La Audiencia Nacional da tres meses más de vida a la investigación contra el BBVA en el caso Villarejo. El magistrado al frente de las diligencias ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y alarga el caso sin llegar a prorrogarlo medio año, como viene siendo habitual desde que arrancaron estas pesquisas. Ello demuestra que la causa encara su recta final y todo apuntar que terminará, a más tardar, en abril de este año.
Así consta en la nueva documental adherida al sumario, a la que ha tenido acceso Vozpópuli y en el marco de la cual el juez explica que todavía quedan diligencias por practicar en aras a depurar la responsabilidad penal de los encargos del BBVA al comisario jubilado durante más de 14 años, que le llevaron a convertirle en uno de sus clientes VIP. Entre dichas diligencias se encuentra la de interrogar como imputados a tres empleados del banco.
Se trata de Óscar Santos, Simón Galera Rodríguez y José Manuel Cantero, empleados de diferentes áreas del BBVA. Todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar cuando acudieron a la sede judicial el pasado mes de octubre, si bien han pedido una nueva comparecencia. A ello se añade que todavía faltan por adherir a estas diligencias los informes del Sepblac solicitados, mientras que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía también tiene pendiente analizar los correos del entramado empresarial de Villarejo que obran en la causa.
Diligencias "esenciales"
Además, todavía no se ha efectuado ofrecimiento de acciones a las decenas de personas que según la Fiscalía serían perjudicadas de todos los espionajes encargados por la entidad que ahora preside Carlos Torres. También tienen que desfilar por la Audiencia Nacional los responsables de las periciales para que ratifiquen sus conclusiones. Sin olvidar que PwC, firma a la que el BBVA encargó un forensic para depurar responsabilidades, todavía tiene que aportar la información requerida sobre este asunto.
PwC informó a la Audiencia Nacional el 17 de enero que no había entregado al BBVA las evidencias digitales sobre Villarejo y que destruyó la información que obraba en sus servidores
"En concreto, el oficio a PWC no ha podido ser cumplimentado, dado que dicha mercantil alegó en escrito fechado el 17 de enero de 2023 que había hecho entrega de las evidencias digitales a su cliente, destruyendo toda la información que obraba en sus servidores", explica el magistrado Manuel García Castellón en un auto firmado este miércoles.
Por todo ello da tres meses más vida a una causa que se remonta a diciembre de 2018 y que habría acreditado pagos de 10,3 millones de euros del banco al entramado de Villarejo para acometer más de una decena de trabajos de inteligencia y espionajes. Aunque los investigadores quieren ir terminando la investigación para enviar la causa a juicio, de momento consideran que las diligencias que restan por practicar son "esenciales" para el esclarecimiento de los hechos. Los mismos motivaron más de una decena de imputaciones entre exaltos cargos del BBVA, incluido el banco como persona jurídica.
Precisamente la entidad es uno de los actores que se oponen a alargar más estas diligencias. Al respecto sostienen que el debate sobre los hits de PwC (relativos a los espionajes y sus víctimas) habría quedado "zanjado" cuando se entregaron más de 2,3 millones de evidencias para que las analizara la Policía. Del mismo modo arremeten contra víctimas de los encargos como el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, o la cúpula de Ausbanc, y se oponen a que accedan a esta documental.
BBVA pide el fin
Los perjudicados sostienen que se les ocultó información determinante analizada por PwC y que debería ser aportada al caso Villarejo. El banco, por su parte, alega que "no está justificado que este tipo de información confidencial y secreta acabe en manos de las acusaciones por el simple hecho de que lo hayan pedido". "El bucle en el que se está introduciendo la instrucción puede ser interminable", añaden.
Además del BBVA otros imputados como el exresponsable jurídico de la entidad, Eduardo Ortega, también consideran que la causa está agotada. Frente a ellos se encuentran el que fuera jefe de control interno del BBVA, Eduardo Arbizu, o perjudicados como Ángel María Garay Echevarría (Ausbanc) que entienden que la investigación debe seguir adelante para esclarecer si, como dice el banco, las contrataciones fueron responsabilidad de Antonio Béjar y el exjefe de Seguridad Julio Corrochano o, por contra, está implicada la antigua cúpula de la entidad en estos hechos.
Al respecto cabe destacar que Francisco González declaró el pasado mes de diciembre de manera voluntaria para volver a desligarse de cualquier responsabilidad en la contratación de Villarejo, entonces comisario policial en activo. FG alegó que fue él y no sus sucesores, el que ordenó depurar responsabilidades cuando trascendió en prensa la relación del banco con Villarejo y señaló a Ángel Cano, exCEO del BBVA.
