El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama rechaza dejar la causa contra Alvise Pérez en manos del Tribunal Supremo. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha desestimado el recurso de reforma presentado por una de las acusaciones y ratifica su decisión de no inhibirse a favor del alto tribunal para investigar al eurodiputado por presunta financiación ilegal.
En un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el instructor insiste en que según doctrina del Tribunal Supremo se debe remitir una exposición razonada para investigar a un aforado cuando aparezcan indicios de responsabilidad. En este sentido, señala el artículo 759.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que "ningún Juez de Instrucción de lo Penal o Central de Instrucción, podrá promover cuestiones de competencia con las Audiencias respectivas, sino exponerles, oído el Ministerio Fiscal por plazo de un día, las razones que tenga para creer que le corresponde el conocimiento del asunto”.
El instructor insiste en que el recurso presentado por una de las acusaciones carece de nuevos argumentos. Asimismo, señala que en el momento en el que el juzgado decidió no elevar una exposición razonada al Supremo, solo contaban con la denuncia presentada por una de las asociaciones en la que faltaban datos para sostener la existencia de indicios de criminalidad.
No obstante, al margen de lo anterior y después de abrir una pieza separada para investigar a Alvise por presunta financiación ilegal, el juez destacar que fue la propia Fiscalía del Tribunal Supremo la que remitió a la Audiencia Nacional la denuncia del influencer investigado por el dueño del Madeira Invest Club, Álvaro Romillo, contra Alvise Pérez.
Con la desestimación de este recurso, el juez se asegura la causa contra el líder de Se Acabó la Fiesta por haber recibido 100.000 euros para financiar su campaña electoral al Parlamento Europeo. Esta información que se dio a conocer a través de una denuncia presentada por parte del empresario de criptomonedas investigado por una presunta estafa piramidal. Posteriormente, la Fiscalía del Tribunal Supremo dejaba el caso en manos de la Audiencia Nacional, al entender que los hechos denunciados ya formaban parte de la causa abierta por el juez Calama.
Alvise podrá declarar ante el juez de forma voluntaria
A pesar de la apertura de una pieza separada para investigar los hechos relativos a la donación recibida por Alvise, el juez apuntaba en su auto del 25 de octubre que "la admisión a trámite de una denuncia no constituye, todavía, un acto de imputación judicial, aunque permita al denunciado comenzar a defenderse en el proceso". Asimismo, Calama ofreció al eurodiputado, dada su condición de aforado, la posibilidad de personarse en las actuaciones y declarar de forma voluntaria en sede judicial el 20 próximo de noviembre, así como aportar documentos, proponer diligencias de investigación y participar en la instrucción de la causa.
Tal opción ha sido rechazada por la defensa del propio Alvise que, tal y como ha avanzado El Español, defiende que al ser eurodiputado electo solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo por su condición de aforado. A juicio de su defensa, el juez se excede en sus funciones al decretar una fecha para una declaración voluntaria.
En paralelo, el instructor avanza en sus pesquisas por la causa abierta contra el dueño de la plataforma de criptomonedas patrocinada por el político sevillano. Precisamente, respecto a la relación que tenían Álvaro Romillo y el líder de Se Acabó la Fiesta, el juez entiende que el delito de financiación ilegal, al igual que con la figura del soborno o el cohecho, además de castigar a los que reciban las donaciones para la formación política, "se extiende la punición a quien entregare donaciones o aportaciones".
En consecuencia, el juez acordó el pasado mes de octubre cambiar el estatus de testigo que le correspondería a Romillo como denunciante por el de investigado, con el fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. El juez señaló su declaración también para el próximo 20 de noviembre.
Donación de 100.000 euros para las elecciones europeas
La relación del influencer del mundo crypto y el sevillano se remonta a abril de 2024 cuando surgió la oportunidad de que una colaboración entre ambos para promocionar el proyecto político de Alvise y la plataforma de criptomonedas dirigida por Romillo. Tras meses de mensajes y llamadas telefónicas, todas recogidas en la denuncia presentada por el empresario ante Fiscalía, el dueño del Madeira Invest Club le proporcionó 100.000 euros en efectivo al líder de Se Acabó la Fiesta, una donación a cambio de que Alvise promocionara uno de sus negocios en redes sociales.
Meses después, Romillo anunció el cierre de la plataforma dejando a cientos de inversores con sus cuentas bloqueadas de la noche a la mañana. Ahora, tras la apertura de diligencias por parte de la Audiencia Nacional contra el empresario de criptomonedas, la asociación mayoritaria de afectados, bajo la representación letrada de Zaballos Abogados, pone el foco sobre el patrimonio vinculado a Romillo y a varios de sus socios, también denunciados que alcanzaría más de 3 millones de euros solo en España. El objetivo es que los afectados por el cierre del Madeira Invest Club puedan recuperar el dinero perdido bien con el embargo de los bienes de los denunciados o bien, a través de lo facturado por otros negocios relacionados con Álvaro Romillo.
