El Ministerio del Interior ha adjudicado una partida de 3,48 millones de euros para la compra de material sanitario a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., cuyo administrador está vinculado con los Papeles de Panamá por sus empresas en Malta. Se trata del tercer contrato que la administración otorga a esta sociedad con sede en Zaragoza -los anteriores llegaron de la mano del Ministerio de Transportes-, con cinco empleados en plantilla y que en recientes ejercicios presentó números rojos. Según la versión del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, este nuevo contrato se ha llevado a cabo con la mediación del de José Luis Ábalos.
El Ministerio del Interior firmó, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, un contrato con esta empresa para la adquisición de 1.065.000 mascarillas con nivel de protección FFP2 o KN95. El precio unitario es de 3,27 euros, IVA incluido, sumando un total de 3.479.355 euros, de acuerdo a los detalles que ofrece el contrato publicitado en la Plataforma de Contrataciones. El material se destinaría al “personal de la Secretaría de Estado de Seguridad” y de “los órganos dependientes de ella” con motivo de la crisis del coronavirus.
El contrato está suscrito por la propia Secretaría de Estado y por el administrador único de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, José Ángel Escorial Senante. El nombre de este proveedor figura en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que investigó los Papeles de Panamá, supuestamente por tener empresas offshore en Malta. En concreto, Delta Advisory and Management Services Limited y Arce Investment Consulting Limited. El contrato se formalizó el 26 de abril, aunque la entrada en vigor se remonta al día 1 de ese mismo mes. La formalización no se ha hecho pública hasta este jueves, 21 de mayo.
La mediación de Transportes
Este es, al menos, el tercer contrato que Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas ha suscrito con el Gobierno en lo que va de crisis sanitaria. Los dos anteriores los firmó con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de José Luis Ábalos: uno a través de ADIF, administrador de infraestructuras ferroviarias, y otro a través de Puertos del Estado, con un valor conjunto de casi 40 millones de euros. El motivo de la compra, al igual que con Interior, es para la adquisición de mascarillas FFP2 o KN95.
Según fuentes de Interior consultadas por Vozpópuli, el departamento se ha puesto en contacto con Soluciones de Gestión a través del Ministerio de Transportes. Las mismas fuentes aseveran que, en el principio de la crisis sanitaria, Transportes les cedió un millón de mascarillas que previamente había comprado a la empresa de José Ángel Escorial Senante; todo ello, con el compromiso de que Interior firmase un nuevo contrato con Soluciones de Gestión para comprar el mismo número de mascarillas y devolvérselas más tarde a Transportes.
La licitación se llevó a cabo por negociación sin publicidad, al igual que todos los contratos para la compra de material sanitario que se están llevando a cabo desde la administración pública: el estado de alarma permite estas adquisiciones por procedimiento de emergencia.
Actividad en Angola
Como ya contó este diario, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas no anuncia ningún proyecto en su web desde 2017. La empresa explica que ha tenido actividad desde 2017, pero sin ingresos de "grandes proyectos" desde 2018. En concreto, afirman que facturaron 5 millones de euros por un proyecto internacional en 2017 y que desde entonces han mantenido a la empresa estable mientras preparaban ofertas para otros proyectos.
Esta compañía con sede en Zaragoza ha participado en varios contratos en África. A bordo de la UTE Boavista II, constituida con la también española Cueto Comercial 92, trabajó en la implantación de una central térmica flotante. Asimismo participó en la construcción de un centro médico en 2010 a través de la UTE Hospital, creada en 2010. Dos proyectos que se desarrollaron en Angola.
La Audiencia Nacional abrió en mayo de 2019 un juicio oral con Comercial Cueto 92 como protagonista. El juez José de la Mata investiga las acusaciones que recaen sobre la compañía de presunto desvío y apropiación de fondos en contratos de suministro de material policial para el país africano. Según el magistrado, existen indicios sólidos de que Comercial Cueto 91 y Defex, empresa pública española para la venta de armas, tenían un entramado en Angola para “conseguir contratos públicos para la empresa pública Defex mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos angoleños”.
