La Fiscalía del Tribunal Supremo ha dejado en manos de la Audiencia Nacional la investigación que cerca al líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, por un presunto delito de financiación ilegal. El Ministerio Público entiende que los hechos denunciados por el dueño del Madeira Invest Club, Alvaro Romillo, respecto al pago de 100.000 euros al eurodiputado, justo antes de las elecciones la parlamento europeo, ya forman parte de la causa abierta contra el empresario de criptomonedas en la Audiencia Nacional.
La Fiscalía del alto tribunal apunta en su escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que los hechos narrados en la denuncia del empresario del mundo 'crypto' tienen "relevancia penal". Asimismo, hace hincapié en que el cobro por parte de Alvise de esos 100.000 euros "derivan de su colaboración con las actividades desarrolladas" por su denunciante, investigado por un presunto delito de estafa.
De esta forma, la Fiscalía señala que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, está obligada a dejar de investigar en cuanto tenga conocimiento de que ya existe un procedimiento judicial sobre los mismos hechos. En consecuencia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 4 la denuncia recibida en la Fiscalía General del Estado para que, en su caso, se incorporen a la causa que se sigue contra Romillo.
Investigación en la Audiencia Nacional
Cabe recordar que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ya desestimó la solicitud de una de las acusaciones de inhibirse al Tribunal Supremo. El instructor entiende que "la exposición razonada que ha de ser remitida para la investigación de cualquier aforado sólo será procedente cuando aparezcan indicios de responsabilidad", según la doctrina del Alto Tribunal.
Calama añadió que no basta con la constatación puramente nominal de que un determinado hecho delictivo ha sido atribuido a un aforado, sino que "ha de ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar, con toda la provisionalidad que es propia de un momento procesal como el presente, el alcance objetivo y subjetivo de los hechos". Por el momento, el instructor solo ha admitido a trámite tres denuncias presentadas contra la plataforma de inversiones Madeira Invest por tratarse de una presunta estafa piramidal.
Los denunciantes apuntan a que el número de afectados podría llegar a los 27.000 y el perjuicio a estos ocasionados podría superar los 300 millones de euros, circunstancias estas que "sitúan a este órgano judicial en una posición favorable desde un punto de vista funcional para afrontar la investigación". Asimismo, Calama apuntó en su auto del 4 de octubre que la complejidad de la instrucción, con un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania.
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