La operación Lezo, que investiga presunta financiación ilegal del PP y operaciones en el extranjero del Canal Isabel II, ha supuesto una de las mayores intervenciones policiales en el origen de la corrupción: las empresas. Tras la detención de Ignacio González, la Guardia Civil ha entrado en varias empresas para buscar documentación que permita trazar todo el recorrido de la presunta trama corrupta. Las principales firmas investigadas, y a las que han entrado agentes de la Guardia Civil son:
Canal de Isabel II
Es el punto de partida de la operación Lezo. Las supuestas operaciones irregulares de la empresa pública de agua en la época en la que Ignacio González fue su responsable han destapado la que parece enésima trama de corrupción y financiación irregular del Partido Popular. En la operación, entre otros, han sido detenidos Ignacio González; el hermano del expresidente madrileño, Pablo González; Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Hispanoamérica; y María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal. Lourdes Cavero, esposa del expresidente de Madrid, está siendo investigada
Entre los delitos que se investigan destaca la compra fraudulenta de la empresa Emissao, que fue denunciada por el propio Canal de Isabel II, tras un sonado pelotazo con la compra de esta sociedad en Sudamérica que puso sobre la pista de los hechos delictivos a los investigadores.
OHL
Fuentes consultadas por Vozpópuli aseguran que la Guardia Civil está investigando movimientos del Grupo Villar Mir. Afirman que la compañía está colaborando con las fuerzas de seguridad y niegan que la empresa haya realizado ningún pago o comisión a partido político alguno. La benemérita sigue el rastro de una presunta comisión de 1,4 millones de euros abonadas en 2007 en una cuenta en Suiza. Según las tesis de los investigadores el pago estaría destinado al expresidente autonómico Ignacio González por el contrato millonario del tren de Navalcarnero, otorgado por la Comunidad de Madrid a la empresa Juan Miguel Villar Mir. Los fondos para la presunta mordida pudieron transferirse desde una filial de OHL en México.
PwC
Este jueves, agentes de la Guardia Civil han requerido documentación relacionada con un familiar de uno de los imputados en la operación Lezo. Según fuente consultadas por Vozpópuli, cuatro agentes de paisano se han personado en una de las torres de Castellana y han requerido el acceso a un ordenador concreto de uno de los trabajadores de la firma auditora para investigar los contratos que en su momento logró PwC con el organismo de la Comunidad de Madrid.
PwC suscribió acuerdos con la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, organismo envuelto en el caso Púnica.
Indra
La Guardia Civil investiga los contratos que la empresa de informática de la Comunidad de Madrid -la Agencia de Informática y Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM)- firmó con la entidad semipública. El consejero de ICM, José Martínez Nicolás, está imputado en la operación Lezo y también en la operación Púnica
Mercasa
La compañía pública, que gestiona los mercados de abastecimiento de las ciudades españolas, como Mercamadrid o Mercabarna, también ha sido objeto de investigación. En el objetivo de esa entrada y registro se encuentra un nombre propio, el de el hermano de Ignacio González, Pablo González. Sus continuos viajes a Sudamérica han puesto a la Guardia Civil y ala Fiscalía Anticorrupción sobre la pista de su implicación. La benemérita realizó un registro el miércoles en la empresa para localizar documentación que confirme esta presunta trama corrupta.
Mercasa ha llevado a cabo operaciones en países como Angola a través de una empresa semipública, Mercasa Incatema, que ha mantenido relaciones profesionales con Guillherme Taveira, prófugo de la justicia española.
Saerco
Saerco, la empresa que nació de la mano de Ildefonso de Miguel -mano derecha de Ignacio González en la CAM y exdirector gerente del Canal de Isabel II en la época del expresidente de Madrid- tiene un contrato con Aena para gestionar varias torres de control de aeropuertos. En este caso, el juez Velasco indaga la vinculación entre la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid y la presunta financiación irregular del PP.
Además, según informa infoLibre, Saerco habría recibido más de un millón de euros de Aerocas, una empresa pública que gestiona el aeropuerto promovido por el condenado Carlos Fabra, y donde resultó adjudicataria de la torre de control del aeródromo, sin aviones de Castellón.
