La Memoria de la Fiscalía General del Estado 2012 pide que se refuerce la oficina fiscal con una policía especializada y con inspectores de Hacienda para que pueda luchar eficazmente contra la corrupción, un fenómeno sobre el que muestra tanta preocupación como la ciudadanía. En la Memoria 2012 que ha presentado hoy el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce destaca que en los últimos 3 años se ha registrado un incremento del 17 % en las causas abiertas por delitos relacionados con la corrupción (malversación, prevaricación, tráfico de influencias...).
"Es una de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía, de acuerdo con las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Esta percepción también es compartida por la Fiscalía", señala. Por otro lado, y en cuanto al resto de delitos, la Memoria informa de que, en términos comparativos con el año 2011, el número de procedimientos incoados ha descendido: en 2012 se incoaron un total de 4.336.255 causas, mientras que en 2011 se abrieron 4.477.380.
Aumentan los delitos contra la libertad (detenciones ilegales, amenazas, coacciones) y algunos delitos contra la propiedad
Los juicios de faltas incoados directamente en el año 2012 fueron 793.834, lo que también supone un ligero descenso en relación al año 2011. Por tipos de delito, descienden los homicidios (un 10%, unos 200 menos) y las lesiones, así como, en general, los delitos contra la libertad sexual, aunque paradójicamente, mientras se han abierto menos actuaciones por agresiones a mayores de edad (un 10 % menos), han aumentado mucho las dirigidas a luchar contra abusos a niños (un 30% más, 341 actuaciones más que en el año anterior).
No puede ayudar a los preferentistas
La Fiscalía reconoce en su Memoria correspondiente a 2012 que "muchos particulares" que adquirieron preferentes han acudido a ella en busca de asesoramiento ante las ofertas de arbitraje de las entidades bancarias, pero que no ha podido proporcionárselo "al estarle expresamente vedado".
Cuando se acude al arbitraje, las partes renuncian al ejercicio de acciones judiciales y deben someterse obligatoriamente al laudo arbitral, sin que el Ministerio Público pueda intervenir en forma alguna en el procedimiento. La Fiscalía dice que las preferentes son productos "que se alejan mucho de los que hasta el momento se estaban comercializando para el perfil inversor del tramo minorista y especialmente de los depósitos, dado que en ningún caso tienen una rentabilidad asegurada ni una forma de recuperar la inversión distinta a la venta del producto o, en su caso, a la espera a la fecha de vencimiento". Sin embargo, sí que ha actuado para evitar la imputación de la infanta Cristina, para sacar de la cárcel a Miguel Blesa o para recurrir el auto de la juez Alaya contra Chaves y Griñán.
Delitos contra la libertad
Aumentan los delitos contra la libertad (detención ilegal, amenazas, coacciones...) y determinados delitos contra la propiedad, singularmente los robos con fuerza en casas particulares (un 24% de incremento en las incoaciones de nuevas causas por estos delitos). La Memoria destaca también "el incremento de las causas incoadas por impago de pensiones, que alcanzó el 12 por 100", y reseña así mismo que "por segundo año consecutivo ha descendido el número de mujeres fallecidas por violencia de género, que -en esta ocasión- se cifra en 52 mujeres".
En cuanto a la corrupción, la Memoria se extiende en un análisis del fenómeno y señala que, para luchar contra ella, el ejecutivo debería dotar a la oficina fiscal de unidades de investigación criminal con policías especializados y funcionarios de la Agencia Tributaria, entre otros. Es algo que ya sucede con la Fiscalía Anticorrupción, recuerda, antes de pedir un mayor control sobre la Policía Judicial.
De entre los delitos de corrupción, la prevaricación es la que más crece, a diferencia de 2011 cuando era la malversación de caudales públicos
Sobre los delitos relacionados con la corrupción la Memoria apunta también una clara preponderancia en 2012 de la prevaricación administrativa, que supone un 23 % del total de este grupo, a diferencia de 2011, cuando imperó la malversación de caudales públicos. Sin embargo, la diferencia más destacada entre ambos años es que en 2012 han descendido las diligencias por este tipo de delitos, ya que el año pasado "se alcanzaron máximos históricos", con un total de 235 asuntos de este tipo.
Relacionados con urbanismo
El estudio de la Fiscalía a este respecto parte de que el origen del incremento de estos delitos, en su mayoría relacionados con el urbanismo aunque en el caso de Andalucía también con la desviación de subvenciones, se encuentra en el pasado, en los años de "de bonanza económica y de boom inmobiliario". No obstante, continúa, ha sido en los últimos tres años cuando estas causas han llegado a los fiscales y jueces (y, por ende, a la opinión pública). De este modo, este incremento ha coincidido con la crisis económica padecida por la ciudadanía y que genera en ésta un mayor rechazo, si cabe, contra este tipo de actividades, apunta Torres Dulce.
Pero, paradójicamente, la crisis está haciendo descender este tipo de crímenes vinculados al gasto en contrataciones públicas, especialmente Ayuntamientos, lo que empieza a reflejarse en los datos de la Memoria. En cualquier caso, Torres-Dulce recuerda que "tanto o más relevante" que las cantidades económicas que se pierden por la corrupción es "la desconfianza generalizada del ciudadano hacia las instituciones y principios que deben inspirar su funcionamiento" que provoca.
La crisis está haciendo descender el tipo de crímenes vinculados al gasto en contrataciones públicas, sobre todo ayuntamientos
Además de las citadas, la Fiscalía hace otras propuestas relacionadas con este asunto, como la creación de Juzgados de Instrucción de Criminalidad Organizada de ámbito provincial o autonómico. En relación con este punto recuerda que "desde hace ya varios años, nuestros cuerpos policiales cuentan con unidades especializadas en este tema, al igual que la Fiscalía", lo que debería llevar a una estructura similar en el Poder Judicial.
La Fiscalía propone también que se favorezca la conformidad con la pena de los acusados a través de la potenciación de los acuerdos en materia penal, para mejorar la agilidad de la Justicia y la socialización, asumiendo la propia responsabilidad, de quien haya delinquido.
El esfuerzo de los fiscales por esclarecer la sustracción de niños recién nacidos es otra cuestión destacada en la Memoria, que recuerda la intensa actividad que ha desplegado para dar respuesta a las denuncias presentadas tanto por asociaciones de afectados como por particulares
