La Audiencia Nacional ha enviado al vicepresidente Pablo Iglesias al Tribunal Supremo por el caso Dina. La Justicia ha tumbado las restricciones de movilidad impuestas por Sanidad en su conflicto con Madrid. También ha estimado que los profesionales sanitarios carecieron de los medios de protección necesarios al inicio de la pandemia. Además, la Audiencia Provincial ha desestimado la querella de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por una campaña de acoso en los alrededores de su casa.
Todas estas resoluciones, dictadas en poco más de 24 horas, marcan la semana horribilis del Gobierno en los tribunales. Alarga así su conflicto con el Poder Judicial en plena guerra por renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la decisión de impedir la presencia del rey Felipe VI el pasado 25 de septiembre en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. Días después, el órgano de gobierno de los jueces procedió a nombrar plazas claves en el Tribunal Supremo, varias de ellas en la Sala de lo Penal.
El Ejecutivo lo entendió como un desafío ya que el órgano de gobierno de los jueces lleva en funciones desde hace dos años, incapaz de renovarse por la falta de acuerdo con el PP. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, había mostrado en público su oposición a esos nombramientos mientras no cambiasen los miembros del Consejo. En la revuelta participaron incluso los vocales del sector progresista. El último movimiento por parte del presidente Pedro Sánchez fue anunciar una reforma legal para reducir la cantidad de diputados necesarios para acometer la renovación de la Justicia y no tener que depender de los votos populares en el Congreso de los Diputados.
Los 20 miembros que integran el Consejo General del Poder Judicial no dictan sentencias, pero eligen las plazas de los principales puestos de la carrera. De sus acuerdos surgen los jueces del Tribunal Supremo y los puestos de responsabilidad en las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia.
El cierre de Madrid
Este jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid irrumpió en el conflicto que arrastra el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso con el Ministerio de Sanidad. En contra del criterio de la Fiscalía, tumbó las restricciones que había impuesto Illa a partir del Consejo Interterritorial de Salud que suponían el cierre de Madrid. Los argumentos del tribunal es que la norma impuesta por el Gobierno supone una vulneración de derechos a diferencia de las que venía usando la Comunidad de Madrid para restringir zonas específicas.
Ante la falta de seguridad jurídica y el limbo en el que se ha sumido Madrid a las puertas de un puente de fin de semana con riesgo de desplazamientos masivos, el Gobierno se ha visto obligado a explorar medidas de urgencia. Vozpópuli informó que el frente político abierto con la Comunidad ha supuesto un fuerte desgaste para el Ejecutivo. Fuentes socialistas creen que Pedro Sánchez se ha visto perjudicado por un mal cálculo de su director de Gabinete, Iván Redondo, y consideran “un error” la reunión con Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol de hace varias semanas.
El miércoles, el juez que investiga el caso Dina dejó a Pablo Iglesias a un paso de la imputación en el Supremo por tres delitos: denuncia falsa, revelación de secretos con agravante de género y daños informáticos. El magistrado Manuel García Castellón elevó al alto tribunal una exposición razonada de 63 folios con expresiones muy contundentes contra Podemos y su líder. Le acusa de haber fingido una campaña en su contra ante la Audiencia Nacional para sacar rédito político.
Respuesta de Iglesias
La decisión ha obligado al Gobierno a salir al paso. El presidente Sánchez manifestó su apoyo a su vicepresidente. El propio Iglesias declaró que no valora dimitir y apunta a una persecución del juez por razones ideológicas. "En este país todavía no se ha condenado ni imputado a nadie por sus ideas", dijo este jueves en una entrevista radiofónica en la que se mostró convencido de que el Tribunal Supremo terminará archivando el caso.
De nuevo en el frente sanitario, la Sala Tercera del Tribunal Supremo dio a conocer el mismo jueves su decisión sobre el recurso presentado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Este colectivo denunció la inactividad del Ministerio de Sanidad por no poner a disposición de los profesionales sanitarios los equipos de protección individual necesarios tras la declaración del Estado de alarma. Los jueces estiman parcialmente el recurso porque el Gobierno incurrió en un riesgo para sus derechos fundamentales ante la falta inicial de medios.
Precisa la resolución que la carencia de equipos se debió a la incapacidad de suministrárselos del Sistema Nacional de Salud que integra el conjunto de servicios de salud del Estado y de las Comunidades Autónomas y no solamente de la Administración General del Estado o del Ministerio de Sanidad. No obstante, dirigiéndose la demanda contra el Ministerio de Sanidad, el pronunciamiento no puede extenderse más allá.
Irene Montero
Por su parte, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de Irene Montero contra el auto de archivo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Collado Villalba (Madrid) de la querella contra una concejal de Vox por coacciones y acoso. En su querella, la ministra denunciaba las caceroladas diarias, a lo largo de dos meses y cinco días, en la puerta de su domicilio familiar, así como la publicación de imágenes de dichas concentraciones en la red social Twitter.
Creen los jueces que los hechos carecen de relevancia penal y no se corresponden con la acción de hostigamiento. Alegan que eran convocatorias al aire libre y en zona de campo y que el horario y su duración acotada en el tiempo, mediando una distancia aproximada de unos 30 metros frente a la valla del inmueble familiar que comparte con el vicepresidente Iglesias. Este auto es firme, ya que contra él no cabe recurso alguno.
En un plano menor, Podemos también ha conocido este jueves que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella que presentó contra el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch por presuntos delitos de provocación a la rebelión, amenazas al Gobierno y de odio por razón de ideología. Se basaban en dos tuits que publicó en enero de 2020, pero el alto tribunal estima que los hechos constitutivos de ilícito penal alguno.
