La juez carga contra la Diputación de Badajoz y se niega a destruir los correos clave sobre el hermano de Sánchez

La juez que investiga la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz se niega en rotundo a eliminar una prueba clave de la causa. La instructora ha denegado la petición del diputado socialista Francisco Martos de destruir los correos corporativos incautados por la UCO, asegurando que se trató de una diligencia "idónea" para esclarecer los pormenores de este contrato.

En su auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, defiende la medida acordada el pasado mes de julio y dice que, lejos de ser una investigación prospectiva, el plazo temporal es el correcto para averiguar los pormenores de la creación de una plaza que concedió la Diputación que controla el PSOE para David Azagra.

"La medida acordada es absolutamente idónea a los fines pretendidos, sin que desde luego pueda considerase que podría haber sido suplida por declaraciones testificales ni por adicionales requerimientos documentales a la Diputación, cuando los ya realizados han sido insuficientes a los fines pretendidos, como puede comprobarse del examen de las actuaciones", reza el auto.

Los correos de la Diputación

De esta forma, la instructora vuelve a cuestionar la colaboración de la Diputación de Badajoz, a la que ha reprochado en anteriores pronunciamientos que no cumpliera con los requerimientos del juzgado. En concreto, la instructora pidió todos los papeles relativos al proceso de creación de la plaza de Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música en la Diputación de Badajoz.

De hecho, a comienzos de julio la juez apercibió a la Diputación de Badajoz para que aportara "de forma correcta" la documental relativa al régimen horario, compatibilidad y localización del puesto del hermano de Sánchez, a quien cinco años después de ganar la plaza, se le ascendió a puesto de jefe de la Oficina de las Artes Escénicas.

La medida acordada es absolutamente idónea, sin que pueda considerarse que podría haber sido suplida por declaraciones testificales ni por adicionales requerimientos documentales a la Diputación, cuando los ya realizados han sido insuficientes a los fines pretendidos Auto de la juez

Al no poder esclarecer estos extremos, la juez accedió a la petición de la UCO de requisar los correos electrónicos de ocho cargos de la Diputación y de David Azagra (nombre artístico del hermano de Sánchez). La instructora ordenó incautar todas las comunicaciones corporativas desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2022; año en que se le ascendió sin concurso.

Entre los afectados por esta medida se encontraban tres diputados del PSOE, uno de los cuáles advirtió al juzgado que la diligencia vulneraba sus derechos fundamentales. En su escrito, desvelado por este medio, Francisco Martos cargó contra la Guardia Civil y contra la juez al considerar que se podían haber practicado otras diligencias menos invasivas.

El contrato del hermano de Sánchez

Martos Ortiz -que dio el visto bueno al 'ascenso' en 2022 de David Sánchez- alegó que la causa no tenía razón de ser y que los correos tenían que destruirse porque, de ver la luz, "quedarían al descubierto" infinidad de comunicaciones que afectan no solo a su esfera profesional, sino también a la personal y familiar.

Sin embargo, ni la UCO ni la instructora dan un paso atrás. Al contrario, la juez entiende que estas fuentes de prueba pueden arrojar mucha luz acerca de si hubo o no un concierto en la Diputación para crear una plaza para el hermano del presidente del Gobierno.

Además, trata de esclarecer el verdadero patrimonio de David Sánchez después de que la denuncia de Manos Limpias lo elevara a dos millones de euros. Al respecto, la Diputación, a requerimiento del juzgado, informó que David Sánchez había percibido, a fecha de julio de este año, 280.845 euros. Del mismo modo, la juez trata de averiguar si el músico reside en Elvas (Portugal), toda vez que el contrato precisa específicamente que debía prestar sus servicios profesionales "de forma habitual en Badajoz".

Así pues, los investigadores creen que en la Diputación habrían tenido lugar "una serie de actos preparatorios" entre los implicados en la causa y que las comunicaciones incautadas podrían desvelar detalles sobre los mismos. De esta forma, la juez confirma su criterio, asegurando que analizar los correos desde 2016 es una medida coherente, dado que se indagan los preparativos a la creación y adjudicación de la plaza, que tuvo lugar en 2007.

Personación de Liberum

Además, la juez ha validado la personación de Liberum como acusación popular. La instructora ha desestimado un recurso del hermano de Sánchez defendiendo la presencia de esta asociación que se suma a otras acusaciones como Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y Hazte Oír. Al respecto, la juez explica que Liberum cumple con los requisitos para litigar porque en sus estatutos defienden que uno de sus fines es el de "promover, velar e instar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en España".

Esta asociación, que está personada en otros procedimientos como el caso Koldo, pidió personarse apelando a su intención de que se reclamen responsabilidades en caso de vulneración del ordenamiento jurídico, a la par que recordó los numerosos procedimientos impulsados ante órganos como el Tribunal Supremo, el Tribunal General de la Unión Europea, tribunales superiores de justicia de todo el país y también el Tribunal Constitucional.

"La Asociación Liberum nace con el fin de defender el ordenamiento jurídico en todo ámbito, público y privado, lo que incluye la jurisdicción penal, como es el caso que nos ocupa, pues estamos, ante un supuesto delito de malversación de fondos públicos", defendió la asociación.

De esta forma se ratifica su inclusión en este procedimiento que se sigue contra el hermano de Sánchez, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo y el jefe de servicio de apoyo jurídico e inspección del área de Recursos Humanos de la diputación, Alejandro Cardenal, a quienes se les pidió investigar por delitos contra la administración pública (como prevaricación, tráfico de influencias, malversación o enriquecimiento ilícito), y contra la Hacienda Pública.