La Generalitat alega que los nueve presos del procés a los que ha concedido el tercer grado han realizado actividades de "resolución de conflictos". Este es uno de los argumentos que el Govern destaca para concederles la semilibertad tras la propuesta que en ese sentido realizaron por unanimidad las cárceles en las que se encontraban cumpliendo condena.
"Todas las resoluciones son el resultado de un análisis individualizado. Sin embargo, en el conjunto de los casos, el Servicio de Clasificación coincide en subrayar la participación en actividades de razonamiento, juicio crítico y resolución de conflictos", dice la nota de prensa oficial difundida este martes por la Consellería de Justicia. Así han comunicado que los líderes independentistas saldrán a la calle en régimen de semilibertad tan solo nueve meses después de la sentencia que en octubre del año pasado les condenó a penas de entre nueve y 13 años de cárcel por sedición.
El Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la víctima (Instituciones Penitenciarias de Cataluña) también dice haber tenido en cuenta que "todos los internos disponen de una red social y familiar favorable para la rehabilitación, junto con un pronóstico de bajo riesgo de reincidencia".
Desde el propio juicio hasta en fechas recientes, varios de los condenados han dicho públicamente que volverían ha repetir los hechos por los que fueron condenados, si bien es cierto que su condena conlleva también inhabilitación para ejercer como de cargo público.
Nueve meses después de la condena
Ingresaron en prisión a finales de 2017 y permanecieron dos años en prisión preventiva. Poco después de la condena, desde principios de año, ya empezaron a disfrutar de las primeras salidas por medio del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar el cumplimiento de la condena.
Los nueve presos del procés llevan meses entrando y saliendo de la cárcel casi a diario gracias a ese artículo que ahora está sobre la mesa del Tribunal Supremo. Los jueces que condenaron a los líderes independentistas también tendrán la última palabra en caso de que la Fiscalía agote su posibilidad de recurso ante el juez de Vigilancia Penitenciario y el alto tribunal.
Desde que las juntas de tratamiento formularon las respectivas propuestas, el equipo del Servicio de Clasificación disponía de un máximo de dos meses para estudiarlas, sin embargo han tomado la decisión en solo dos semanas. No existe plazo para que los tribunales decidan sobre los eventuales recursos.
Ahora, las juntas de tratamiento de cada uno de los centros penitenciarios establecerán las fechas a partir de las que se aplicarán los terceros grados, los horarios concretos y, en su caso, los cambios en las actividades que desarrollan fuera de los centros penitenciarios.
Existen muchos modos de cumplir el tercer grado según el Reglamento Penitenciario, incluido el control telemático. En caso de que la Consellería no estuviese de acuerdo con la propuesta de las Juntas podría presentar una contrapropuesta, pero esto solo sucede en el 5 por ciento de los casos, según datos de la Generalitat.
