A punto de cumplirse tres meses del estallido del caso Titella, algunos de los implicados en este procedimiento por presunta estafa bancaria están empezando a denunciar una situación de asfixia económica al no poder acceder a sus cuentas. Entre ellos se encuentra José Luis Moreno. El presunto cabecilla de la trama ha solicitado al juez que le desbloquee los fondos para no tener que depender de familiares y amigos.
El humorista, a quien el magistrado dejó en libertad provisional sujeta al pago de una fianza hipotecaria de tres millones de euros, asegura que necesita poder operar con sus cuentas para autorizar pagos, así como ingresos pendientes de recepción. El productor razona al respecto que a otros de los imputados en esta macrocausa se les ha dado luz verde a esta solicitud para atender obligaciones con suministros y proveedores, nóminas de trabajadores, seguros sociales o liquidaciones de la Seguridad Social.
"El bloqueo de la cuenta bancaria de mi mandante constituye una medida extremadamente perjudicial para sus intereses, pues le imposibilita el abono de los gastos ordinarios de su vida diaria, viéndose en la obligación de solicitar ayuda económica a familiares y amigos para el pago de los gastos personales más básicos", expone en el escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli.
A falta de obtener respuesta a esta solicitud, el magistrado Ismael Moreno ya ha valorado previamente la situación económica del productor. En concreto, lo hizo para explicar los motivos por los que se le impuso una fianza de tres millones de euros. Del casi medio centenar de personas detenidas en la operación Titella, ninguna acabó en la cárcel. Sin embargo, aunque el juez no acordó prisiones provisionales, sí impuso cauciones, siendo la más alta la acordada para el ventrílocuo.
Al respecto, el magistrado recogió los alegatos de la Fiscalía para asegurar que el propio humorista había hecho alarde de una capacidad económica de 23 millones de euros; motivo por el cual declinó rebajarle la fianza impuesta. El productor, por su parte, sostiene que esta situación le está perjudicando gravemente ya que no puede pagar sus deudas ni recibir ingresos. Un reclamo que se suma a su petición de que se anule todo el procedimiento por un defecto de forma con las prórrogas de la causa.
23 millones de euros
La defensa del humorista está pendiente de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional se pronuncien sobre esta solicitud, que podría poner en jaque toda la investigación y a la que se han adherido otros muchos imputados. Fuentes del Ministerio Público consultadas por este diario explican que no contemplan la posibilidad de que peligre la causa descartando dar la razón al productor. Su abogado, sin embargo, insiste en que una de las prórrogas del procedimiento que se inició en los juzgados de Madrid se aprobó fuera de plazo.
Una situación que provocaría la invalidez de todas las pesquisas que se han practicado ya en la Audiencia Nacional y que no se ciñen exclusivamente a la presunta estafa bancaria impulsada por la trama. La causa nació a tenor de una denuncia de Abanca tras constatar que nunca llegó a recuperar las cuantías prestadas a las mercantiles de la red. Las mismas se utilizaron como empresas pantalla por parte de Antonio Luis Aguilera y su entorno más cercano para conseguir financiación.
Sin embargo, desde que la Audiencia Nacional asumió las diligencias, éstas se han ido ampliando hasta salpicar a otros miembros de la trama dedicados, presuntamente, al narcotráfico y al blanqueo de capitales. El nexo de unión de todos ellos sería Antonio Luis Aguilera. El empresario, que se apoyó en Moreno para conseguir la financiación, se presentaba en los bancos con una identidad ficticia. Sobre él pesa, además, una condena de la Audiencia Provincial de Barcelona también por un sistema idéntico de estafas.
Las firmas de Moreno
La trascendencia de la coyuntura planteada por Moreno ha hecho que se le sumen no solo los imputados en la causa, sino también algunas de las principales empresas de la red vinculadas al productor. De este modo, Alba Adriática, Gecaguma, Koping Gestion, Kulterperalia y Youmore han irrumpido en el procedimiento para apuntalar que las actuaciones practicadas en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid que inició las pesquisas son "radicalmente nulas" y que las firmas, en tanto que aparecen en el procedimiento, están legitimadas para pronunciarse sobre las propuestas de los acusados.
Se trata de una tesis que no se comparte en el juzgado. De hecho, el magistrado ya ha dejado claro que no intervienen en estas actuaciones. Y ello pese a que aparecen en reiteradas ocasiones en los informes de la Policía Judicial. Los investigadores sostienen que todas pertenecen a Moreno, aunque algunas las puso a nombre de terceros para evitar problemas con Hacienda. Entre ellas destaca Youmore; sociedad en la que figura como administrador el actor checo de cine para adultos Martin Czehmester.
Los indicios en los que se apoyan los investigadores residen, principalmente, en las conversaciones de los imputados. Las escuchas telefónicas permitieron acreditar cómo José Luis Moreno quería vaciar algunas de las firmas y transferir los fondos a otras de las sociedades del grupo que no estuvieran "sucias" como Koping o Youmore.
Cabe resaltar que Koping Gestion fue la que participó en nombre de Moreno en la creación de una mercantil junto con el magnate argentino Alejandro Roemmers para el ambicioso proyecto cinematográfico sobre la vida de San Francisco de Asís. El inversor, de hecho, ha pedido que se le embargue su participación en la empresa que tienen en común alegando que invirtió 35 millones a fondo perdido para esta serie de la que no ha visto, según alega, ni un minuto.
