El contrato del Instituto de Empresa con Begoña Gómez contempló una remuneración de 55.000 euros anuales e incluyó una cláusula específica con la que se comprometió a que el cargo de su marido Pedro Sánchez no generaría "ningún conflicto para el desempeño de sus funciones" así como tampoco "ninguna influencia sobre las actividades de la empresa".
El contrato, que desvela en exclusiva Vozpópuli, se firmó en Madrid el 1 de agosto de 2018 en su condición de directora del Africa Center, entidad creada aquel mismo año para promover el desarrollo del continente africano. Precisamente su desempeño en el Instituto de Empresa es una de las aristas que investiga el juez Juan Carlos Peinado en la causa abierta por los delitos de tráfico de influencias y corrupción entre particulares.
El instructor trata de esclarecer si Begoña Gómez se benefició del cargo su marido para sus negocios privados. El contrato con el Instituto de Empresa se firmó justo dos meses después de la llegada de Sánchez a Moncloa y en el mismo se recogieron unos compromisos concretos de Begoña Gómez para no aprovecharse de sus vínculos familiares.
La "influencia" de Sánchez
"El empleado se compromete a no utilizar de manera irregular o ilícita los contactos que pueda haber generado o que genere en un futuro como consecuencia de sus relaciones familiares", reza el contrato. El mismo establecía que, "para evitar cualquier género de dudas", quedaban "excluidas las Administraciones Públicas de España" de las entidades entre las que podía colaborar.
Pese a ello, Begoña Gómez firmó un convenio con la Universidad Complutense de Madrid para codirigir un máster de Transformación Social Competitiva. Este acuerdo, que se habría fraguado en junio de 2020 en la Moncloa, podría contravenir lo firmado dos años con el Instituto de Empresa, toda vez que el contrato especificaba que no podría colaborar ni con las administraciones públicas españolas ni con "entidades participadas directa o indirectamente" por la misma.
Además, el Instituto de Empresa incluyó su compromiso expreso a que no utilizaría la influencia de su marido. "El empleado manifiesta, que si bien algunos de sus familiares cercanos en la actualidad ostentan cargos de relevancia pública, dichos cargos no generan ni generarán ningún conflicto para el desempeño de las funciones del empleado (...) como tampoco suponen ninguna influencia para las actividades de la empresa", reza el acuerdo.
Los "contactos" de Begoña Gómez
Del mismo modo, las partes pactaron que Begoña Gómez no podría utilizar "para fines personales o relacionados con cualquier otra persona", información confidencial obtenida en el ámbito de su trabajo. El contrato -de carácter indefinido y a tiempo completo- estipulaba el reparto del salario en 14 mensualidades.
El empleado manifiesta, que si bien algunos de sus familiares cercanos en la actualidad ostentan cargos de relevancia pública, dichos cargos no generan ni generarán ningún conflicto para el desempeño de las funciones del empleado (...) como tampoco suponen ninguna influencia para las actividades de la empresaExtracto del contrato firmado entre Begoña Gómez y el IE
Cabe recordar que el presidente del Instituto de Empresa, Julio Diego de Alcázar, declaró en su condición de testigo ante el juez Peinado que la idea de contratar a Begoña Gómez se fraguó en 2017, pero el contrato no se pudo formalizar hasta agosto de 2018, justo coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa.
De Alcázar, explicó en su comparecencia el pasado 29 de julio que Begoña Gómez se "acercó" al Instituto de Empresa para "ver las posibilidades de colaborar". Sin embargo, el acuerdo se cerró por mediación de la presidenta del IE Africa Center, Felicia Appenteng. Según le trasladaron, la empresaria americana-ghanesa estaba especialmente interesada en la mujer de Sánchez para su proyecto.
En relación a la rescisión del contrato, en 2022, Del Alcázar apuntó que fue por iniciativa de Gómez. "Despidos intentamos no hacerlos, y ya con una persona que es la mujer del presidente del Gobierno no se nos ha ocurrido", precisó. Con todo, sí confirmó que se añadieron unas cláusulas específicas al contrato de Begoña Gómez en las que se precisaba que no podría trabajar con las administraciones públicas durante el tiempo que trabajara para el IE.
El papel de Begoña Gómez en el Africa Center es uno de los asuntos que investiga el juez Peinado, desde el pasado mes de abril. Aunque el procedimiento arrancó por los contratos que el Gobierno concedió en pandemia a su socio Carlos Barrabés, la causa ha incorporado también lo relativo a la creación de la cátedra en la Universidad Complutense, su relación con el Instituto de Empresa o sus vínculos con Javier Hidalgo, exCEO de Globalia.
El Africa Center
Sobre este último, el juez quiere esclarecer si el rescate de Air Europa (de la que es dueña Globalia) tuvo algo que ver con los vínculos de Gómez con Hidalgo. Ambos mantuvieron encuentros privados a mediados de 2020, en los meses previos a la inyección de 475 millones que recibió la aerolínea del Gobierno. Del mismo modo, también se ha conocido que Wakalua, una filial de Globalia, patrocinó al Africa Center con 40.000 euros.
Las acusaciones que litigan en el procedimiento han puesto el foco en el contrato de Begoña Gómez con el Instituto de Empresa y han pedido a Peinado una batería de diligencias de las que está pendiente de resolver. La formación Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír, Movimiento Regeneración Política de España y Manos Limpias solicitaron al juez que adhiriera al sumario los contratos del Africa Center con Wakalua, la Organización Mundial de Turismo, el grupo Barrabés y Globalia.
También reclamaron a Peinado que encargara a la UCO el rastreo de los viajes de Begoña Gómez por África en representación de la entidad del Instituto de Empresa; que se volviera a citar como testigo al presidente Diego de Alcázar, y al exsecretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz.
Al respecto, alegaron que el IE Africa Center se ha encontrado "en el centro de la sospecha desde los comienzos de la investigación" puesto que la designación de Begoña Gómez como directora del mismo se produjo en un contexto en el que confluían intereses significativos para el IE. Según sostienen, su designación pudo deberse más a sus conexiones políticas que a su cualificación profesional.
