El Pleno del Senado ha aprobado este jueves la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que todos los asuntos entre profesionales se comuniquen de forma telemática. A partir del primero de enero de 2016, y ante el "escepticismo" de la oposición que ha advertido de la "falta de medios" para este fin, las sedes judiciales tendrán que comunicarse y llevar a acbo sus trámites bajo el horizonte de papel cero.
Con 138 votos a favor, todos del PP, 68 en contra y 12 abstenciones, la Cámara Alta ha dado el visto bueno a la última reforma legislativa impulsada por el Ministerio de Justicia que estaba pendiente de aprobación en las cámaras y que supondrá el fin del papel en los juzgados. Los populares han rechazado los cinco vetos a la reforma y tan solo ha aceptado cuatro enmiendas transaccionales, pero que no conllevan cambios significativos, por lo que el texto volverá al Congreso para su aprobación definitiva.
Imposición telemática
En el debate parlamentario, los portavoces de la oposición han advertido de la "falta de medios" ante el horizonte de papel cero fijado por Justicia para esa fecha, si bien el PP ha destacado la partida de 20,7 millones de euros en el presupuesto del departamento para alcanzar este fin. Un diagnóstico que no ha compartido el socialista Antonio Rodríguez Esquerdo, que ha afirmado que la reforma recoge la imposición telemática "sin preocuparse si se puede, si se tiene capacidad, si existen inversiones o si se invaden consecuencias", solo "para poder decir que han modernizado la justicia".
"Tiene como objetivo [la reforma] hacer parecer que la justicia se ha modernizado, cuando en estos cuatro años ni se ha modernizado ni se ha agilizado", dice el senador de Entesa Joan Saura
Igualmente, Jesús Iglesias del Grupo Mixto se ha mostrado escéptico acerca de que se consiga el papel cero en 2016: "No caben órdagos porque la práctica va a demostrar que no es posible lo que también, de forma segura, va a generar frustración". Para el senador de Entesa Joan Saura, parece que este "final de legislatura tiene como objetivo hacer parecer que la justicia se ha modernizado, cuando en estos cuatro años ni se ha modernizado ni se ha agilizado".
Sin embargo, la senadora popular María del Carmen Dueñas ha explicado que la reforma tiene el objetivo de "seguir trabajando para hacer una justicia más rápida y eficaz", así como reducir el número de litigios resumiendo aspectos como la prescripción.
La reforma establece la obligatoriedad a partir del 1 de enero de 2016 de que la comunicación y trámites entre los colectivos jurídicos y las sedes judiciales se hagan de manera electrónica en todos los órganos jurisdiccionales. Así, los jueces utilizarán los datos de correo electrónico y de número de teléfono para la localización del demandado y se podrá informar mediante aviso por SMS al teléfono móvil de la persona interesada de que se le ha de practicar una notificación. Y los colegios de procuradores estarán obligados a habilitar los medios necesarios para garantizar el envío y recepción de notificaciones electrónicas en todo el territorio nacional.
Retoma reformas de Ruiz-Gallardón
Esta reforma incluye también buena parte del articulado de la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita impulsada por el exministro Alberto Ruiz Gallardón, una vez el Gobierno abandonó el proyecto de ley al no existir consenso con los operadores jurídicos, fundamentalmente con los abogados.
Así, la Ley de Enjuiciamiento Civil permitirá a las asociaciones de víctimas del terrorismo disfrutar de la justicia gratuita sin tener en cuenta sus recursos económicos. De esta forma, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) o Dignidad y Justicia (DyJ) estarán exentos del pago de abogado, procurador y también de las costas de los procesos judiciales.
