La fiscal ha pedido en el juicio la absolución para los seis policías nacionales acusados de la "patada en la puerta" en una fiesta en un piso de la calle de Lagasca de Madrid en marzo de 2021 y ha estimado que hay que tener en cuenta el contexto que vivía España por la pandemia de covid-19.
La Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado este martes con cuestiones previas el juicio con jurado a un subinspector y cinco agentes de la Policía Nacional, que se enfrentan a una petición de dos años y seis meses de prisión que pide para cada uno de ellos la acusación ejercida por un ciudadano inglés que tenía arrendado el piso por un supuesto delito de allanamiento de morada.
Este procedimiento es el caso de "patada en la puerta" más conocido ya que las personas que estaban en el piso donde se celebraba la fiesta grabaron la intervención policial en la madrugada del 21 de marzo de 2021.
La representante del Ministerio Público ha reconocido que existió allanamiento de morada pero estima que a los cinco agentes hay que eximirles la pena porque actuaron en cumplimiento del deber por la orden de su superior y también al subinspector porque creía que podía entrar sin autorización judicial por apreciar la comisión de un delito flagrante de desobediencia a la autoridad.
Según el relato de la fiscal los hechos ocurrieron en la madrugada del 21 de marzo de 2021 cuando un vecino del inmueble del número 18 de la calle de Lagasca requirió la presencia policial por la fiesta que se estaba celebrando en uno de los pisos incumpliendo la restricciones establecidas en la declaración del estado de alarma para contener la propagación de infecciones del coronavirus.
Desobediencia grave a la autoridad
Añade que al llegar comprobaron la existencia de la fiesta por el ruido de la música y las voces ante lo que el jefe del operativo requirió a los participantes que salieran para identificarse al haber incurrido en una infracción, negándose a hacerlo durante 45 minutos, ante lo que el subinspector ordenó entrar para lo que usaron un ariete para abrir la puerta y acceder al piso donde practicaron varias detenciones.
El abogado defensor Juan Antonio Frago ha mantenido la inocencia de los acusados y ha ido más allá que la fiscal al comentar: "No buscamos limosna ni conmiseración por la situación de pandemia que vivía España ya que la actuación de los policías era legal con o sin covid ya que entraron al estar cometiéndose un delito flagrante de desobediencia grave a la autoridad al negarse a ser identificados".
Ha añadido que entre los asistentes a la fiesta se encontraba una mujer española que amenazó a los agentes diciéndoles: "No saben quién soy yo".
El letrado ha indicado que se trata de una bisnieta de Antonio Iturmendi, "que fue ministro de Justicia con Franco", que participó en la fiesta junto con "una prima hermana de la futura duquesa de Alba", es decir personas con "familias poderosas".
Y ha señalado que además estuvieron en la fiesta junto a ellas, el citado ciudadano inglés, cuatro de Emiratos Árabes, uno de Arabia Saudí, un búlgaro y una francesa y ha mostrado su extrañeza por el hecho de que finalmente todos ellos fueran puestos en libertad sin pasar a disposición judicial.
Al respecto, el abogado de la acusación particular, Juan Gonzalo Ospina, ha estimado que insinuar que hubo una "mano negra" para que detenidos en esta actuación quedaran en libertad "es una falta de respeto a los jueces".
Ha señalado que el procedimiento por el supuesto delito de desobediencia a la autoridad fue archivado y ha estimado desproporcionada la "patada en la puerta" sin autorización judicial pues en todo caso lo que se estaba cometiendo era una infracción administrativa, por lo que "se saltaron a la torera el procedimiento".
