El descontento de la carrera fiscal por la imputación del máximo representante de la institución llega a Europa. La Asociación de Fiscales ha calificado la entrada y registro en la sede de la Fiscalía General del Estado autorizada por el Tribunal Supremo como un hecho sin precedentes que “tardará muchos años en borrarse de nuestra memora colectiva”.
Esta situación insólita en la historia de la democracia española ha llevado a la asociación a poner dichos hechos en conocimiento de las instituciones de la Unión Europea y al Consejo Europeo. Una medida ‘in extremis’, después de pedir al propio Álvaro García Ortiz su dimisión, que llega con el objetivo de proteger la imagen de los profesionales que componen la institución, que se ha visto expuesta por la imputación de su máximo responsable.
El malestar entre la carrera fiscal, que ya venía en aumento tras las últimas polémicas protagonizadas por García Ortiz y varios varapalos del Supremo por su nombramiento a Dolores Delgado, se ha hecho notar aún más después de que la mayoría del Consejo Fiscal pidiera el pasado 17 de octubre su dimisión. A pesar de contar con el apoyo de la Unión Progresista de Fiscales y otros miembros de la cúpula de la Fiscalía, el Consejo –con siete votos a favor y cinco en contra- el Consejo alzó la voz ante el Fiscal General del Estado.
Ahora, después de que la Guardia Civil haya registrado el despacho de Álvaro García, la Asociación de Fiscales ha emitido este jueves un comunicado en el que pide a la Carrera Fiscal “reflexión”. “Porque somos fiscales y por consiguiente conscientes de que un auto autorizando esta medida no se dicta en el vacío”, ha sentenciado.
Con este mensaje, insta al resto de los miembros que componen la cúpula fiscal a que reflexionen sobre cómo aparece la institución en las diligencias abiertas por el Tribunal Supremo. La asociación defiende la existencia de una “situación jurídica excepcional” en el caso de la causa abierta contra el fiscal, debido a que el propio acusado sigue siendo el superior jerárquico del Ministerio Público, el cual debe actuar como parte del procedimiento.
De esta forma, piden a la carrera fiscal preguntarse sobre la percepción que puede tener el instructor o la sociedad ante la intervención de la Teniente Fiscal del alto tribunal en el procedimiento cuando esta “depende directamente de quien es persona investigada y de quien depende su eventual renovación”. En consecuencia, entienden que la vía más segura sería la salida de García Ortiz.
"¿Es admisible que ella o cualquier otro Fiscal de Sala, al igual que quienes integran el Consejo Fiscal, intervenga en el procedimiento penal cuando el propio Fiscal General del Estado ha requerido su opinión en la Junta de Fiscales de Sala y en el Consejo Fiscal tras informar extraprocesalmente de su versión? ¿Qué informe va a emitir el Fiscal encargado cuando le sea solicitado y a quién va a dar cuenta?”, reza el comunicado. Por ello, la AF insiste en que esta "anomalía jurídica" supone el "deterioro" de la institución. La situación, insisten, merece una reacción por parte de la carrera fiscal.
Registro del despacho
Las reacciones de la carrera fiscal se conocen después de que la UCO registrara el despacho de García Ortiz en la sede de la Fiscalía General. El magistrado del Tribunal Supremo que le investiga por presunta revelación de secretos, Ángel Luis Hurtado, ordenó la entrada y registro del despacho en busca de evidencias sobre la filtración de la información que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El juez encargó la diligencia a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a la que le autorizó para proceder a la incautación de documentos en soporte papel e informático. El magistrado ordenó también que requisaran sus teléfonos móviles así como el acceso a sus cuentas de correo, perfiles en redes sociales y conversaciones de WhatsApp.
En previsión de que se alargara el registro, el juez autorizó que se pudiera practicar en horario nocturno, como finalmente terminó pasando. Además, en paralelo a este registro acordó también la entrada al despacho la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada en estas diligencias.
Esta ha sido una de las primeras decisiones acordadas por el instructor del caso tras admitir a trámite la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Sala Segunda consideró que hace apenas unas semanas que había indicios para investigar la actuación del fiscal general por la filtración en prensa de los correos que afectan a González Amador.
El TSJ pidió al Supremo que investigue al fiscal general por la nota de prensa que se difundió desde la Fiscalía para desmentir que hubieran ofrecido pacto alguno al empresario. No obstante, el Supremo ha quitado relevancia penal a la redacción de este comunicado y pone el foco en la filtración de los correos que se intercambió el abogado de González Amador con el fiscal que le investigó.
Dichas comunicaciones evidenciaron que fue la pareja de Isabel Díaz Ayuso la que reconoció los delitos y propuso un pacto. El fiscal general reclamó dichas comunicaciones la noche del 13 de marzo y, apenas minutos después, aparecieron publicadas en un medio. El fiscal niega que fuera el filtrador de esta información y asegura que para entonces eran muchas las personas que tenían ese material, incluido el entorno de la presidenta madrileña.
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