La jueza tumba el intento de PSOE y Más Madrid de ampliar la investigación contra el novio de Ayuso

La jueza titular del Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid ha desestimado la petición de PSOE y Más Madrid de ampliar la investigación abierta contra el empresario Alberto González Amador. Las acusaciones populares personadas en la causa que se sigue contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitaron al juzgado ampliar la causa ante la presunta comisión de otros cuatro delitos.

La magistrada Inmaculada Iglesias que sigue la causa contra el empresario madrileño rechaza las diligencias solicitadas por la dirección letrada liderada por los socialistas al entender que muchas de ellas pueden resultar "innecesarias" por tener por objeto hechos que pueden ser reconocidos por los investigados en el momento de prestar declaración. Del mismo modo, la jueza señala que no existen indicios de delitos distintos a los que son objeto del presente procedimiento, en este caso, fraude fiscal y falsedad documental, por lo que dichas diligencias serían "prospectivas".

La jueza concluye que las diligencias interesadas por las acusaciones populares prolongaría durante años la causa judicial "impidiendo el pronto enjuiciamiento de los hechos" lo que atentaría contra el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entre las diligencias solicitadas por el PSOE y Más Madrid destaca la petición de rastrear los movimientos bancarios efectuados por González Amador entre 2019 y 2022, así como acceder a información sobre la venta de la empresa Masterman & Whitaker.

El movimiento ejecutado el pasado mes de junio por los socialistas provocó que la jueza aplazara la declaración del principal investigada por segunda vez. En esta ocasión, las acusaciones populares presentaron un escrito de 54 páginas en el que la oposición madrileña ponía el foco en las conexiones en el extranjero de una presunta organización empresarial que habría hecho uso de toda una ingeniería contable para desarrollar actividades relacionadas con el fraude fiscal y la falsedad documental.

El PSOE apuntaba a la relación de los investigados, en especial, González Amador, con directivos del grupo hospitalario Quirón Prevención, y otras empresas, para solicitar la práctica de nuevas diligencias de investigación. El PSOE desarrollaba en el dosier presentado ante el juzgado al empresario madrileño de utilizar la empresa Maxwell Cremona, investigada en el procedimiento, y de Masterman & Whitaker como sociedades pantalla para "deducir gastos indebidamente, inclusos personales".

Ahora, la jueza a cargo de las diligencias de investigación insiste en la falta de indicios de la comisión del delito en el seno de una organización o grupo criminal, por lo que descarta la comisión de delitos contra la Hacienda Pública del tipo agravado. La jueza recoge lo ya expuesto por el Abogado del Estado para desarrollar justificar que no hay indicios de la existencia de un concierto previo para la formación de una organización criminal, al no existir relación entre algunos de los investigados.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid sigue la línea marcada por el Ministerio Fiscal al oponerse a la ampliación de la investigación. La Fiscalía de Madrid considera que las diligencias solicitadas por las acusaciones populares son "impertinentes", "inútiles" o "vulneradoras del derecho de defensa".

Por el momento, se espera que Gonzalez Amador pase de nuevo por los Juzgados de Plaza de Castilla para prestar declaración ante la jueza. De igual modo, existe la posibilidad de que el principal investigado llegue a un acuerdo con la Fiscalía. En un primer momento, la defensa acordó que González Amador aceptaría ocho meses de prisión y pagar una multa de 515.000 euros, así como la devolución del importe defraudado.

La pareja de la presidenta madrileña tendría que llegar también a una conformidad con la Abogacía del Estado, que en este caso actúa como representante de la Agencia Tributaria, y el Ministerio Fiscal.