El magistrado Manuel García Castellón está prorrogando gran parte de las líneas de investigación abiertas en la causa por los espionajes de José Manuel Villarejo. Después de dar luz verde a ampliar las pesquisas por los contratos del BBVA, ha acordado también alargar medio año más la pieza relativa a Iberdrola. Lo hace advirtiendo que están pendientes de practicar interrogatorios de calado, como el relativo al presidente Ignacio Sánchez Galán o el representante de Iberdrola Renovables. Además avisa que, de estos testimonios, surgirán nuevas actuaciones.
El juez acepta de esta forma la petición de la Fiscalía Anticorrupción, la cual insiste en seguir indagando los pormenores de los contratos de Iberdrola con el entramado del comisario, de acuerdo con los últimos informes adheridos a la causa y a los que ha tenido acceso Vozpópuli. Se trata de una de las piezas que más ha avanzado en las últimas semanas tras incorporarse un informe de Asuntos Internos que analizó audios pendientes de estudio entre el comisario y el que fuera director de seguridad de la vasca, Antonio Asenjo.
La incorporación de este oficio policial reactivó las pesquisas que estuvieron paradas durante unos meses y abrió la veda a la imputación de Ignacio Sánchez Galán por delitos de cohecho, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. Junto con el presidente se citó también como investigados al director general de negocios, Francisco Martínez Córcoles; el expresidente de Iberdrola España Fernando Becker; y el que fuera jefe de gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. Aunque en principio puso fecha a su declaración, el juez la suspendió y dejó en el aire tras estudiar la situación procesal de Iberdrola.
De hecho, imputó a Iberdrola Renovables en la causa por ser la que costeó el último encargo efectuado al comisario y que llevó por nombre proyecto Wind. Del mismo se hace eco el instructor en su auto en el que recoge los trabajos de Cenyt por orden cronológico. De este modo, habla del proyecto arrow (para poder construir una central en Arcos de la Frontera); proyecto BB (espionaje a Manuel Pizarro); proyecto Front (en relación a dos trabajadores de la central de Cofrentes que habrían filtrado información negativa de Iberdrola); proyecto Gipsy (sobre empleados de la vasca que podrían estar vinculados con Florentino Pérez); proyecto Posy (un posible espionaje al presidente del Real Madrid) y Wind.
Tráfico de llamadas de Arrow
"Teniendo en cuenta tanto el carácter complejo de los hechos investigados, como la propia naturaleza de las expresadas diligencias de investigación que han sido acordadas y aún no practicadas, parece razonable esperar que de su práctica resulte la necesidad de acordar otras actuaciones de investigación, nuevas o consecuencia de aquellas", razona el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. De este modo acuerda la petición de Anticorrupción, de estirar la investigacion. La Fiscalía propone además que escuche a las víctimas del primer encargo del comisario y se les ofrezca figurar como perjudicadas pero el instructor no ha resuelto sobre esta petición.
En concreto solicita al instructor que ponga el foco en todas aquellas personas a las que Villarejo interceptó el tráfico de llamadas en el marco del proyecto Arrow. El mismo tenía como objetivo frenar los movimientos vecinales y de otras organizaciones que se opusieron a la construcción de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz). Para ello Villarejo habría controlado las llamadas telefónicas de algunos concejales del consistorio de entonces así como de otros implicados en estos hechos que tuvieron lugar en el año 2004.
Este es uno de los trabajos que más quebraderos de cabeza trae a los imputados en la pieza ya que el mismo se habría costeado utilizando una empresa intermediaria para camuflar los pagos. Así lo reflejó el que fuera director de Funciones Corporativas de la eléctrica en un informe que llevó ante notario aquel mismo año y que denunciaba un sistema de facturas falsas para pagar los servicios del Grupo Cenyt. Según plasmó en ese papel -cuya existencia niega Iberdrola- había una serie de directivos enterados de estas actividades "anómalas", entre los que se encontraban Ignacio Sánchez Galán.
Los alegatos de Galán
El presidente de Iberdrola, por su parte, ha remitido varios escritos al juzgado desde su imputación en el caso Tándem en el que arremete contra Del Olmo y sugiere que existió un complot surgido de la enemistad manifiesta que tenían contra él el predecesor de Asenjo en el área de Seguridad, Marcos Peña. El también policía fue el que medió para que Del Olmo depositara su informe en la notaría de un conocido suyo, Luis Ramallo. Al respecto, la multinacional vasca insiste en cuestionar la existencia del papel y sostiene que el denunciante robó documentación oficial de la empresa.
A la par que el magistrado ha imputado a esta última tanda de altos cargos de la eléctrica, ha acordado archivar la querella que se le impuso al exdirector de Funciones Corporativas alegando que los hechos, de ser constitutivos de delito, estarían prescritos. Del Olmo, que se convirtió en testigo clave para los investigadores al señalar que Galán estaba enterado de todo lo que ocurría en la eléctrica y aportar detalles de calado sobre estas contrataciones, terminó imputado en el procedimiento al ser uno de los directivos que visó las facturas sospechosas.
El papel de Del Olmo
El instructor explicó en el auto de su imputación que no podía descartar que este directivo elaborara el informe que depositó ante notario ad hoc para evitar responsabilidades penales por los trabajos del policía. Sin embargo, en sus últimos autos apunta que es un testigo clave del procedimiento que arrancó en octubre de 2019 después de que los agentes de Asuntos Internos localizaran en el registro al domicilio de Villarejo facturas y documental que apuntaría a trabajos de espionaje para la multinacional vasca.
Los investigadores han reprochado a los imputados en la causa que no verificaran la condición de comisario en activo de Villarejo; máxime cuando Asenjo -que fue el que gestionó los contratos en calidad de director de seguridad- también ejerció como policía. El exdirectivo razonó -en línea con lo expuesto por otros imputados en la causa- que desconocía su situación administrativa y que pensaba que el espía estaba en excedencia. Pese a ello, tanto Anticorrupción como el instructor sostienen que no cumplieron con los protocolos de verificación necesarios y que, además el comisario se valió de sus nexos en la Policía y bancos para acceder a datos de carácter confidencial que utilizó en sus negocios privados.
