La semana que acaba iba a ser, a priori, tranquila para el Gobierno de coalición: el candidato del PSC y ex ministro Salvador Illa quedó primero en las elecciones del domingo en Cataluña; Unidas Podem -el socio de Pablo Iglesias- revalidó sus ocho diputados en el Parlament cuando todas las encuestas pronosticaban lo contrario; y Pablo Casado bastante tiene con lamerse las heridas de un batacazo electoral que ha convertido al PP en una fuerza política irrelevante en esa autonomía.

Pero, contra pronóstico, la guerra PSOE-Podemos se ha recrudecido, ya que Iglesias no está dispuesto a que Pedro Sánchez le ningunee buscando otras alianzas parlamentarias tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El vicepresidente segundo tiene la mosca detrás de la oreja desde diciembre porque, lo que hasta entonces había sido obsequiosidad por parte del presidente del Gobierno, hoy todo son darle largas cuando no portazos, como el ocurrido este jueves en la sede del Ministerio de Transportes.

Allí, el secretario de Estado de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, mantuvo una tercera reunión con la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, y le comunicó que la Ley de Vivienda que se va a llevar a Consejo de Ministros no facultará a los ayuntamientos y las autonomías a poner un tope en los alquileres, tal como se comprometieron ambos partidos de la coalición en el documento que habían firmado en diciembre el ministro José Luis Ábalos y el propio Iglesias para desbloquear la negociación presupuestaria.

Que tengan claro que, o la Ley de Vivienda lleva esos topes al alquiler y medidas contra los desahucios, o no contará con el voto de los 35 diputados de Unidas Podemos”

“Lucas nos lo comunicó, no negoció nada, tenía instrucciones... Pues que tengan claro que, o la ley lleva esos topes al alquiler, y medidas contra los desahucios, o no contará con el voto de los 35 diputados de Unidas Podemos”, advierten a Vozpópuli fuentes de la dirección morada cuando queda una semana para que venza el plazo negociador que se habían dado.

Problemas en la coalición

Habrá que ver si Sánchez se atreve a desafiar a su vicepresidente segundo llevando el proyecto de ley al Consejo de Ministros la próxima semana semana y si Iglesias se revuelve ese mismo día en La Moncloa o espera a la tramitación parlamentaria en el Congreso.

El problema, sostienen en Podemos, es que el PSOE está “muy próximo en sus planteamientos a la patronal de propietarios ASVAL, dirigida por el exministro socialista Joan Clos” y a los grandes del sector, como Blackrock, y no ofrecen siquiera “un planteamiento alternativo sobre el impuesto a la vivienda vacía o a la obligación de los grandes propietarios de poner en alquiler para vivienda social el 30% de su parque”.

Fuentes socialistas, no obstante, rebaten ese argumento y apelan al “grave problema de seguridad jurídica” que acarrearía poner límites a la propiedad privada desde el Estado cuando el Tribunal Constitucional sentenció recientemente contra la invasión en la propiedad privada que supone la legislación catalana.

Tras acusarle Iglesias de “deslealtad” por presentar la ‘Ley Zerolo’ para opacar la ‘Ley Trans’ de Montero, Sánchez no le invitó a firmar el “Plan de refuerzo” de 26.000 nuevas viviendas sociales

Claro que, para cuando fracasó esa cita entre David Lucas y Belarra, el pasado jueves, la semana ya se había puesto muy calentita entre los dos socios de coalición. El martes, una hora antes de que compareciera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a quitar hierro a la polémica a cuenta del polémico borrador de la Ley Trans, Iglesias se hizo el encontrado con los periodistas en el Congreso para denunciar la “deslealtad” de los socialistas por presentar unilateralmente su Ley Zerolo.

