Pese a los escándalos de las últimas semanas, España mejora en su lucha contra la corrupción. Desde que reformó la Ley de Financiación de Partidos en el año 2007, España ha descendido en el ranking de los países más corruptos, desde el puesto 25 hasta el puesto 31, según la estadística de Transparencia Internacional que analiza a 176 países. La mala noticia sigue siendo, sin embargo, que la economía española tiene un nivel de corrupción similar al que presentan países como Botsuana.
La estadística de Transparencia Internacional mide el grado de corrupción del sector público y de los partidos políticos. Según ese ranking, el grado de corrupción en España ha caído 4 décimas desde que entró en vigor la ley que prohibía las donaciones anónimas a los partidos políticos. Esas donaciones anónimas fueron la principal clave para la corrupción de los partidos según han denunciado los responsables de la ONG, así como las instituciones internacionales que se encargan de vigilar la financiación de los partidos. De hecho, el último informe de GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) concluye que "son necesarias medidas para aumentar la transparencia de los ingresos y gastos de las formaciones políticas".
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Según el ranking, la corrupción en España es similar a la de Botsuana. Si la corrupción nacional se compara con la de quienes han necesitado algún tipo de rescate financiero por parte de la Unión Europea, sólo Irlanda presenta más transparencia que España. Por debajo de España en ese ranking quedan tanto Portugal como Grecia y el resto de países rescatados por Bruselas.
La prohibición de las donaciones anónimas, clave
La clave de la mejora estriba en la prohibición de las donaciones anónimas que los grupos pactaron en el Congreso en el año 2007. Sin embargo, esa prohibición no evitó que durante la década anterior, los partidos amasaran inmensas cantidades por ese concepto. Según los datos que las formaciones remitieron al Tribunal de Cuentas, en la década previa a que se prohibieran las donaciones anónimas, ingresaron unos 100 millones de euros por esa vía que se repartieron de la siguiente forma:
- CiU: 45 millones de euros
- PNV: 27 millones de euros
- PP: 20 millones de euros
- PSOE: 5 millones de euros
Desde entonces, esa práctica está prohibida legalmente y los partidos deben informar de la identidad de cualquier donación que reciben siempre que supere los 300 euros.
