El plan del Ejecutivo de hace ahora cuatro años para renovar el CGPJ rebajando las mayorías parlamentarias vuelve a sonar con fuerza. Tras cinco años de un Consejo en funciones y fracasada la mediación de la Unión Europea, el Gobierno estaría barajando otra vez modificar la ley para que puedan renovar el órgano sin necesidad de ponerse de acuerdo con el PP. Se trata de un movimiento que preocupa a la judicatura, desde donde interpretan que buscan "colonizarlo".

Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli explican que esta iniciativa, que ya ha registrado Podemos en el Congreso de los Diputados, constituye un "asalto" del Poder Judicial, a la par que va en contra de las recomendaciones del Consejo de Europa y de la Unión Europea (UE). El cambio de modelo determinaría que, por primera vez en democracia, una mayoría simple del Parlamento pudiera escoger a los 12 vocales del CGPJ de procedencia jurídica.

Ello implicaría que el PSOE controlaría la designación de más de la mitad del órgano en un momento determinante para el mismo, ya que tiene pendiente acometer los nombramientos de la cúpula judicial. Cabe recordar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prohibió por ley al actual CGPJ ejecutar las designaciones de vacantes al encontrarse en funciones.

Un CGPJ clave en la judicatura

Este impedimento -que el propio Ejecutivo corrigió para poder renovar el Tribunal Constitucional- ha perjudicado a tribunales superiores de Justicia y audiencias provinciales, aunque el Tribunal Supremo ha sido el peor parado. El goteo de salidas de magistrados y la imposibilidad de reemplazarlos ha llevado al alto tribunal a una situación límite con más de 70 plazas pendientes de renovar (lo que equivale al 30% de la plantilla).

"Se trata de asaltar el CGPJ, de colonizarlo, porque ahí está el tesoro de los altos cargos judiciales, en concreto del Tribunal Supremo. Se busca retorcer el sistema con el afán de hacerse con los nombramientos discrecionalesFuentes jurídicas

Ello determina la relevancia del próximo Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta que el número de vacantes en el alto tribunal hace que incluso pueda alterar el juego de mayorías en algunas de sus salas. "Se trata de asaltar el CGPJ, de colonizarlo, porque ahí está el tesoro de los altos cargos judiciales, en concreto del Tribunal Supremo", alega una de las fuentes consultadas.

Al hilo explica que el Gobierno, consciente de ello, no va a facilitar una cambio de modelo para que sean los jueces los que elijan a sus pares. El Partido Popular aboga ahora por esta fórmula que asociaciones como Foro Judicial Independiente (FJI) llevan proponiendo desde hace más de dos décadas. Se trata de un modelo contrario a nuestro sistema de elección actual y por el que abogan las instituciones europeas.

Contra la doctrina del TC

Por ese motivo, una reforma que pase de la cuota de tres quintos a una mayoría simple supondría alejarse todavía más de los estándares europeos. "La UE ha ido definiendo sus estándares y ha dado espacio a los países para que fueran ajustándose a sus exigencias. Lo que no va a permitir es un retroceso y esta reforma, sin duda, es ir para atrás. Mina la separación de poderes e incumple lo dicho por el Tribunal Constitucional", razonan las voces consultadas.

Se refieren a la famosa sentencia de 1986 en la que el tribunal de garantías avaló el actual sistema de elección de vocales en las cámaras del Congreso y del Senado precisamente por las "cautelas" adoptadas en aras a evitar la politización de los nombramientos. Una de ellas era la de "exigir" una mayoría calificada de tres quintos.

Así pues, si el Ejecutivo retoma la vía que propuso hace cuatro años, se actuaría en sentido opuesto a lo determinado por el Constitucional y también por el Consejo de Europa y la UE. Además, la renovación de 12 vocales por mayoría simple y de los ocho restantes con el sistema tradicional propiciaría la existencia de vocales "de primera y de segunda".

Esto es así porque los vocales judiciales se elegirían de forma diferente a los ocho restantes que se eligen de entre juristas de reconocida competencia. Además, la propuesta de los socios de Gobierno implicaría que el PSOE pasaría a controlar 16 de los 20 vocales del nuevo CGPJ. En concreto, el partido socialista elegiría a los 12 juristas en el Congreso y la mitad de los ocho restantes, es decir cuatro.

Bolaños no quiere vías intermedias

Se trata de un sistema muy diferente al actual, en el marco del cual Partido Popular y Partido Socialista se 'reparten' diez vocales cada uno, sin contar la presidencia. Precisamente la formación conservadora se niega a sellar el pacto en estas condiciones e insiste en que se debe renovar la ley para que los jueces elijan a sus pares. El PSOE, por su parte, mantiene el sistema parlamentario vigente como el idóneo para seguir renovando al CGPJ.

Este choque de trenes ha provocado una situación insólita en la judicatura, agravada, además, por la imposibilidad del actual consejo de efectuar nombramientos. Sin embargo, no hay posibilidad alguna de que PP y PSOE sellen un pacto en estos momentos; especialmente después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntara que él y su familia han sido víctimas de 'lawfare' (guerra judicial) de la policía patriótica.

Con todo, se han puesto sobre la mesa alternativas a las dos opciones actuales que podrían desatascar la parálisis que se remonta a diciembre de 2018. La primera de ellas la propuso el actual presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, y establece que los nombramientos discrecionales de la cúpula del Poder Judicial dejen de depender del Consejo.

Del mismo modo también se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se mantenga el actual sistema de elección de vocales pero sobre una determinada cifra de candidatos que elijan directamente los jueces. De esta forma, la judicatura participaría en la elección de sus homólogos aunque la última palabra la tendría el Congreso y el Senado. Las fuentes consultadas explican que Bolaños ha rechazo por completo esta fórmula.

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