La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que se cite como imputados a los ex secretarios generales del PP Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes, y a otros 13 empresarios, entre ellos el marido de la actual secretaria general de ese partido, María Dolores de Cospedal.
En un informe, el fiscal rechaza la ampliación de la querella que presentó Izquierda Unida (IU) como acusación popular, al considerar que los hechos a los que se refiere para pedir su imputación no son delictivos, y se apoya para ello en un informe sobre el tema encargado por la Intervención General de la Administración del Estado. En el informe, la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda no ha detectado una conexión entre las anotaciones de ingresos por donaciones que se reflejan en los papeles de Bárcenas y las adjudicaciones públicas a las que hace referencia la ampliación de la querella.
La querella pide también la imputación de nueve delitos a Ángel Piñeiro, gerente del PP en Galicia entre 1990 y 1996. En la ampliación, IU afirma que todos los querellados en el 'caso Bárcenas' (tanto los empresarios como los encargados de las cuentas del PP) podrían haber cometido un delito contable porque falseaban las cuentas de las empresas o del partido para ocultar el "dinero negro" que daban al PP, en unos casos, o "el dinero entregado por los empresarios", en otros.
En cambio, el fiscal considera que IU justifica con "un relato fáctico de hechos concretos" este delito y que, en todo caso, los extesoreros y exgerentes del PP Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Piñeiro no lo pudieron cometer porque los partidos políticos no están "de modo permanente en el mercado" y, por ello, "no les son de aplicación los delitois societarios".
Los supuestos sobresueldos de Cascos y Acebes
En cuanto a los doce delitos que IU imputa a Francisco Álvarez-Cascos y Ángel Acebes por recibir supuestos sobresueldos, el fiscal Antonio Romeral afirma que las argumentaciones de la acusación "no describen conducta delictiva alguna que justifique la admisión de la ampliación de la querella". A Álvarez Cascos, que ya declaró como testigo en esta causa el pasado mes de agosto, IU le atribuye la percepción de 600.000 euros en sobresueldos, algunos de ellos siendo ministro.
"En el escrito de ampliación de querella no se asocian conductas y hechos determinados a calificaciones delictivas", detalla el fiscal sobre Álvarez Cascos, al observar que "muchos de los delitos invocados carecen del mínimo apoyo fáctico" y otros "carecen de los elementos básicos para tenerlos en consideración". A modo de ejemplo, explica que los pagos que se dicen hechos a Álvarez Cascos entre 1990 y 2004, "aunque resultaren acreditados y no se hubieren declarado a la hacienda pública, carecen de relevancia jurídico penal" porque no alcanzan la cuota impagada mínima para que sean delictivos.
En cuanto a Acebes, IU afirma que al menos desde 2004 percibió "en dádivas" 107.100 euros "procedentes de pagos efectuados por empresas privadas" y desde esa fecha hasta 2008, siendo secretario general del PP, el partido obtuvo 2,3 millones de euros en ingresos ilícitos que aparecen reflejados en los papeles de Bárcenas. El fiscal aplica a Acebes los mismos criterios que a Álvarez Cascos para considerar que no cometió delito.
Tanto en el caso de Álvarez Cascos como en el de Acebes, IU les cree responsables de los donativos al PP de los empresarios que contrataban con la Administración, pero el fiscal recuerda que según la antigua Ley de Financiación de Partidos eso no era delito, sino falta administrativa.
Las donaciones tampoco son delito
En un tercer apartado, el fiscal se refiere a la petición de imputación de quince empresarios que supuestamente donaron dinero en metálico al PP, entre ellos el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, consejero de Metrovacesa, y el productor de televisión y ventrílocuo José Luis Moreno. Indica que a estos empresarios se les aplica lo dicho sobre la Ley de Financiación de Partidos vigente hasta 2007 y sus donaciones no serían, por tanto, delito.
En el caso de Piñeiro, IU relaciona las anotaciones de entregas de los papeles de Bárcenas y una serie de ingresos que el querellado hizo entre 1990 y 1995 por un importe total de 224.740.000 pesetas, procedentes supuestamente de entregas al querellado por empresarios con intereses económicos en Galicia.
Al igual que en los demás casos, el fiscal Romeral considera que los hechos no son delictivos y que además el juez Pablo Ruz, que debe ahora pronunciarse sobre la petición de IU, ya desestimó su imputación "por falta de elementos o indicios que permitan sostener la misma".
