Desde 2005, año en el que la entonces vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega inició una nueva política para intentar frenar la afluencia de inmigrantes ilegales, especialmente desde el África subsahariana, España ha condonado más de 774 millones de euros a un total de 20 países. Esa política de condonación de deuda se mantuvo hasta 2009 englobada dentro de los denominados “programas de conversión de deuda”, pero durante el gobierno de Mariano Rajoy experimentó un frenazo radical.
Para algunos, ésa fue sólo una parte de la cifra que aportó la España gobernada por Rodríguez Zapatero para intentar frenar desde sus propios países de origen la gran riada de la inmigración irregular. A esa cifra de 774 millones en cuatro años habría que sumar otras partidas en clave de cooperación que están fuera de la contabilidad de esas condonaciones de deuda.
Estos datos, muy precisos, han sido recabados por el diputado de Convergència y Unió (CiU) Antoni Picó, que se interesaba por el montante de la cooperación española con los países del Tercer Mundo, pero sobre la base de la condonación de la deuda que esos países mantenían con España. El Gobierno ha contestado ahora con las cifras que le han sido perdonadas a una veintena de países, que curiosamente coinciden con aquellos de los que partían hacia España un número mayor de inmigrantes ilegales. Trece de esos países son africanos –del Magreb y del África subsahariana- y siete son sudamericanos.
Dinero para frenar los movimientos migratorios
En concreto, desde 2005 España ha ‘perdonado’ 322,28 millones de euros a los siguientes países africanos: Uganda, 27,92 millones; Tanzania, 18,86; Senegal, 68,4; Mozambique, 12,9; Mauritania, 21,3; Marruecos, 50 millones; Guinea Ecuatorial, 28,2; Ghana, 31,8; Etiopía, 6,6; Camerún, 21,3; Burkina Faso, 5,5, y Argelia, 29,5. Como se ve, se incluyen los países del Magreb -por la proximidad con España- y prácticamente la totalidad de los subsaharianos en los que más nacionales salen como inmigrantes irregulares con destino a Canarias –vía pateras- y Ceuta y Melilla –a través de la frontera marroquí, o bien desde Argelia o Mauritania-.
Respecto a Sudamérica se ha seguido la misma política con siete países: Perú, 14,8 millones de euros condonados; Paraguay, 7; Honduras, 246,9; El Salvador, 8,5; Ecuador, 37,1; Costa Rica, 4,7, y Bolivia, 124,6. En total, 443,6 millones de euros entre 2005 y 2009.
En teoría, el conjunto del capital –el condonado y el que ponía el que se comprometía a poner el otro país- debía servir para financiar proyectos concretos de cooperación
Aunque no encuadrado en ninguno de los dos grupos anteriores, se ha contabilizado también una condonación de deuda a un país de Oriente Medio, Jordania, realizada en 2001 con un importe de 8,6 millones de euros. No obstante, el caso de Jordania es completamente distinto al de los demás.
Condonaciones para ayuda al desarrollo
El Gobierno actual alega –aunque sin demasiada convicción, dado que fue una medida ejecutada por el anterior gobierno de Zapatero- que esas condonaciones se basaron en los llamados “programas de conversión de deuda”, de tal manera que España aceptaba no cobrar cierta cantidad debida siempre y cuando el país deudor pusiera otra cantidad pactada. El conjunto del capital –el condonado y el que ponía el otro país- debía servir para financiar proyectos concretos de cooperación.
Sin embargo, de todos es sabido que esas condonaciones –o programas de conversión, como se dice eufemísticamente- tenían mucho que ver con el compromiso que debían adoptar esos países para frenar sus flujos migratorios ilegales. Es decir, se intentaba aliviar las presiones migratorias sobre las fronteras españolas: Canarias, Ceuta y Melilla, para el caso africano, y los aeropuertos de Madrid y Barcelona para el caso sudamericano. Para poder contabilizar esa condonación de deuda se inventó la ya citada fórmula de conversión en programa de inversión.
La idea no era mala, pero ahora el Gobierno de Rajoy reconoce que no ha dado el resultado esperado en materia de cooperación. Por ejemplo, en el caso de Uganda, país al que en 2007 se le condonaron 12 millones de euros y en 2008 otros 15,92 millones. Se trata en total de 27,92 millones que tenían que haber sido justificados con proyectos de desarrollo. Sin embargo, el Gobierno reconoce ahora –siete años después- que “este acuerdo [el de 2007] no ha respondido a las expectativas de la Administración, por lo que en el año 2014 se ha optado por rescindirlo y proceder a su gestión conjunta con el firmado en el año 2008”.
Dado que la misma fórmula se repite en otros países a los que se ha condonado deuda, España ha optado en la mayoría de los casos por crear un Comité Binacional que “decide los proyectos a financiar en función de la identificación que las autoridades del país hacen de sus prioridades de desarrollo, de forma que la financiación de proyectos se enmarque en su estrategia de reducción de la pobreza”. Aunque el Gobierno no lo reconoce, queda latente que ese dinero no llegó a ser usado para aquello que se pactó. En todo caso, el ejecutivo reconoce ahora que “no es posible anticipar cuándo podrían estar completamente ejecutados los fondos de este programa”.
