Seis de los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pedido que se actúe contra el fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, por las "imputaciones" que aseguran que ha hecho contra el juez José Castro en su recurso contra la imputación de la infanta Cristina, según recoge Efe. La comisión permanente del Poder Judicial estudiará este martes este asunto en una reunión que ha sido convocada a las 17:00 horas, han informado fuentes de la institución.
Los vocales han pedido al CGPJ que manifieste la necesidad de que las partes, en cualquier proceso, "mantengan el respeto y la lealtad institucional debidos y se cuiden de no desacreditar la labor jurisdiccional de los jueces y magistrados", según las fuentes.
Los firmantes del escrito, en el que muestran su preocupación "por las imputaciones" que el fiscal realiza en su recurso contra el juez Castro, son Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáenz y Pilar Sepúlveda.
Estos vocales consideran que en el recurso el fiscal utiliza expresiones como que el juez se fundamenta en "el pilar inicial" de la "certeza absoluta" de la culpabilidad de la infanta o que el instructor tenía "el puerto de destino determinado antes de iniciar la investigación", con relegación de "los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia". Las afirmaciones del fiscal podrían rebasar su función constitucional en defensa del interés general y exceden los legítimos márgenes argumentales de los medios jurídicos de impugnación, según los firmantes del escrito.
Para estos vocales, las valoraciones "de índole personal" del fiscal son susceptibles de "desmerecer la confianza de la sociedad en sus juzgados y tribunales, generar en la ciudadanía una grave sospecha de falta de imparcialidad en la labor que realizan a diario jueces y magistrados y minar la confianza pública que debe inspirar en todo momento la actuación del Poder Judicial".
El pasado jueves, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach consideró que el juez del caso Nóos basaba su decisión de mantener la imputación de la hermana del Rey en "meras conjeturas", al tiempo que sostuvo que sufría "contaminación judicial por la influencia de los medios de comunicación" y despreciaba indicios exculpatorios. El fiscal sostuvo en su escrito que el juez ha actuado "imbuido por oleadas previas de interesados inputs mediáticos" y le ha achacado que despreciara "indicios de notable fuerza exculpatoria" hacia la infanta.
Según el fiscal, el instructor ha construido "un andamiaje probatorio con una falsa apariencia de solidez" para imputar a la infanta, que se desmoronaría con "una leve brisa" porque se basa en tres circunstancias de "nulo valor incriminatorio": que es socia de Aizoon, esposa de Iñaki Urdangarin y pagó gastos personales con cargo a dicha empresa que poseen al 50%.
El propio juez contestó, en declaraciones a los periodistas, que el fiscal tendría que haber presentado "una querella" contra él "por prevaricación" si considera que ha cometido este delito, tal como le atribuye en el escrito con el que recurre el auto en el que el magistrado mantiene la imputación de la infanta Cristina.
"Creo que si el Ministerio fiscal cree lo que escribe, y habría que suponer que sí, lo que tiene que hacer es presentar, tenía que haberlo hecho ya, una querella contra mí por prevaricación", afirmó el juez a su llegada a los juzgados.
