Nuevo episodio de la bronca sin fin entre Policía y Guardia Civil. El reciente anuncio del nombramiento de un coronel del Instituto armado como jefe de Asuntos de Contraterrorismo e Inteligencia Financiera en la Oficina Europea de Policía (Europol), un organismo de colaboración policial internacional con sede en La Haya (Holanda), ha provocado enorme malestar en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, que también había presentado un candidato para ocupar dicho puesto. El enfado es aún mayor porque, según coinciden en señalar altos mandos de este cuerpo policial, Europol supuestamente se decantó por el guardia Civil por el "descarado apoyo" que el Ministerio del Interior español dio a éste. El incidente se produce sólo unas semanas después de que los cuatro sindicatos de policía remitieran al Palacio de La Moncloa una carta para solicitar un encuentro con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a la que quieren denunciar que el Instituto armado les está arrebatando competencias con el beneplácito de Jorge Fernández Díaz. La misiva aún no ha tenido respuesta, se lamentan los representantes de los agentes.
Los policías llevan meses denunciando la supuesta "intromisión" de la Guardia Civil en sus funciones. Culpan de ello a Fernández Díaz y a su 'número 2' en Interior
La pugna por este puesto ha durado meses pero sale ahora a la luz después de que la Guardia Civil anunciase el pasado martes a bombo y platillo la elección del coronel Manuel Navarrete para el mismo. En la nota de prensa que hizo pública ese día la Dirección General se destacaba que el oficial estará al frente de "una de las tres áreas específicas en las que se ha dividido Europol" durante los próximos cinco años y que desde la misma el coronel será el máximo responsable "de tratar todos los asuntos relacionados con la lucha contra el terrorismo a nivel europeo", además de "trabajar de manera muy directa con Estados Unidos y Rusia". El nombramiento ha sido interpretado por la Guardia Civil como un reconocimiento a la lucha del Instituto armado durante 40 años contra ETA.
Desde el Cuerpo Nacional de Policía, sin embargo, la lectura que se hace es muy distinta, sobre todo porque uno de sus miembros, un inspector jefe del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) también aspiraba al puesto. Según José Antonio Calleja, presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP), la elección "es un nuevo ejemplo de la apuesta de Fernández Díaz y el secretario de Estado de Seguridad [Francisco Martínez] por el Instituto armado en detrimento de nosotros". Calleja recuerda a este diario que no es la primera vez que el Ministerio intenta 'colocar' a este coronel en Europol y detalla que hace sólo unos meses el propio 'número 2' del departamento se desplazó en persona a Europol para que el oficial optara a otro alto cargo de este organismo pese a que un alto mando alemán ya era el candidato de consenso de los países miembros. "Entonces hicimos el ridículo y ahora lo hemos vuelto a hacer al presentar dos candidatos a un mismo puesto", añade el presidente del SPP.
Lo roces de Policía y Guardia Civil por la presencia de este segundo cuerpo en Europol no son, ni mucho menos, nuevos. Se remontan a septiembre de 2012 cuando el entonces número dos del Ministerio, Ignacio Ulloa, dictó una instrucción interna por la cual autorizaba a los agentes de la Guardia Civil a mantener contactos directos con este organismo, al que hasta aquel momento sólo había tenido acceso el Cuerpo Nacional de Policía. Aquella decisión ya provocó un fuerte malestar en los agentes de esta última institución, sobre todo porque Ulloa incluyó en la instrucción una seria advertencia a este cuerpo si no acataba su decisión o la retrasaba sin motivo justificado. Los sindicatos policiales anunciaron entonces la presentación de denuncias en los juzgados para obligar a Interior a dar marcha atrás, pero año y medio después la Guardia Civil no sólo mantiene un enlace en Europol sino que ha logrado ocupar uno de sus puestos claves.
Yihadismo y protocolo
Dos momentos de tensión que no son los únicos desde que el PP accedió al poder. De hecho, en las útlimas semanas se han registrado dos broncas por motivos similares. La última, el pasado 30 de mayo, durante la operación que permitió detener a seis presuntos yihadistas que reclutaban desde Melilla voluntarios para ir a la guerra de Siria. El equipo de Jorge Fernández Díaz forzó a ambos cuerpos a unificar las operaciones independientes que llevaban cada uno sobre la misma 'célula'. Al final, Interior presentó los arrestos como un nuevo éxito de la cooperación, pero fuentes conocedoras del desarrollo de la 'Operación Javer' destacan a este diario que las tensiones se terminaron traduciendo en que cada cuerpo presentó sus propias diligencias al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, que es el que dirigió la investigación.
