Los delitos informáticos se han multiplicado por diez en la última década, con un aumento del 27% en 2023 respecto a 2022 -426.744 delitos respecto a 335.995- y ya se han convertido en uno de los máximos quebraderos de cabeza para las autoridades españolas. Al fin y al cabo, uno de cada cinco delitos realizados en nuestro país está relacionado con el crimen en la red y tan solo un 2,5% acaban en sentencia condenatoria.
El bajo número de condenas provoca un 'efecto llamada' para los delincuentes, que sienten que pueden actuar con cierta impunidad en nuestro país. De ahí que Francisco Jiménez, director general del bufete Zaballos Abogados, considere la prevención de los ciudadanos la mejor defensa para evitar este tipo de situaciones.
Desde este despacho especializado en delitos informáticos señalan que este tipo de delitos se han puesto 'de moda' porque la justicia no está actuando con celeridad. "Hay casos iniciados en 2019 y 2020 que todavía no han pasado a la fase de instrucción en la Audiencia Nacional, y eso que allí la situación de bloqueo no es tan grave como en otros juzgados", señalan en conversación telefónica con Vozpópuli.
La situación se complica todavía más porque los juzgados priorizan otro tipo de casos por delante de las estafas online, dado que la investigación policial es mucho más tediosa que otro tipo de delitos como hurtos o asaltos domiciliarios. "Cuando vienen a vernos clientes, ya les avisamos que el proceso va a ser largo", apuntan desde Zaballos Abogados.
Pese que la Policía Nacional y la Guardia Civil cuentan con armas para detectar fraudes y desenmascarar a aquellos estafadores que se encuentran tras perfiles falsos, pero estas están algo desfasadas y algo lentas frente a unos delincuentes que se esfuerzan en sofisticar cada día las estafas que realizan. Además, no todas las comisarias y cuarteles de la Guardia Civil, especialmente aquellas ubicadas en localidades pequeñas, cuentan con las herramientas necesarias para perseguir a través de la red a los cacos.
Desde Zaballos Abogados apuntan que muchas de estas estafas se montan desde países de Asia o Europa del Este, lo que complica todavía más la celebración de un juicio. Aunque España cuenta con acuerdos de extradición con casi todos los países del planeta, no todas las administraciones lo ponen fácil para entregar a sus delincuentes. Desde el bufete ponen como ejemplo a Turquía, que piden "juzgar primero" al delincuente para después enviarlo a España, cuando lo que necesitan los juzgados es una extradición para que asista al juicio.
El modus operandi de estas estafas
Los estafadores usan cada vez métodos más sofisticados para conseguir que sus métodos sigan siendo creíbles y pasar inadvertidos para las autoridades. De ahí que sea complicado perseguir sus acciones. Por lo general, montan y desmontan webs de una forma muy rápida para borrar sus huellas y además, registran estos sitios fake en dominios de terceros países. Así, logran esquivar a la Policía, a la Guardia Civil y a la Interpol, organismo que está encabezando la cruzada contra este tipo de delitos. Los ladrones utilizan las redes sociales para captar a sus potenciales víctimas.
Según cuenta Francisco Jiménez, los abogados especialistas suelen encontrarse, por lo general, dos tipos de casos: estafas al uso -productos ficticios- y esquemas Ponzi. Un ejemplo recurrente es el de webs que ofrecen inversiones con una alta rentabilidad al corto plazo. Captan a sus víctimas permitiéndoles invertir poco: 100-200 euros. Estos se depositan en una cartera falsa que crece de forma exponencial, provocando que los inversores decidan multiplicar su 'apuesta', depositando 5.000-10.000 euros. Es en ese momento en el que los estafadores cierran la web y se fugan con el dinero.
Estas carteras en muchas ocasiones tienen relación con las criptomonedas, lo que generan más confianza a los inversores porque las carteras de Bitcoin son públicas, de modo que es posible seguir el flujo del dinero y comprobar quien lo tiene. Según cuenta Jiménez, para evitar que les cacen, lo que hacen los ladrones es diversificar el dinero robado en muchas carteras para dificultar su seguimiento por parte de las autoridades.
