La reforma judicial que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio que dirige Félix Bolaños -Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes- amenaza la continuidad de los procesos contra destacados dirigentes de ETA, al erosionar la capacidad de actuación de las acusaciones representadas por asociaciones de víctimas del terrorismo. En los últimos tiempos varios jefes terroristas se han enfrentado a procesos judiciales para dirimir su responsabilidad ante diversos atentados, como lo son Josu Urrutikoetxea, más conocido como Josu Ternera, Mikel Albisu Iriarte, alias Mikel Antza, o Iñaki Gracia Arregui, Iñaki de Rentería.
Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli inciden en que la reforma que se ha bautizado mediáticamente como la Ley Begoña -por los efectos que tendría en procesos como el que afectan a la esposa de Pedro Sánchez, entre otros- tendría efectos directos sobre causas contra dirigentes de ETA como las que se vienen desarrollando en la Audiencia Nacional.
Muchas de ellas se han impulsado bajo asociaciones como Dignidad y Justicia, cuya actuación ha devenido en nuevas investigaciones a los dirigentes de ETA que ocupaban las cúpulas de la organización terrorista en algunos de los atentados perpetrados por sus comandos y que, hasta la fecha, no tenían ninguna sentencia contra los pistoleros. Esta iniciativa tenía por objetivo arrojar luz judicial sobre el modus operandi en estos atentados y paliar los agujeros del sistema en cientos de asesinatos que, tras medio siglo de historia criminal, siguen sin resolverse.
Algunos de los casos más sonados están relacionados con el asesinato del edil Miguel Ángel Blanco, que supuso la imputación de Mikel Antza e Iñaki de Rentería, junto a José Javier Arizkuren Ruiz, alias Kantauri, y María Soledad Aguirre, alias Anboto. Causa que la Audiencia Nacional finalmente archivó por considerar que los hechos estaban prescritos.
Pero hay más. Porque estas iniciativas impulsadas desde acusaciones representadas por asociaciones como Dignidad y Justicia también han abierto camino ante la Justicia en asesinatos como el de José José Francisco de Querol, magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, el de los policías nacionales Julián Embid y Bonifacio Martín, en la localidad navarra de Sangüesa; o el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante), que acabó con la vida del jubilado Cecilio Gallego y la niña de seis años Silvia Martínez.
Actuación de las acusaciones
La proposición de ley presentada por el PSOE afectaría a todos estos procedimientos en tanto que limita la actuación de estas acusaciones. La conocida como Ley Begoña impediría que partidos políticos y asociaciones puedan ejercer como acusación en procesos judiciales, limitando esta actuación estrictamente a la Fiscalía.
Una medida que ha despertado suspicacias en esferas políticas y judiciales, obligando a revisar algunas de las causas más mediáticas que no habrían prosperado en caso de haber limitado previamente las acusaciones. Las más sonadas son las que afectan a Begoña Gómez y a David Sánchez Pérez-Castejón, conocido como David Azagra, hermano del presidente del Gobierno. Pero también las que afectan a dirigentes de ETA ante atentados por los que no ha habido ninguna condena a sus autores, ya sean materiales o intelectuales.
Los procesos judiciales o la gestión de los presos de ETA son algunas de las reivindicaciones que formulan partidos de la izquierda independentista vasca, cobijados bajo el paraguas de EH Bildu. En relación con los reclusos, el Gobierno de Pedro Sánchez, de la mano del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, se ha puesto fin a su reparto por centros penitenciarios de toda la geografía nacional; una medida que se implementó para favorecer su aislamiento y alejamiento de los preceptos terroristas.
Tras las consabidas cascadas de acercamientos, todos los presos de ETA -salvo contadas excepciones en el extranjero- ya cumplen condena en cárceles del País Vasco o Navarra. Cabe recordar que las competencias penitenciarias están transferidas al Gobierno regional de Imanol Pradales: asociaciones de víctimas denuncian ahora el favorecimiento de regímenes de semilibertad a etarras auspiciados por el ejecutivo vasco.
En cuanto a nuevos procesamientos de miembros de ETA, incluidos sus jefes, se cierne una nueva amenaza. Y esta llega de la mano de la reforma judicial planteada desde Moncloa que, según fuentes juficiales, socavaría la oportunidad de que las asociaciones formen parte del procedimiento como acusaciones.
MataNarcisos
31/01/2025 13:24
Matar dos pájaros de un tiro, se refiere la frase célebre, acabamos con las denuncias a la "Pichona" y de paso pagamos los votos de las manos sangrientas de los ex-etarras.... ¿ven ahora los pájaros?...
aherraiz
31/01/2025 18:16
Esa REFORMA amenaza a todos los españoles ,no a los ETARRAS