso y manteniendo las evaluaciones y el castellano como lengua vehicular".
Vox, por su parte, recurrió la norma por entenderla como una "ofensiva contra los derechos de los ciudadanos y la unidad nacional" al retirar el español como lengua vehicular de la enseñanza.
El portavoz de Educación de Vox, Joaquín Robles, señaló que retirar de la norma que el castellano es lengua vehicular supone que la "única lengua vehicular que va a quedar es la que decida la comunidad autónoma respectiva".
Y calificó de "intolerable" la "ofensiva contra los centros de Educación Especial" que si quitan a la mayoría de estos alumnos de los centros para llevarlos a la educación ordinaria, terminarán cerrando, y los niños quedándose "en casa y sin apoyo".
