La Audiencia Nacional ha recibido este verano dos importantes informes para determinar qué pasó con la tarjeta del móvil robado a la exasistente de Pablo Iglesias, Dina Bousselham. Uno lleva la firma de una empresa de recuperación de datos de Gales y el otro es obra de la Policía Nacional. El análisis de ambos documentos permite esbozar -sin certeza- una tesis sobre cómo se originaron los daños físicos en la tarjeta, pero no logran despejar la duda que trata de despejar el juez sobre quién inutilizó el dispositivo en el que había fotos íntimas e información sensible sobre Podemos.
La tarjeta Samsung Evo Micro SD es una de las pistas esenciales del llamado caso Dina, una de las muchas piezas separadas en las que se reparte la macroinvestigación sobre el comisario Villarejo. En los últimos meses, esta subtrama dio un giro de 180 grados cuando el líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, pasó de víctima a ser señalado por el juez como presunto autor de un delito de revelación de secretos y otro de daños informáticos. Si el magistrado considera que hay indicios suficientes en su contra, sería competencia del Tribunal Supremo al ser Iglesias aforado.
La cronología del caso es conocida: en noviembre de 2015 alguien le roba el móvil a Dina Bousselham en un Ikea de Alcorcón (Madrid). La tarjeta del terminal llega tiempo después a la revista Interviú, del Grupo Zeta. No la publican. En enero de 2016 su presidente cita a Iglesias para entregarle la tarjeta. En una reunión le muestran que contiene información sensible sobre él y su partido. El líder de Podemos se la queda varios meses en lugar de devolvérsela inmediatamente a su ex ayudante.
No se la entrega hasta que, en julio de año, Ok Diario comienza a publicar información comprometedora contra Podemos que estaba en esa tarjeta. Inicialmente la investigación de la Audiencia Nacional se centraba en determinar el papel jugado por el polémico comisario y si había tenido algo que ver con la filtración en prensa del contenido del móvil personal de Dina Bousselham.
Iglesias, señalado
No obstante, las pesquisas también apuntaron hacia Iglesias cuando la propia víctima del robo declaró en el Juzgado que su exjefe tardó meses en devolverle la tarjeta y que, además, nunca pudo acceder a su contenido. No fue un lapsus, lo dijo en torno a veinte veces: el dispositivo estaba "dañado". Luego Dina Bousselham quiso matizar sus palabras y remitió un escrito al juez explicando que sí pudo acceder al contenido de la tarjeta en un primer intento, pero cuando quiso volver a hacerlo ya le fue imposible. Es decir, quiso aclarar que la tarjeta le llegó en buen estado y en todo caso se estropearía después. Esta nueva versión salvaba a Iglesias.
No obstante, el juez quiso recabar información adicional para llegar al fondo de la cuestión. Remitió una comisión rogatoria a Reino Unido, concretamente para conocer el trabajo de una empresa de recuperación de archivos a la que el novio de Dina Bousselham mandó la tarjeta inutilizada. Fue en septiembre de 2016, poco después de que Iglesias se la devolviera. Lo que se sabía hasta ahora es que la citada empresa, Recuperación Express, contestó que la tarjeta no era “recuperable con técnicas normales y precisa de una recuperación avanzada” que costaría un total de 625 euros (más IVA). El novio de Dina Bousselham desistió y pidió que le devolviesen el dispositivo.
Este verano el juez ha recibido la comisión rogatoria y los testimonios de los ingenieros de la empresa recabados por el detective Steve Dodd, de la Fuerza de Inteligencia de la Policía del Sur de Gales. Uno de los testigos es Arron James Evans, el director de la empresa. Según dice, para analizar una tarjeta lo que hacen es “retirar cuidadosamente el recubrimiento de plástico”. “Se lleva a cabo con lápiz de fibra de vidrio o un papel de lija suave con el que rascar suavemente el plástico sin dañar los módulos que hay debajo”. La alusión a la lija en este caso es importante.
A Gales llegó “intacta”
Luego los módulos pueden presentar un sistema conocido o desconocido. Si es desconocido, exige una intervención más laboriosa y cara. Eso es lo que sucedió con la tarjeta de Dina Bousselham, según el relato del testigo. Detalla que fue una empleada del Departamento Flash llamada Bethany Gilder quien hizo el trabajo y declaró la tarjeta como "irrecuperable". Añade que cuando la tarjeta de memoria llegó a su empresa “estaba físicamente intacta y no presentaba cortocircuitos”.
La comisión rogatoria incluye también el testimonio de la empleada, Bethany Gilder. Ya no trabaja en la empresa y dice no recordar aquella operación realizada para “un cliente español”. “No recuerdo que se le hizo al dispositivo, en 2017 trataba entre 30 y 70 dispositivos al día”, declaró. No obstante, confirmó que cuando tenía que abrir físicamente dispositivos y retirar las carcasas de plástico solía usar “una lija fina”. La comisión rogatoria no aclara, por tanto, cuál era el motivo por el que la tarjeta llegó inutilizada y apunta a la posibilidad de que fuera lijada después, pero la autora de aquel trabajo no lo recuerda.
Recientemente, el pasado 12 de agosto, el juez Manuel García Castellón, recibió un segundo informe, en este caso de la Sección de Ingeniería e Informática Forense de la Comisaría General de Policía Científica. Tras analizar la tarjeta, los expertos del Cuerpo detectan dos tipos de deterioro en el dispositivo. El primero se localiza en la parte posterior izquierda y lo atribuyen al “lijado de cubierta protectora”, algo compatible con “un intento de recuperación del contenido de la memoria” empleado por “los laboratorios especializados”.
El segundo deterioro es más determinante. Se trata de una discontinuidad en uno de los puntos de conexión “obligatoria para el funcionamiento del protocolo de lectura”. El informe dice que ese daño ha sido causado, “al parecer”, por un “exceso de lijado” y que “este daño puede impedir la lectura de la memoria”. Pero la tarjeta ya llegó a Gales inutilizada tras pasar de mano en mano.
En las comunicaciones con el entorno de Dina Bousselham, la empresa británica ya avisó por escrito de que “muchos dispositivos llegan al laboratorio dañados, y por lo tanto es necesario abrirlos o desmontarlos para poder ofrecer al cliente un diagnóstico, por lo que el dispositivo puede ser devuelto en peor estado del que llegó”. El informe de la Policía vincula indiciariamente los daños que registra la tarjeta a esa empresa de recuperación, sin embargo Bousselham afirmó en el Juzgado que el dispositivo llegó de Gales en el mismo estado en el que lo envió.
Todos estos elementos no permiten atribuir a Iglesias al menos los daños físicos atribuidos a la tarjeta si bien no resuelven la incógnita de quién y cómo se inutilizó la tarjeta para que Dina Bousselham tuviese que recurrir a una empresa de recuperación de datos. La única certeza es que en la reunión de enero de 2016 en un despacho del Grupo Zeta, Iglesias pudo acceder al dispositivo. Lo que pasó después se pierde en las declaraciones contradictorias de la exasistente del ahora vicepresidente.
