Denunciantes de causas corruptas en España alertan, en el Día Mundial de los Alertadores de corrupción, de que las instituciones públicas dejan desprotegidos a quienes dan un paso adelante contra las ilegalidades. Y urgen al Gobierno a aplicar ya la directiva 'whistleblower' de la Unión Europea, la cual, acumula medio año de retraso y que aspira a dar más protección a los informantes.
"Cuando tú denuncias algo, el sistema se vuelve contra ti. Yo era como una niña inocente que creía en la Justicia. Si llego a saber que la corrupción y la impunidad son de tal nivel, yo no denuncio", asegura la abogada Pura Strong. P. Strong, especializada en prevención de blanqueo y fraude, denunció un entramado de blanqueo de fondos de más de 52 millones de euros en Gibraltar, Reino Unido y España. En declaraciones a Europa Press, Strong menciona que, tras denunciar en 2012, pasó a ser el objetivo de prácticas "totalmente mafiosas", como recibir fotografías del interior de su casa o ser querellada por parte de las entidades a las que había denunciado.
Un calvario de indefensión y amenazas que, según ella misma relata, tuvo su punto y final el año pasado, cuando pudo pagar casi 300.000 euros a los querellantes. Quienes al recibir el dinero retiraron las querellas. No pararon hasta que les dio "todo lo que tenía": "Una vez que perdimos todos los pleitos, tuve que vender mi casa". Según Strong, los denunciantes no tienen ningún amparo, "ni judicial ni de ninguna clase", frente a la "impunidad" de los denunciados. Y, económicamente, es "muy difícil" actuar contra presuntos corruptos si son poderosos: "Las represalias son inmediatas. En cuanto supieron que yo era la denunciante, fueron a por mí con todos los medios económicos, legales e intimidatorios".
Preguntada por si ha sentido soledad, Strong prefiere afirmar que ha sufrido "desprecio" y un "vacío absoluto" desde las instituciones: "Aunque la página web de Hacienda diga que las denuncias son seguras, es falso. En todos los casos que conozco de denunciantes, siempre averiguan quién ha sido. Eres un don nadie".
Los denunciantes no tienen ningún amparo, ni judicial ni de ninguna clase, frente a la impunidad de los denunciados
"Cuando tú te enfrentas con una persona importante, te dan la espalda, como si tú, en lugar de ser el denunciante, fueras el malhechor, el que ha cometido esos fraudes. Te hacen sentir así. Instituciones públicas, también judiciales, te dicen que te olvides", lamenta al hacer hincapié en el efecto bumerán. La abogada, en este sentido, explica que en España no existe por ahora la denuncia anónima, sino que el denunciante ha de aportar su nombre, apellidos y DNI. Además, recomienda que nadie denuncie por su cuenta ni aporte sus datos personales en la documentación.
En su caso, la gente sobre la que había alertado se enteró, dice, por un chivatazo desde dentro de la Administración. "Obviamente, hay personas con medios para averiguar quién les ha denunciado. Tienen todo el dinero del mundo para que tu vida sea un infierno", avisa.
Strong, en todo caso, no se arrepiente de haber denunciado porque es la "lección" de su vida. "He aprendido que no hay que denunciar, y mira que me paso la vida dando formación en antiblanqueo". Denunciar de forma individual, sin asesoramiento, matiza. "Ahora bien, hay que tomar conciencia de que ellos no son los malos y nosotros los buenos, sino de que todos somos responsables de la corrupción. Hay jueces buenísimos, pero hay jueces corruptos también. Como abogados. Sigo adelante con mi vida, pero es un aprendizaje muy violento. Ahora mismo no me arrepiento", asegura.
En España no existe por ahora la denuncia anónima
Otra denunciante de corrupción es Gracia Ballesteros, ingeniera de profesión y exgerente territorial de la empresa pública Acuamed que desveló irregularidades en la adjudicación de contratos de obra. Lo denunció en 2014 y, antes de ser despedida en 2015, envió una carta al Ministerio de Medio Ambiente para poner en su conocimiento la "irregularidades" en la compañía. Y le solicitó a la administración que tomase medidas para que cesaran estas prácticas y el "acoso" hacia ella.
"Después de diez meses de tenerme totalmente aislada dentro de la empresa, me despidieron", cuenta Ballesteros, que incide en las consecuencias de su paso adelante: "El coste personal es muy grande porque sufres amenazas, difamación y la familia sufre contigo". Sacar los trapos sucios le supuso un rosario de procesos civiles y penales a los que ha tenido que responder legal y económicamente. "Te arruinas a ti y a tu familia simplemente por hacer algo que tú considerabas correcto", lamenta en declaraciones a Europa Press.
Con motivo del Día Mundial de los Alertadores, la Fundación Hay Derecho censura el retraso "muy grave" en España para implantar la directiva europea con la que se busca proteger a los informantes. Sin ella, están "prácticamente solos", avisa en un comunicado. La directiva europea intenta ofrecer nuevos canales eficientes contra la delincuencia y la corrupción, para proteger de manera especial a las personas que trabajan para una organización pública o privada o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales, que suelen ser las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público.
En diciembre de 2021 acabó el plazo marcado por Bruselas al Gobierno para la trasposición de la directiva 'whistleblower'. En marzo de este año, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó un anteproyecto de ley a propuesta del Ministerio de Justicia, una iniciativa que aún está pendiente de su aprobación definitiva.
Safira Cantos, directora general de Hay Derecho, critica en el comunicado que el Gobierno ha superado los dos años de plazo para aplicar esta directiva y apunta a lagunas en el anteproyecto de ley para trasponerla al derecho nacional. "No parece entender la urgencia de contar con una ley que ponga fin a la extrema situación de vulnerabilidad en la que viven las personas que, por hacerlo lo correcto, se ha demostrado que arruinan sus vidas", afirma.
La directiva europea, explica Cantos, fija unos mínimos en materia de protección y anima a los países a introducir mejoras de cara a evitar que los denunciantes de corrupción sufran amenazas de muerte, asaltos en casa, acoso a familiares o extorsión económica. Entre las debilidades del anteproyecto de ley, la directora de Hay Derecho se refiere a la obligación de abrir canales internos de denuncia en los organismos, ya sean públicos o privados, así como la sugerencia de que se acuda "preferentemente" a ellos a denunciar.
Cantos considera que si estos canales no son bien gestionados, de nada servirá la posibilidad del anonimato, que quedará anulada y dará pie a represalias laborales y personales. También demanda que las ayudas económicas y psicológicas no sean excepcionales. Y, por último, critica que la protección sea solo aplicada a las personas que mantengan una relación laboral con la institución o las personas denunciadas, puesto que, de ser así, se impediría a terceros denunciar aunque estén al corriente de infracciones graves.
