Desconcierto e incertidumbre. Ese es el estado de ánimo que se ha instalado en las oficinas de las principales compañías del sector energético tras una noche surrealista en el Congreso de los Diputados. Lo que parecía muerto y enterrado, ahora está muy vivo. El Ejecutivo decidió aparcar hace unas semanas la prórroga del ‘impuestazo’ a las energéticas puesto que el PNV y Junts habrían apretado las negociaciones para que decayese. Y eso, en un principio era lo que iba a suceder.
Pero llegó un comunicado casi al filo de la noche que lo cambió todo. Esquerra Republicana, BNG y Bildu aseguraban que habían arrancado la extensión por un año los gravámenes a las energéticas y la banca. “ERC, EH Bildu y BNG acuerdan con el Gobierno español la presentación de un Real Decreto Ley para prorrogar durante todo el año 2025 el impuesto a las energéticas.
Este acuerdo es fruto de la negociación que los tres partidos han mantenido durante la tramitación de la Ley de Impuesto Mínimo a las Multinacionales, partiendo de la posición firme de no renunciar a los impuestos a la banca y las energéticas”, se lee en el documento emitido por las formaciones.
Minutos después, el Ministerio de Hacienda creaba aún más desconcierto con un escueto comunicado. “El Gobierno quiere aclarar que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización”.
Las contradicciones eran notorias y la mañana del martes fue muy larga en los despachos de los directivos de las principales compañías energéticas. “No tenemos información y solo nos podemos guiar de los comunicados de unos partidos y otros. Solo podemos esperar y que el Gobierno aclare cuando lo tenga”, argumentan fuentes del sector consultadas por este periódico.
El enfado se mezcla con la incredulidad en las direcciones de las principales de las compañías y las mismas fuentes consultadas por este periódico califican de “chapuza” la doble vía que tiene abiertas con los diferentes socios de investidura. “No se pueden firmar acuerdos que dicen cosas contrarias”, se lamentan.
Además, recalcan que este Gobierno ha hecho un “ejercicio de improvisación” que podrá tener “consecuencias negativas en el sector inversor”. Desde el sector energético se vuelve a temer que la implantación, o el mero hecho del debate de la vuelta del impuestazo, vuelva a crear inseguridad jurídica en el sector y pueda “paralizar inversiones”. “El 80% del PNIEC es inversión privada y parece que el Gobierno no se da cuenta de ello”, indican las fuentes consultadas.
Paralización de inversiones
La posibilidad de que se extienda el impuestazo ha vuelto a levantar ampollas en las energéticas y las fuentes consultadas por este periódico insisten en que “las decisiones que tomaron las compañías no han caducado en caso de que se extienda el gravamen”.
Cabe recordar que tanto Repsol como Moeve (antigua Cepsa) amenazaron al Gobierno con paralizar inversiones. La aparición del ‘impuestazo’ “provocaría un efecto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno, por lo que tendríamos que ralentizar las inversiones previstas en España”, remarcan fuentes de la compañía.
En concreto, Moeve pondría en juego cerca de 3.000 millones de euros si, finalmente, el Gobierno hace caso y claudica ante Esquerra, BNG y Bildu. “Se darán prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países que, inicialmente, teníamos planificados en una expansión internacional para una segunda fase del plan estratégico Positive Motion”, llegaron a sostener fuentes de la compañía hace unas semanas cuando se planteaba alargar este gravamen.
Repsol, por su parte, mantiene la misma teoría. Conviene recordar que en octubre ya paralizó sus inversiones en plantas renovables por la inestabilidad en el entorno fiscal, que constaban de un montante de 8.000 millones de euros. En Tarragona, por ejemplo, la energética planeaba construir una planta de valorización de residuos con una inversión de 750 millones de euros. Así como instalar el mayor electrolizador de España con una capacidad de 150 megavatios (MW) y una inversión adicional de 300 millones de euros. En Cartagena, la empresa compañía preveía la instalación de un electrolizador de 100 MW con una inversión de 200 millones de euros.
