Los miembros de la mafia rusa detenidos esta semana en Alicante contaban con una red de apoyos entre las fuerzas de seguridad y la política local, concretamente del Partido Popular. Les facilitaban el trabajo a la hora de acceder a licencias, agilizar trámites burocráticos o incluso retirar multas de tráfico a cambio de sobornos, según informan a Vozpópuli fuentes de la investigación.
Entre la lista de investigados y detenidos figuran un total de once ciudadanos españoles. Hay un abogado de Vitoria, un testaferro de Sabadell, un asesor fiscal alicantino... Pero lo que más llama la atención es la presencia de varios concejales ‘populares’, policías y guardias civiles. Su nexo con la trama era un ciudadano ruso llamado Alexei Shirokov afincado desde joven en España.
El papel de Shirokov era clave para facilitar el trabajo a la organización, dedicada a invertir en negocios por Alicante el dinero de los líderes del crimen organizado exsoviético. Compraban y construían casas, hoteles, discotecas... Los investigadores describen a Shirokov como “militante y pretendido lobbysta del Partido Popular de Altea”. Se valía de su don de gentes para nutrirse de una red de contactos importante a nivel local.
En sus redes sociales se le ve en fotos repartiendo mascarillas y material de protección a los cuerpos policiales o incluso en una gala siendo homenajeado por la Guardia Civil. También en un acto de campaña del PP en La Nucía. Difundía las imágenes y no escondía esa relación. Sus padres también se encuentran investigados en esta causa.
El cuarto nivel
La mayoría de los españoles detenidos figuraban en un cuarto nivel de la pirámide de relaciones y contactos de esta mafia rusa en cuya cúspide están los líderes mafiosos que invertían en España el dinero procedente de actividades ilícitas.
En ese escalón figura un Inspector de la Policía Nacional llamado Antonio Romero. Los investigadores le consideran un colaborador habitual de la trama y su papel consistía básicamente en facilitarle a Shirokov los trámites para obtener documentación para ciudadanos extracomunitarios. A cambio, el ciudadano ruso pagaba por estas gestiones entre 200 y 500 euros aproximadamente. En la causa constan pinchazos telefónicos en los que se les escucha conversar a ambos.
Una función parecida jugaba Borja Fernández, un teniente de la Guardia Civil nacido en Ourense al que la Policía y la Fiscalía anticorrupción incluyen también en la red clientelar de Shirokov. En este caso, le servía para tener conocimiento de posibles investigaciones que se estuvieran gestando en torno a él o a los miembros de la organización. Marcos Rodríguez es otro guardia civil que le servía a Shirokov información de bases de datos policiales, entre otros favores.
Siempre según las pesquisas policiales y de la Fiscalía, este ciudadano ruso afincado desde su juventud en España tenía contacto en el plano político con Lorenzo Martínez Sola, de 48 años de edad. Es concejal de Seguridad Ciudadana, Emergencias y Playas por el PP en el Ayuntamiento de Benidorm.
Los investigadores le acusan de recibir regalos o favores de Shirokov a cambio de gestiones administrativas que facilitaban a los clientes de la mafia la inversión de sus fortunas en la región. En ocasiones Shirokov timaba a sus compatriotas: les decía que sus contactos españoles en la administración le pedían una cantidad mayor de la que realmente les daba después. La diferencia se la quedaba él.
Jaime Selles, de 60 años, es otro expolítico del PP que desempeñó el papel de concejal de Escena Urbana, Tráfico, Seguridad Ciudadana y Empresa Pública de Altea. La Policía sostiene que le facilitaba a Shirokov sus actividades mediante el tráfico de influencias. Aún hay una persona más del ámbito local dentro de este entramado del cuarto nivel. Se trata de Atonio Oliver, técnico municipal del Ayuntamiento de Altea encargado de aprobar las inspecciones técnicas de las viviendas que construyen en la zona los miembros de la organización.
Shirokov acudía a este técnico para favorecer los negocios de los clientes de la organización y en ocasiones de él mismo. Las fuentes consultadas por Vozpópuli consideran que en términos de infraestructura y dinero invertido en España, se trata de la operación más relevante contra la mafia rusa de los últimos diez años.
