La Universidad Complutense de Madrid ha decidido finalmente investigar al número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero, por haber compatibilizado, sin pedir permiso previamente, su salario público de profesor de Política (más de 33.000 euros netos) con sus percepciones privadas como asesor político del países latinoamericanos como Venezuela o Ecuador (más de 420.000 euros). El rector del centro educativo, José Carrillo, ha acordado la apertura de un proceso de información "reservada" a raíz de las informaciones periodísticas publicadas en los últimos días sobre la actividad de consultoría de Monedero.
La decisión supone abrir una investigación para establecer si violó o no la ley al trabajar fuera de la universidad como asesor sin haber pedido previamente permiso.
En un comunicado, la Complutense explica que el rector ha decidido estudiar los hechos "ante las noticias publicadas en los últimos días en distintos medios de información" sobre unos trabajos de asesoría a gobiernos latinoamericanos realizados por Monedero con los que ingresó 425.150 euros a finales de 2013. La apertura de la información "reservada" se debe a que, según fuentes de la Universidad Complutense citadas en varias informaciones, el responsable de Podemos -profesor de Ciencia Política- debería haber solicitado permiso a la universidad antes de haber realizado esos trabajos como consultor.
Sin permiso
Como ya informó este periódico la semana pasada, la solicitud de compatibililización con el sueldo público de ingresos como asesor, a fines de 2014, se pidió con posterioridad al cobro de tales percepciones privadas, supuestamente por trabajos realizados tres años antes según Monedero. La Universidad Complutense suele compatibilizar cientos de casos de labores complementarias a la labor pública profesoral, pero siempre debe conocerlo y autorizarlo con anterioridad a su desarrollo y percepción, cosas ambas que en este caso no se dieron.
Por ese motivo, y como era previsible, la universidad madrileña ha anunciado la apertura de una investigación interna que resolverá qué hacer si se demuestra la violación de una norma tan elemental derivada del propio contrato del profesor. Esto puede acabar en diversas salidas: archivo del caso, devolución de salarios percibidos o rescisión del contrato.
