El atasco de la oficialidad del catalán en la UE se cronifica. La propuesta, promesa que el Gobierno socialista realizó a Junts para granjearse su respaldo a la investidura de Pedro Sánchez, ha sido ignorado una y otra vez por el Parlamento Europeo. Y la Hungría del populista Viktor Orban, que ha asumido la presidencia del Consejo de la UE durante los próximos seis meses, se ha estrenado manteniendo la misma postura. Así, en la primera reunión bajo la batuta húngara que se celebra hoy en Budapest, el asunto no consta ni siquiera en el orden del día. En su lugar, se abordarán cuestiones que la nueva presidencia —encargada de decidir la agenda— juzga más urgentes, relacionadas con la competitividad y el respeto al Estado de derecho.
La indiferencia de Hungría al respecto —extensible al resto de países miembros— no es ninguna novedad, pues el pasado julio su embajador permanente en la UE, Bálint Odor, ya dejó claro que la oficialidad del catalán no se contaba entre sus prioridades: «No tenemos intención de hacerlo». Y ello a pesar de que, días antes, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reunió con su homólogo húngaro, Péter Szijjérto, para, entre otras cosas, arrancarle un compromiso sobre la necesidad de abordar el asunto. "Hemos acordado trabajar juntos con este objetivo", publicó Albares tras el encuentro en la red social X. En cualquier caso, Albares no acudirá hoy a Budapest.
El rechazo de Hungría a debatir la materia supone el enésimo jarro de agua fría para el secesionismo, después de que anterior Consejo —presidido por Bélgica— también hiciera caso omiso las demandas del Ejecutivo español. El desinterés belga dolió especialmente al nacionalismo catalán, que confiaba en que el país que acoge al prófugo Carles Puigdemont desencallase la iniciativa debido a su realidad multilingüe. No obstante, tanto Junts como ERC achacan la culpa de este fracaso al Ejecutivo español, al que acusan de no "ponerse las pilas" e instan a multiplicar las conversaciones con los Estados miembros de la UE.
Sin embargo, una gran parte de los socios europeos han venido manifestando profundas dudas sobre la idoneidad de la propuesta española. Principalmente, el resto de países temen que la irrupción de las lenguas cooficiales españolas en la Eurocámara abra la puerta a otras lenguas minoritarias de la Unión, además de estimar disuasorio el gasto que acarrearía la medida —inquietud que no ha disipado el ofrecimiento de nuestro país a asumir en exclusiva dicho coste económico—.