Y anunció que, por vez primera desde la formación del gabinete, en enero de 2020, ambos socios no votarían lo mismo en el Congreso sino que Podemos se abstendría porque la proposición de ley del Grupo Socialista es una réplica a ese borrador presentado por la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Al día siguiente, miércoles, ocurrieron dos hechos que no pasaron desapercibidos en Podemos por su importancia simbólica: a las 13.00, Pedro Sánchez presidió en La Moncloa la firma del Plan de Refuerzo del parque social de vivienda, con la Sareb y el Fondo Social de Vivienda, para poner a disposición de colectivos vulnerables hasta 26.000 viviendas a bajo coste. Allí estaban con él la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, Ábalos, el presidente de la Sareb, Jaime Echegoyen... pero ni rastro del vicepresidente de lo social o alguien de Unidas Podemos.

Y a las 18.00 de ese mismo día, el presidente del Gobierno telefoneaba a Pablo Casado para desbloquear, “mano a mano”, dicen los populares, y de una vez por todas, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El PP insiste en que no tiene nada que negociar con la parte morada del Gobierno de coalición y, por vez primera, según diversas fuentes populares, “parece que el PSOE está dispuesto” a eso y a meter en el pack otras negociaciones institucionales, como el Consejo de RTVE o el nombramiento de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo.

El ‘terremoto’ Echenique

Todo un desafío de Pedro Sánchez a su vicepresidente segundo y al funcionamiento de la coalición a escasas horas de que se liara parda en la calle y entre ambos socios de coalición esa noche de miércoles, segunda de movilizaciones de la ultraizquierda en contra del encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, al generalizarse la protesta violenta desde Barcelona y las capitales catalanas a Madrid, Valencia y otras ciudades.

El tuit del portavoz parlamentario de los morados, Pablo Echenique, apoyando esas movilizaciones cuando el centro de ciudades como Madrid y Barcelona estaba ya en llamas, desataron la furia de la oposición y de los sindicatos policiales. Mientras, el PSOE se sumía en un silencio de lo más elocuente que rompieron el jueves Calvo y otros dirigentes socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, rechazando el uso de la violencia en democracia.

Las espadas están en todo lo alto y, aunque tanto el PSOE como Unidas Podemos son conscientes de que una ruptura significa elecciones anticipadas, ninguno de los dos socios de coalición ignora la gravedad de lo sucedido esta semana. Sánchez se guarda la baza de un pacto de Estado con Casado y sin Iglesias, pero a esta hora nadie en Ferraz ni en los territorios piensa que los de Podemos vayan a quedarse como unos simples espectadores del inminente nuevo reparto institucional.

Lo que se está evidenciando es que la coalición del PSOE con Unidas Podemos fue solo por necesidad”, reflexiona un descarado barón regional socialista

”Lo que se está evidenciando es que la coalición del PSOE con Unidas Podemos fue solo por necesidad”, reflexiona un descarado barón regional socialista que, desde las elecciones del 28 de abril de 2019, cuando Ciudadanos lo lideraba Albert Rivera, siempre fue partidario de pactar con los naranja y sumar los 180 escaños de entonces. Eso se esfumó con el derrumbe de Cs en la repetición electoral, seis meses después, “y solo nos quedó pactar con Podemos y el llamado bloque de investidura”.

”Iglesias necesita sobreactuar para no quedarse arrinconado en el espacio que históricamente ha ocupado Izquierda Unida; sabe que la caída en las elecciones vascas, gallegas y el resultado en Cataluña, donde no ha mejorado, está todo íntimamente relacionado con la imagen de casta que tiene entre buena parte del que ha sido su electorado desde 2014. Y eso le lleva a hacer lo que hace”, añade.

”Nadie se imaginaba esto”, confiesa con pesar otra fuente, de la Ejecutiva Federal del PSOE, en relación al “comportamiento” que están exhibiendo los de Pablo Iglesias en el Gobierno de coalición. Un síntoma del deterioro acelerado de las relaciones entre los dos socios fue el lenguaje que empleó la vicepresidenta Calvo este miércoles en entrevista en la cadena SER, hablando continuamente de “ellos” para referirse a Iglesias, Montero y los ministros de Podemos, y de “nosotros”, los socialistas; y acabó reconociendo que la 'ley trans “no está lo suficientemente madura” como para ser llevada al Consejo de Ministros.

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