Los abogados de las familias de las víctimas de la avalancha humana en la noche de Halloween en el Madrid Arena han considerado este miércoles "intolerable" e "inadmisible" que se permitiera celebrar una fiesta de esas características en un recinto que no cumplía con las medidas de seguridad necesarias. Así lo han expresado los letrados de tres de las cinco jóvenes fallecidas por los incidentes de la madrugada del 1 de noviembre, tras hacer una inspección ocular del pabellón deportivo, comprobar las medidas de seguridad y constatar dónde estaban ubicadas las cámaras de vigilancia.
Abdón Núñez, el abogado de la familia de Belén Langdon, ha asegurado que "no hay quien se crea que el Madrid Arena tenga licencia para 10.000 personas", ya que los pasillos son "auténticos túneles" donde "te das con la cabeza al entrar". Ha indicado que quiere ver el acuerdo municipal que autoriza un evento de las características de la fiesta de Halloween para ver quién lo ha firmado porque "ése sí se va a sentar en el banquillo" de los acusados, ha dicho. "Esto clama al cielo. Esto es inadmisible, intolerable, una vergüenza. No tiene nombre", ha resaltado Núñez, quien ha apuntado que "hay aclarar tantas irregularidades y fijar responsabilidades en personas concretas que esto no ha hecho más que empezar". Ha criticado que al Madrid Arena se le haya concedido autorización para 9.650 personas y que haya habido hasta 20.000 durante la fiesta de Halloween, con una dotación de doce policías municipales y sin SAMUR.
Gerardo Viada, abogado de la familia de Katia Esteban, ha opinado que "el Ayuntamiento no puede dar permiso para que se celebre una fiesta en la pista central, donde podía haber 15.000 personas, con tan sólo tres salidas" porque eso es "una absoluta imprudencia". "Lo asombroso es que no hubiera mayor desgracia de la que hubo", ha dicho Viada, tras precisar que, en la pista central, tres vomitorios estaban ocupados por el escenario, otro por el camerino y dos puertas estaban cerradas, de forma que sólo quedaban tres salidas de dos metros de ancho cada una. Viada ha estimado que el accidente se produjo por una serie de "imprudencias" como que se haya podido celebrar esta fiesta, que las compañías de seguridad no hayan cumplido con su deber, que la empresa organizadora haya vendido el doble de entradas y que no haya habido un servicio sanitario para un evento de este tipo.
"Debía ser angustioso"
Por su parte, Felipe Moreno, el abogado de la familia de Rocío Oña, ha señalado que el recinto no cumple las medidas necesarias de seguridad para albergar un evento como la fiesta de Halloween, a la que pudieron asistir unas 20.000 personas. Moreno ha detallado que había varias puertas bloqueadas, que no daban capacidad de salida en caso de emergencia a las 10.000 o 15.000 personas que había en la pista central. También ha criticado las medidas sanitarias previstas para el evento, una enfermería pequeña donde al parecer solamente había dos médicos y dos ATS que está por demostrar si estaban presentes en el momento de producirse los hechos.
Virginia López Negrete, abogada del colectivo Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el proceso, ha precisado que el vomitorio donde murieron algunas de las chicas tiene nueve metros de largo y tres de ancho y los techos son bajos, con lo que "el día de los hechos debía ser angustioso moverse por allí". López Negrete ha corroborado que las medidas de seguridad eran "muy escasas", ya que los letreros de salida de emergencia no se verían prácticamente y había muy pocos extintores para las dimensiones del recinto y el número de asistentes al evento, por lo que, en su opinión, el 1 de noviembre se produjo "un cúmulo de despropósitos que acabó como acabó".