En las últimas semanas, ambos cuerpos de seguridad han chocado en una operación contra el yihadismo y en el acto protocolario del Día de la Seguridad Privada
El segundo roce reciente tuvo como escenario un acto protocolario celebrado en Madrid en mayo con motivo del Día de la Seguridad Privada. La decisión del Ministerio del Interior de dar en el mismo un importante protagonismo a los representantes del Instituto armado provocó la airada reacción de los representantes sindicales de los policías, que interpretaron la decisión del Ministerio como una prueba más de que el gobierno del PP restringía "lenta e inexorablemente" su ámbito competencial. Las cuatro organizaciones representativas enviaron entonces al propio Fernández Díaz una carta criticando duramente el desarrollo del evento y anunciándole que iban a enviar una misiva a Soraya Sáenz de Santamaría. Ésta la entregaron finalmente en Moncloa el pasado 2 de junio, el mismo día de la abdicación del rey, y en la misma los sindicatos mostraban su "profundo malestar" por la situación que estaban viviendo y acusaban al ministro de amparar al Instituto armado en lo que consideran una apropiación indebida de funciones.
La bomba del consulado
Estos episodios de tensión se han repetido a lo largo de la actual Legislatura. Así, en febrero de 2013, agentes de ambos cuerpos tuvieron un agrio enfrentamiento sobre a quién le correspondía actuar ante un paquete sospechoso hallado en la sede del Consulado de Francia en Madrid. El suceso se produjo cuando los guardias civiles que se encargaban de la seguridad del edificio impidieron a los técnicos en desactivación de explosivos (Tedax) de la Policía acceder al edificio alegando que la competencia del caso correspondía al Instituto armado. La bronca subió de tono cuando, tras recoger finalmente el paquete sospechoso los agentes de la Policía, un oficial de la Guardia Civil les obligó a entregárselo. Finalmente, fue la Benemérita quien se encargó de analizar el objeto que resultó finalmente inofensivo. El incidente obligó aquel día a intervenir a altos cargos de Interior para calmar los ánimos y poner orden. Ambos cuerpos remitieron sendos escritos al titular del departamento pidiéndole que fuera él quien determinase a qué Cuerpo le correspondía actuar en este tipo de casos.
Una falsa alarma de bomba, un acuerdo con Colombia y el crimen de los niños de Córdoba también han provocado roces entre ambos cuerpos policiales
En diciembre del año pasado volvieron a sonar los tambores de guerra. La firma de un acuerdo de cooperación entre la Guardia Civil y un cuerpo policial de Colombia provocó un enorme enfado en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, donde se consideraba que con este convenio se invadía de nuevo un ámbito de su competencia. En este caso, las relaciones internacionales con las fuerzas de seguridad de otros países. El malestar fue aún mayor porque no se tuvo noticia del mismo hasta que el Ministerio colgó en su página web una nota para informar a la prensa. Desde diferentes ámbitos de la Policía se calificó entonces este episodio como el ejemplo más claro de la supuesta política de Jorge Fernández Díaz por favorecer al Instituto armado.
Incluso el crimen de los niños de Córdoba ha provocado roces entre ambos cuerpos. Entonces, una asociación de guardias civiles lanzó un comunicado en el que vertía duras críticas contra el CNP por el error en la identificación de los huesos hallados durante la investigación. El escrito provocó una lluvia de comunicados de las organizaciones sindicales de la Policía en los que éstas aireaban los fallos que anteriormente habían tenido como protagonistas a guardias civiles. En uno de estos comunicados se llegaba a afirmar que la crítica por el caso de los niños de Córdoba escondía, de hecho, "un desesperado intento [de la Guardia Civil] de dejar sin efecto por la vía de los hechos la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de paso invadir, con cierto aire de legitimidad, competencias que la Ley atribuye en exclusiva al Cuerpo Nacional de Policía". Esa guerra continúa, ahora con Europa como campo de batalla.
