El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene, según Moncloa, cuatro "ejes transversales" y diez "políticas palanca". El Gobierno los usará para impulsar y transformar la economía, aprovechando los 163.029 millones de euros que le concedió la UE. El 'impuestazo' energético recién consensuado entre PSOE, ERC, Bildu y BNG amenaza directamente a una de esas palancas. En concreto, la número tres, conocida como "Transición energética justa e inclusiva", que lleva aparejada una inversión de 10.000 millones con cargo a los fondos europeos.
Las inversiones debe acometerlas el sector energético, de cuyo bolsillo sale la mayor parte de la financiación. Sólo los 'megaproyectos' de hidrógeno verde y descarbonización industrial incluidos en el Plan de Recuperación pretenden movilizar una inversión cercana a 28.000 millones. En torno a la tercera parte ha de ser aportada por las empresas que sufren ahora el 'castigo' fiscal. Compañías como Repsol, Moeve (antigua Cepsa), BP, Iberdrola, Naturgy o Endesa son fundamentales para que el Gobierno pueda cumplir los planes transformadores pactados con la Comisión Europea. Toda una paradoja, habida cuenta de que el PSOE se comprometió este lunes a prolongar otro año más el polémico impuesto.
Empresas como Repsol o Moeve ya habían advertido de que las inversiones programadas en España quedaban congeladas, a la espera de conocer si la 'tasa' pervivía. La presión de Junts dio esperanzas a los empresarios. De hecho, el PSOE aceptó mantener a partir de 2025 sólo el impuesto a la banca. Sin embargo, el grupo socialista claudicó, contra todo pronóstico, a última hora del lunes, accediendo a mantener viva la carga para las energéticas. La medida será aprobada vía real decreto y podría caer en unos meses en el Congreso, si la formación catalana se mantiene firme.
Esa incertidumbre abre el peor de los panoramas para un sector que debe tomar decisiones de inversión a largo plazo. "El impuesto no obedece a ningún criterio de racionalidad económico-financiera y responde sólo a criterios ideológico-políticos", recuerdan fuentes próximas a uno de los grupos más afectados. Otras fuentes sectoriales aseguran que las nuevas inversiones permanecerán a la espera de los acontecimientos. La falta de certezas llega hasta el punto de que ni siquiera es posible pronosticar cuánto durará la coalición de gobierno.
El Plan de Recuperación aseguraba que "el desarrollo de un sector energético descarbonizado, competitivo y eficiente permite movilizar inversión privada significativa, aportando certidumbre y un marco normativo previsible"
En este contexto, a las compañías les resulta ahora llamativo lo que prometía el Gobierno cuando redactó su Plan de Recuperación. Así describía Moncloa su Palanca III: "El desarrollo de un sector energético descarbonizado, competitivo y eficiente permite movilizar inversión privada significativa, aportando certidumbre y un marco normativo previsible".
La realidad presente tiene otra cara, con impuestos y normas decididos sobre la marcha -y con nocturnidad- en los pasillos del Congreso. Las grandes compañías denuncian que el mantenimiento del impuesto reducirá de manera sustancial los recursos para acometer proyectos de inversión en el corto, en el medio y en el largo plazo. "La reducción en los márgenes va a generar problemas para captar capitales nacionales e internacionales por parte de las empresas afectadas", señalan fuentes cercanas a una de esas empresas.
Con la 'palanca' de la inversión privada en modo 'stand by', quedan comprometidos grandes proyectos apalabrados con la Comisión Europea. Los más importantes tienen que ver con el hidrógeno verde y la descarbonización industrial. De hecho, ambos son considerados por el Gobierno como "proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica". Se denominan PERTE y el Consejo de Ministros ya ha aprobado 12. Uno de ellos se denomina "PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento" y otro "PERTE de descarbonización industrial". Ambos son la base de esa palanca gubernamental para impulsar una "transición energética justa e inclusiva".
Más de 10.000 millones a fondo perdido
A ese objetivo irán destinados 10.581 millones de euros procedentes de la UE, todos en concepto de subvenciones. Gran parte de esas ayudas a fondo perdido servirán para cofinanciar los PERTE. El del hidrógeno verde contempla una inversión total superior a 16.300 millones de euros. Y el de descarbonización industrial movilizará hasta 11.800 millones.
Empresas como Repsol o Moeve juegan un papel básico en la implementación de estos proyectos, por su condición de 'gigantes industriales'. Hay ejemplos recientes. El pasado julio, el Consejo de Ministros asignó 794 millones de euros en ayudas directas a siete proyectos españoles de producción y uso intensivo de hidrógeno renovable en actividades industriales. Entre los promotores están Iberdrola, Endesa, EDP y, por supuesto, Repsol, que ya está produciendo combustibles renovables a gran escala en su complejo industrial de Cartagena, y que replicará la estrategia próximamente en Puertollano.
En septiembre, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visitó el Parque Energético de Moeve en San Roque (Cádiz), para conocer in situ el 'Valle Andaluz del Hidrógeno'. Este 'megaproyecto' contempla una inversión de 3.000 millones para convertir Cádiz y Huelva en una referencia mundial del hidrógeno verde.
Todas esas iniciativas reman a favor de los objetivos de transformación económica y transición energética que impulsa el Gobierno de coalición. El mismo que pone ahora, según las empresas, palos en las ruedas para la inversión.
