Altos cargos del Gobierno y de las comunidades autónomas se reunirán este viernes para preparar un plan de choque "ante la gravedad de los últimos casos conocidos de explotación sexual de menores en el sistema de protección a la infancia", según fuentes del ejecutivo.
La reunión de este sábado será de altos cargos, pero debe ser preparatoria para otra convocatoria, por parte de los ministerios de Igualdad y de Derechos Sociales, de una Conferencia Sectorial conjunta con las comunidades autónomas para abordar este problema "de la forma más coordinada y efectiva posible".
Aunque el Gobierno reconoce que la competencia sobre el asunto es autonómica, propondrá a las comunidades trabajar conjuntamente los protocolos y un plan de choque.
Fuentes de los ministerios de Igualdad y Derechos Sociales han informado de que serán la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, quienes se reúnan con los responsables autonómicos.
Se trata de una primera toma de contacto con el objetivo de abordar un plan de choque en los centros de protección de la infancia "contra todas las violencias machistas, incluyendo un protocolo específico para la explotación sexual, enfocado en la detección precoz, con la protección de la infancia como máxima prioridad", según las fuentes.
El Ejecutivo reacciona de este modo ante la emergencia de los casos conocidos, entre ellos en País Vasco, donde la Fiscalía de Álava solicitó más de 100 años de cárcel para 10 personas acusadas de pagar por tener sexo con menores tutelados por la Diputación alavesa.
La 'operación Sana' en Madrid condujo a la detención de 37 personas y la liberación de 10 menores, varias de las cuales residían en centros de protección de la región.
Los hechos que han dado origen a esta causa salieron a la luz en noviembre de 2016, cuando los menores abusados estaban bajo la tutela de la Diputación Foral de Álava. Las víctimas, al menos cinco, tenían entre 14 y 17 años y estaban internas en el centro en régimen abierto.
Mucho más cercana en el tiempo es la investigación de la 'operación Sana' en la Comunidad de Madrid, que el pasado 30 de noviembre condujo a la detención de 37 personas y la liberación de diez menores de edad, varias de las cuales residían en centros de protección de la región.
Gestión de los centros de menores
La consejera madrileña de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, reprochó este jueves a los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid que utilicen este caso para "ocultar sus miserias" con respecto a lo ocurrido "en Baleares y Valencia, solo para ganar votos en Madrid". "Aquí no hay caso", afirmó.
Hacía referencia Dancausa a que en los últimos años también se han registrado denuncias en otras comunidades como Baleares o la Comunidad Valenciana.
Poco antes de la comparecencia de la consejera, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, decía en la Asamblea que "los casos conocidos que afectan a varias menores conmocionan a todos. No hay políticos que puedan sentir más o menos repulsa según sus ideas".
"La diferencia es cómo se actúa cuando estos casos suceden", aludiendo así a las acusaciones a otros ejecutivos autonómicos de no haber colaborado en las investigaciones de estos casos.
