Alberto Luceño y Luis Medina no podrán salir de España mientras se investigue el caso Mascarillas. El magistrado Adolfo Carretero ha ordenado la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional para estos dos empresarios tras tomarles declaración por el reparto de seis millones de dólares por un contrato para suministrar material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. El instructor avisa que ocultaron y engañaron con ánimo de lucro al Ayuntamiento el precio real de las mascarillas, los guantes de nitrilo y los test.
Así lo explica el juez en sendos autos a los que ha tenido acceso Vozpópuli y en los que acuerda la retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado para los dos empresarios. Según recalca, los delitos que se les atribuyen son graves "no solo por su enorme trascendencia pública", al ser cometidos en el peor momento de la pandemia "con miles de fallecimientos diarios", sino también porque llevan aparejadas penas superiores a los 23 años de cárcel.
"Ello supone la posibilidad de riesgo de fuga por mucho que el investigado tenga arraigo y quiera colaborar con la Justicia, ya que es connatural a la naturaleza humana tratar de evitar tan duras penas, cuyo conocimiento es ahora cierto desde que se conoce la imputación judicial, máxime cuando se dispone de un dinero ilícitamente obtenido y aún no controlado en la presente causa", reza el juez en relación a Luis Medina. A este le reprocha, además, que aparentase altruismo con su mediación para suministrar material sanitario al Ayuntamiento de Madrid.
"Negocio jurídico criminalizado"
El instructor, que accede de esta forma a la petición formulada por las acusaciones populares de PSOE, Podemos y Más Madrid, insiste en que se dan los supuestos para adoptar estas medidas cautelares no solo por la existencia de riesgo de fuga, sino también de destrucción de pruebas. Por ello acuerda que tanto Medina como Luceño comparezcan los días 4 y 18 de cada mes en sede judicial. Del mismo modo les obliga a poner en conocimiento del juzgado cualquier información relativa a un cambio de domicilio, con el fin de tenerle siempre localizable.
Al respecto el juez explica que impulsaron un "negocio jurídico criminalizado" y que las comisiones de cinco millones de dólares en el caso de Luceño y de un millón en el caso de Medina, se consiguieron mediante engaño al Ayuntamiento de Madrid. De hecho, recuerda que los precios se elevaron un 60% con las mascarillas, un 81% con los guantes y un 71% con los test.
Los tres contratos, en especial el de los guantes y el de los test, constituyen un negocio jurídico criminalizado
La decisión del juez se produce después de escuchar en sede judicial a los empresarios. El hijo de Naty Abascal ha sido el primero en declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47. Tras él, lo ha hecho su socio en este negocio, Alberto Luceño. Han sido interrogatorios cortos (apenas han durado dos horas entre los dos) y han servido para que, a grandes rasgos, ratifiquen la versión que ya prestaron en la sede de Fiscalía Anticorrupción en abril del año pasado.
Así, Medina ha confirmado durante el interrogatorio que la persona con la que contactó para acceder al Ayuntamiento de Madrid fue Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde del consistorio, según confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli. Del mismo modo también ha explicado que la idea de ofrecer la mediación para traer material sanitario en pleno pico de la pandemia de coronavirus fue tanto de Luceño como suya. No obstante, en esta ocasión ha defendido a su socio y ha dicho que no se sintió engañado.
Las dudas del juez sobre Leno
Luceño, por su parte, ha reivindicado la legalidad de su actuación insistiendo en que es agente exclusivo de Leno, la firma asiática que suministró las mascarillas, los guantes y los test al consistorio madrileño en el marco del contrato que costó 11 millones de dólares a las arcas públicas. El magistrado Carretero, sin embargo, plasma sus dudas sobre el papel de Luceño en el auto en el que le impone medidas cautelares.
Sobre el empresario dice, además, que hay indicios que apuntan a la manipulación de los documentos que le requirió su entidad bancaria para justificar el cobro de una comisión de cinco millones de dólares. El motivo reside en que estos papeles -que presentó ante el banco para justificar su comisión- eran de fecha de 2018 pese a que el contrato para suministrar mascarillas se firmó dos años después. Por ello sospecha, además, que son falsos.
"Presentó documentación elaborada por él con la firma de San Chin Choon, supuesto director de la empresa Leno, quien hasta el momento no consta que haya colaborado con la Justicia española, entre los cuáles consta una carta de Leno nombrándole agente exclusivo que se la hizo llegar al Sr. Medina para que justificase también el cobro de su comisión, fechada en 2018, que adolece de veracidad y constituye indiciariamente un delito de falsedad en documento mercantil", reza el auto del juez.
Urente
"que adolece de veracidad" Un juez. Este país se nos va por el desagüe.