El magistrado Manuel García Castellón (1952), que ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, forma parte de un selecto club de españoles que también componen Miguel Indurain, Juan Antonio Samaranch, Pedro Almodóvar, el expresidente del Parlamento Europeo Enrique Barón o el coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí. Todos ellos han recibido del Gobierno francés la Medalla de Caballero de la Legión de Honor.
Nacido en Valladolid, recibió este prestigioso reconocimiento de la República francesa en 2006, durante la presidencia de Jacques Chirac. Pese a que él se identifica como Manuel García Castellón, en realidad su nombre aparece en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con su nombre completo: Manuel García-Castellón y García-Lomas.
Ingresó en la carrera judicial en 1978. En sus orígenes se encargó del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, y con el paso de los años acabó siendo el juez decano de la capital de Castilla y León. En 1993 dio el salto a la Audiencia Nacional y allí permaneció hasta 2000.
Francia e Italia
Ese año fue designado por el Consejo de Ministros magistrado de enlace entre Francia y España. En ese puesto permaneció hasta 2012, año en el que volvió a ser nombrado magistrado de enlace, pero en esta ocasión en Italia.
Por eso, García Castellón es considerado en la Audiencia Nacional como un experto en la lucha contra el crimen organizado de la mafia (por su estancia en Roma) y en la lucha contra la banda terrorista ETA, por la de París. De hecho, es el secretario de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, de la que forman parte los ministros de Justicia e Interior, Juan Carlos Campo y Fernando Grande-Marlaska, y también la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
Ya en 2017 solo los más antiguos en la Audiencia Nacional recordaban el nombre de García Castellón, quien pese a todo seguía siendo el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que ocupaba Eloy Velasco. Pero la salida de este último provocó el retorno de García Castellón a España, y en concreto a la Audiencia Nacional.
'Enterrar' las causas
Y no eran pocas las voces que decían que García Castellón, integrado en la conservadora Asociación Profesional para la Magistratura (APM), volvía a su puesto de trabajo con la intención de 'enterrar' las causas contra el Partido Popular y sus dirigentes derivadas de las causas Púnica y Lezo.
Sin embargo, más bien ha ocurrido todo lo contrario. Este instructor, de la mano de la Fiscalía anticorrupción, ha sentado en el banquillo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Y de acuerdo con el ministerio público, archivó la causa contra el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. También exoneró al expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez.
Además, desde 2017, en poco más de tres años, este juez instructor ha imputado a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes; pero también al ex secretario de Estado de Seguridad del Gobierno del PP Francisco Martínez y al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.
Recusación del PSOE
Sin embargo, el PSOE ha pedido la recusación de García-Castellón en una de las piezas separadas del caso Púnica, al considerar que debería ser apartado porque presta "servicios de tutoría online" en un centro universitario "perteneciente y dependiente" de una empresa cuyos "intereses inmobiliarios" y de varios de sus exdirectivos se vieron afectados "muy directamente" en los cambios introducidos por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valdemoro aprobado en mayo de 2004.
García Castellón es un firme defensor de la idea de que debe ser la Fiscalía la que instruya los procedimientos judiciales. De hecho, ese ha sido en todo momento su modus operandi en la Audiencia Nacional. Y como consecuencia de su trabajo, ha sido objeto de al menos dos querellas en el Tribunal Supremo: una de los abogados del empresario Juan Miguel Villar Mir y otra de uno de los imputados por la investigación sobre las contrataciones de Iberdrola al excomisario Villarejo.
En el caso de la pieza Dina, en la que ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias, las conclusiones de García Castellón han sido diametralmente opuestas a la Fiscalía anticorrupción, que se ha opuesto a investigar al líder de Podemos.
"Siempre quiere el balón"
Al margen de las últimas polémicas, con García Castellón el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha recogido el testigo de los magistrados del Central número 5 de Baltasar Garzón, Pablo Ruz y José de la Mata, quienes centraban la atención mediática con la importancia de las causas que investigaban, especialmente el caso Gürtel y sus múltiples piezas separadas.
Pero Eloy Velasco primero, y desde el 31 de mayo de 2017 García Castellón, tomaron el relevo de los tres jueces con las mencionadas causas Púnica y Lezo, pero sobre todo con la del excomisario Villarejo.
Las fuentes consultadas por Vozpópuli rechazan que haya una mano negra en el reparto de los temas de la Audiencia Nacional. "Simplemente lo que pasa es que cuando la Policía le pide unas escuchas o cualquier otra diligencia, este acepta. Manolo siempre quiere el balón", completan las citadas fuentes consultadas, que utilizan un símil deportivo para dar su opinión sobre el instructor del caso Villarejo, una macrocausa de corrupción que tiene alrededor de una treintena de piezas separadas, una de ellas la de Dina Bousselham.
'Caso Lezo'
En plena pandemia, García Castellón acordó la apertura de juicio oral de las dos primeras piezas del caso Lezo sobre la corrupción en el Canal de Isabel II, en las que sentó en el banquillo de los acusados a un total de 29 personas, uno de ellos el expresidente madrileño Ignacio González.
Esto provocó las quejas de todos los abogados de los acusados, que criticaron al instructor por haber seguido trabajando pese al confinamiento, periodo en el que este juez aprovechó, según apuntan los funcionarios de la Audiencia Nacional, para hacer más ejercicio, ya que durante varias semanas sustituyó su coche oficial por largas caminatas de más de una hora entre su vivienda y su despacho en la Audiencia Nacional.
